Con foco en eficiencia, trazabilidad y seguridad, Camport presentó un paquete de medidas para reducir costos logísticos y proteger el flujo exportador, clave para el agro chileno.
En un país donde el comercio exterior es columna vertebral del modelo productivo, la logística portuaria vuelve a ocupar un lugar central en el debate. La Cámara Marítima y Portuaria de Chile puso el foco en la necesidad de ordenar costos, transparentar procesos y reforzar la seguridad en los puertos, al incorporar un bloque específico de propuestas dentro de su paquete de 99 medidas orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema marítimo-portuario.
El planteo tiene una lectura directa para el sector agroexportador, que depende de puertos eficientes, previsibles y seguros para sostener la competitividad de envíos como frutas frescas, vinos, carnes, granos y productos forestales, muchos de ellos altamente sensibles a demoras y cierres operativos.
Tarifa de Uso de Puertos: más reglas y menos discrecionalidad
Uno de los ejes centrales del documento es la Tarifa de Uso de Puertos (TUP). Camport propone elaborar y dictar un reglamento específico que establezca una metodología racional y estandarizada de cálculo para las empresas portuarias estatales, diferenciando claramente los costos asociados a obras de abrigo de aquellos vinculados a la administración general.
Además, la entidad plantea obligar a transparentar la recaudación, incorporando en las memorias anuales los montos percibidos por TUP y el destino de esos fondos. Para los exportadores agroindustriales, este punto es clave: tarifas poco claras o cambiantes se traducen en sobrecostos logísticos que terminan erosionando márgenes y competitividad en los mercados internacionales.
Menos incertidumbre operativa, más respaldo técnico
Otro bloque de propuestas apunta a reducir las zonas grises en torno a cierres y restricciones operacionales, un aspecto especialmente crítico para las cargas perecibles. Camport advierte que decisiones sin respaldo técnico uniforme pueden afectar la continuidad logística y generar pérdidas económicas significativas.
En ese sentido, el documento recomienda implementar un plan de inversiones en instrumentación en los diez puertos estatales, incorporando equipos que permitan medir variables como viento, corrientes y altura de ola. El objetivo es que las restricciones operativas cuenten con criterios objetivos y verificables, reduciendo la discrecionalidad.
A la vez, se propone exigir registros digitales comunes, estandarizados y accesibles, que consoliden información clave sobre cierres por fenómenos climáticos, afectaciones a naves y eventos operativos relevantes. Para el agro, contar con información en tiempo real es determinante para reprogramar embarques, proteger calidad y cumplir contratos internacionales.
Seguridad portuaria y crimen organizado
Camport también incorpora una agenda explícita de seguridad, con un llamado urgente a construir un diagnóstico compartido sobre el riesgo de penetración del crimen organizado en la actividad marítima y portuaria. El planteo busca alinear información especializada y orientar de forma más eficiente los recursos de control.
Entre las propuestas, se destaca la necesidad de robustecer normativas y atribuciones, tipificando como delitos graves los actos de criminalidad organizada que ocurran dentro de recintos portuarios o que afecten de manera crítica la actividad. Asimismo, se plantea aumentar los recursos financieros y humanos de las agencias vinculadas al sector.
El documento también promueve la incorporación de tecnologías avanzadas de vigilancia y control, desde escáneres de alta precisión hasta herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de anomalías, un punto clave para reforzar la trazabilidad de las cargas agroalimentarias.
En un contexto de creciente competencia internacional, exigencias sanitarias más estrictas y presión sobre los costos, la agenda planteada por Camport envía un mensaje claro: sin puertos eficientes, transparentes y seguros, no hay comercio exterior competitivo.
Para el agro chileno, que depende de cadenas logísticas largas y sensibles al tiempo, ordenar tarifas, reducir incertidumbre operativa y blindar la seguridad portuaria no es un debate técnico más, sino una condición estructural para sostener su presencia en los mercados globales.