El Gobierno actualizó parcialmente los impuestos a los combustibles desde enero. La suba impacta en nafta y, sobre todo, en gasoil, un insumo clave para el campo, la logística y las economías regionales, que arrancan el año con mayores costos.
El inicio de 2026 llega con un nuevo factor de presión sobre los costos productivos. A través del decreto 929/2025, el Gobierno oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que se trasladará a los precios en surtidor de nafta y gasoil durante enero.
La medida modifica el esquema fijado previamente y alcanza a los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026. Si bien los gravámenes estaban previstos para ajustarse trimestralmente según la inflación medida por el INDEC, el Ejecutivo volvió a optar por una aplicación incompleta, postergando parte de los incrementos pendientes de 2024 y 2025.
En el caso de la nafta sin plomo -tanto de hasta como de más de 92 RON- y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos sube $17,291 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se incrementa $1,059 por litro. Para el gasoil, el ajuste es aún más relevante: $14,390 por litro en el impuesto principal, $7,792 en el tratamiento diferencial vigente para determinadas regiones y $1,640 adicionales por carbono.
Para el sector agropecuario, el foco está puesto en el gasoil. Se trata del principal insumo energético del campo, desde la siembra y la cosecha hasta el transporte de granos, hacienda e insumos. En un contexto de márgenes ajustados, cualquier incremento en el precio del combustible se traduce rápidamente en mayores costos operativos, especialmente en las zonas alejadas de los puertos.
El esquema diferencial para el gasoil alcanza a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido de Patagones (Buenos Aires) y Malargüe (Mendoza), tal como establece la ley 23.966. Estas regiones cuentan con un monto reducido para compensar mayores dificultades logísticas, aunque el aumento parcial también impacta sobre esos valores.
Desde el Gobierno justificaron la decisión señalando que, con el objetivo de sostener el crecimiento económico y el equilibrio fiscal, resulta necesario diferir parte de los aumentos pendientes. En los hechos, esto implica que el ajuste en surtidor es menor al que hubiera correspondido por inflación, pero no evita un nuevo escalón de costos para la producción y el transporte.
A partir del primer día del año, las empresas productoras, importadoras y comercializadoras deberán liquidar los impuestos con los nuevos montos, lo que se reflejará en los precios finales. En el agro, el efecto será especialmente sensible en plena planificación de la campaña gruesa, cuando se concentran labores intensivas en combustible.
El ajuste en los combustibles se suma a otras señales del frente energético. En paralelo, el ENARGAS aprobó nuevos cuadros tarifarios para el gas natural, con aumentos que también comenzarán a regir en enero. Si bien el gas tiene un peso menor en la estructura directa de costos del campo, impacta en industrias agroalimentarias, frigoríficos y economías regionales.
Así, 2026 arranca con un escenario de costos energéticos en alza, en un momento en el que el agro mira con atención el tipo de cambio, los precios internacionales y la competitividad exportadora. Con márgenes finos y alta dependencia del gasoil, el nuevo ajuste impositivo vuelve a poner al combustible en el centro de la discusión productiva, justo cuando el campo necesita previsibilidad para sostener inversión y actividad.