Con más de 140.000 hectáreas quemadas, productores en jaque y localidades enteras en alerta, los incendios rurales vuelven a exponer la fragilidad estructural frente a un drama que se repite todos los veranos.
Los incendios rurales que afectan a La Pampa y a zonas del sur de la provincia de Buenos Aires continúan activos y generan una creciente preocupación en el sector agropecuario. Frente a este escenario, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su profunda solidaridad con los productores, las familias y las comunidades afectadas por un fenómeno que ya arrasó más de 140.000 hectáreas productivas, dejando pérdidas millonarias y un fuerte impacto social y ambiental.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la entidad acompañó el reclamo de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y advirtió que «el daño productivo, ambiental y humano es enorme», justo cuando el verano recién comienza y las condiciones climáticas anticipan un escenario de riesgo extremo.
Las zonas más castigadas en territorio pampeano incluyen a Santa Isabel, La Pastoril, General San Martín y Jacinto Arauz, mientras que en el sur bonaerense también se registraron focos en Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Copetonas, Oriente y Valle Hermoso. En todos los casos, el avance del fuego obligó a desplegar un intenso operativo de bomberos voluntarios, con cuarteles movilizados desde distintos puntos de ambas provincias.
Desde las entidades rurales remarcaron que todo el territorio pampeano se mantiene en alerta roja, debido a la combinación de altas temperaturas, material combustible seco, fuertes vientos y la probabilidad de tormentas eléctricas, que podrían generar nuevos focos ígneos. Incluso en áreas donde el fuego fue contenido, persisten las guardias de cenizas ante el riesgo de reactivaciones.
El reclamo del sector no es nuevo. Desde CARBAP volvieron a cuestionar la falta de preparación previa frente a eventos que se repiten año tras año y pusieron el foco en la ausencia de políticas de prevención sostenidas. En ese sentido, señalaron la necesidad de mantenimiento de banquinas, rutas y caminos vecinales, así como la disponibilidad de camiones cisterna, maquinaria vial y aviones hidrantes, herramientas clave para controlar el fuego en sus primeras horas.
«La problemática no se condice con las tasas y guías que se les cobra a los productores», advirtieron, subrayando que la carga impositiva contrasta con la escasa inversión en infraestructura preventiva.
Otro punto central del reclamo pasa por la reconstrucción del entramado productivo y social. Las entidades recordaron lo ocurrido en 2017, cuando se quemaron más de 300.000 hectáreas y fue necesario articular ayuda con el Ejército Argentino para sostener al ganado que logró sobrevivir a las llamas.
Hoy, con casi 100.000 hectáreas quemadas solo en La Pampa, el pedido es concreto: líneas de crédito diferenciales acordes a la magnitud de la catástrofe, que permitan recomponer alambrados, corrales, mangas e instalaciones básicas para volver a producir.
El mensaje final apunta a la organización territorial y la acción colectiva. Desde CARBAP convocaron a los productores afectados a acercarse a sus sociedades rurales, comunicar el estado de situación y coordinar los pasos a seguir. Mientras tanto, el fuego sigue siendo una amenaza latente y el campo vuelve a quedar en estado de emergencia, a la espera de respuestas que vayan más allá de la coyuntura.