Con un récord de registros en 2025, el Gobierno brasileño impulsa un plan para retirar plaguicidas de alto riesgo y avanzar hacia bioinsumos, en medio de tensiones con la industria.
El Gobierno de Brasil avanza con una estrategia para retirar del mercado los pesticidas considerados «ultrapeligrosos» y sustituirlos por alternativas biológicas o químicas menos dañinas para la salud humana y el medio ambiente. La iniciativa forma parte del Programa Nacional para la Reducción del Uso de Plaguicidas (Pronara) y vuelve a poner en primer plano el debate sobre el modelo productivo del agro brasileño.
El anuncio se produce en un contexto particular: durante 2025, el Ministerio de Agricultura autorizó 912 plaguicidas químicos y biológicos, un récord histórico para el país. Al mismo tiempo, el Ejecutivo busca acelerar políticas orientadas a reducir la dependencia de productos más tóxicos y promover sistemas productivos más sostenibles.
«El acuerdo para la creación del Pronara se basó en la prohibición de pesticidas que tengan alternativas con el mismo efecto biológico o con componentes químicos menos dañinos«, explicó el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, en declaraciones al diario Valor. Según detalló, ya existe una lista preliminar de productos que podrían ser retirados, aunque evitó precisar nombres y cantidades.
Esa nómina será evaluada por un comité interministerial, coordinado por la Secretaría General de la Presidencia, y luego deberá ser validada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un proceso que, según el Gobierno, incluirá «el debate necesario para garantizar una decisión bien fundada».
Fuerte reacción de la industria
La propuesta generó un inmediato rechazo de la industria agroquímica. CropLife Brasil advirtió que prohibir productos por similitud no garantiza una reducción real de riesgos y podría afectar la eficacia agronómica, reducir herramientas de manejo y aumentar la resistencia de plagas.
«Las medidas basadas exclusivamente en la sustitución o exclusión automática, sin evaluación individual de riesgos, tienen baja efectividad en el campo«, sostuvo la entidad, que remarcó que el modelo regulatorio vigente se apoya en criterios científicos y análisis de riesgo, no en prohibiciones generales. Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura de Brasil no se pronunció oficialmente sobre el acuerdo mencionado por Teixeira.
Salud, ambiente y bioinsumos
Desde el Gobierno, el Pronara es presentado como una herramienta para reducir el uso de plaguicidas, fomentar alternativas productivas y expandir prácticas como la agroecología y la producción orgánica. El objetivo, según la Secretaría General de la Presidencia, es aumentar la oferta de alimentos saludables, reducir costos del sistema público de salud y proteger la biodiversidad.
Los datos oficiales muestran un escenario mixto. De acuerdo con la Anvisa, cerca del 40 % de los productos registrados en 2025 son considerados improbables de causar daños graves a la salud humana. Sin embargo, el Ibama clasificó 7 de los 19 nuevos ingredientes activos como «muy peligrosos» para el medio ambiente.
Teixeira sostuvo que existe una «ventana de oportunidad científica» para acelerar inversiones en productos biológicos y vinculó esta transición al acuerdo Mercosur-Unión Europea, que establece restricciones a la importación de alimentos producidos con pesticidas prohibidos en el bloque europeo.
Desde el Ministerio de Agricultura, el coordinador general de Plaguicidas, José Víctor Torres, afirmó que la prioridad será mejorar los sistemas integrados de registro, con especial atención a la liberación de bioinsumos. También confirmó que el Gobierno trabaja en incentivos fiscales y en orientar a los ingenieros agrónomos para priorizar alternativas biológicas y recurrir a químicos solo cuando sea estrictamente necesario.