El Parlamento Europeo aprobó una moción para judicializar el acuerdo Mercosur-UE, lo que podría aplazarlo al menos dos años.
El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó una moción para remitir el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, en una decisión que podría retrasar su entrada en vigor por al menos dos años. La medida, impulsada por 144 legisladores preocupados por el impacto ambiental y agrícola del tratado, introduce un nuevo obstáculo para un pacto que lleva más de dos décadas en negociación y es clave para los flujos comerciales entre América Latina y Europa.
El freno judicial al acuerdo tiene consecuencias directas para las cadenas de valor agroalimentarias, especialmente en países del Mercosur como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que buscan diversificar mercados y consolidar ventajas comparativas mediante mayores exportaciones agroalimentarias. Al mismo tiempo, revela tensiones internas en la UE, donde productores agrícolas europeos temen la competencia de commodities latinoamericanos como carne, azúcar y aves de corral.
La votación, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, refleja una profunda división dentro del bloque europeo. La moción plantea dudas sobre si el tratado puede aplicarse parcialmente antes de ser ratificado por todos los Estados miembro, y si sus cláusulas limitan la capacidad regulatoria de la UE en materias ambientales y de salud pública.
Aunque el acuerdo podría implementarse de forma provisional, el escenario político es incierto, y el Parlamento Europeo aún puede revocar su aplicación más adelante. El dictamen del Tribunal de Justicia, que puede tardar hasta dos años, se convierte así en un factor clave para el futuro del pacto.
Francia, el mayor productor agrícola del bloque, lidera la oposición, alertando sobre un eventual desequilibrio comercial y la presión sobre los estándares productivos europeos. En contraste, Alemania y España destacan la necesidad de consolidar nuevos socios estratégicos ante la disrupción del comercio global y la creciente dependencia de China, subrayando el valor geopolítico del acuerdo.
En América Latina, el estancamiento del tratado genera incertidumbre sobre inversiones y logística de exportación, y podría limitar el acceso preferencial a un mercado clave para productos agroindustriales con valor agregado. También afecta los esfuerzos regionales por reforzar la resiliencia comercial, impulsar la tecnificación del agro y cumplir con normas fitosanitarias y de trazabilidad que exige el mercado europeo.
El eventual retraso plantea un desafío para los gobiernos del Mercosur, que ya expresaron su frustración por los plazos extensos y las exigencias crecientes de Bruselas. El caso pone en evidencia la necesidad de mayor integración regional, estrategias conjuntas de sustentabilidad en agronegocios y coordinación diplomática para defender intereses compartidos en instancias multilaterales como la OMC, el IICA y el BID.