El DNU 41/2026 redefine reglas aduaneras y promete menos demoras en frontera. Para el sector agropecuario, implica mayor certidumbre, menores costos y mejor planificación exportadora.
Desde hoy, con la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno nacional modificó el Código Aduanero para ordenar y darle fuerza legal al sistema de resoluciones anticipadas, una herramienta clave para importadores y exportadores. La medida, impulsada por la administración de Javier Milei, impacta de lleno en el sector agropecuario, principal generador de divisas del país, al reducir la incertidumbre y las demoras en frontera
La norma permite que las empresas conozcan antes de exportar o importar cómo será tratado un producto en términos de clasificación arancelaria, valor y origen, evitando conflictos posteriores con la Aduana, sobrecostos logísticos y mercadería frenada en puertos.
Qué cambia con las resoluciones anticipadas
Con el nuevo esquema, los operadores de comercio exterior pueden solicitar un dictamen oficial previo que defina el encuadre aduanero de una mercadería. El decreto fija un plazo máximo de 30 días para que el Estado responda. Si no hay respuesta en ese período, la operación puede avanzar bajo las condiciones declaradas por la empresa, aunque con la posibilidad de exigir una garantía.
Para el agro, esto es clave: granos, subproductos, carnes, economías regionales y alimentos industrializados suelen enfrentar controversias por clasificación o valor, que hoy generan demoras costosas en plena campaña o en momentos de alta demanda internacional.
Impacto directo en el sector agropecuario
En un contexto donde la competitividad se define por costos logísticos, tiempos de entrega y previsibilidad, el cambio puede marcar la diferencia. Menos días de mercadería parada en puerto significan menos gastos financieros, menos riesgo comercial y mejor cumplimiento de contratos internacionales.
Además, el nuevo sistema aporta una ventaja estratégica para las cadenas agroindustriales que buscan agregar valor y diversificar exportaciones, ya que productos con mayor grado de procesamiento suelen enfrentar mayores discusiones aduaneras.
El DNU también ordena las competencias del Estado.
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La clasificación arancelaria y la valoración quedan bajo la órbita del servicio aduanero, dentro de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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Las resoluciones sobre origen de la mercadería pasan a depender de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
En caso de conflicto, el decreto establece vías de reclamo diferenciadas, lo que suma seguridad jurídica para los exportadores agropecuarios, históricamente expuestos a interpretaciones cambiantes.
La reforma también responde a compromisos asumidos por la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que exige a los países contar con un sistema operativo de resoluciones anticipadas. La prórroga otorgada vencía en enero de 2026, lo que aceleró la decisión de avanzar por la vía del DNU.
Para un sector que viene reclamando reglas claras y menor fricción burocrática, el cambio es una señal positiva. No resuelve problemas estructurales como la presión impositiva o la infraestructura, pero reduce incertidumbre, un factor clave para planificar inversiones y exportaciones.
En definitiva, en un país donde el agro explica buena parte del ingreso de dólares, menos trabas aduaneras y más previsibilidad no son un detalle técnico: son una condición básica para competir en serio en los mercados internacionales.
MIRA EL DECRETO PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL