El gremio rural rechaza cambios al régimen agrario y advierte que la reforma precariza cosechas y debilita la CNTA.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) confirmó el 18 de febrero de 2026 que adherirá al paro general convocado por la CGT el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, al advertir que la iniciativa implica «retrocesos» que ponen en riesgo el régimen de trabajo agrario. La decisión impacta de lleno en la cadena agroindustrial en un momento clave de la campaña y reaviva el debate sobre competitividad, costos y reglas de juego en el campo.
Según el comunicado oficial difundido por el gremio , la medida de fuerza es una «respuesta firme y necesaria» frente a un proyecto que, a su entender, precariza condiciones laborales y desmantela protecciones históricas propias de la actividad rural.
Qué cuestiona la UATRE del proyecto de reforma laboral.
El sindicato que conduce el sector rural rechaza las modificaciones propuestas al régimen de trabajo agrario, que cuenta con una ley específica adaptada a la estacionalidad y particularidades del campo.
Entre los puntos más sensibles, la UATRE advierte que la reforma propone períodos de prueba de hasta ocho meses, lo que en la práctica podría implicar cubrir cosechas completas bajo condiciones precarias, dejando a trabajadores y familias sin estabilidad real.
También cuestiona la eliminación de la responsabilidad solidaria entre empleadores y contratistas, una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales en esquemas donde la tercerización es habitual, especialmente en economías regionales.
Otro eje de conflicto es la posible pérdida de facultades de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), organismo central para fijar salarios mínimos y condiciones laborales en el sector. Para el gremio, debilitar la CNTA afectaría el equilibrio en la negociación colectiva y la previsibilidad del sistema.
Impacto en la competitividad del agro argentino.
El paro y la discusión de fondo se dan en un contexto donde el agro argentino ya enfrenta tensiones estructurales: retenciones, brecha cambiaria, presión impositiva y costos logísticos elevados frente a competidores regionales como Brasil, Uruguay o Paraguay.
En ese tablero, cualquier modificación del régimen laboral impacta directamente en los números finos de la campaña. Para los productores, el debate no es solo jurídico sino económico: cómo sostener márgenes en un escenario de alta volatilidad internacional y exigencias crecientes en trazabilidad y sustentabilidad.
Desde el sector empresarial advierten que la previsibilidad normativa es clave para planificar inversiones en agregado de valor, tecnología y formalización laboral. Del otro lado, el gremio sostiene que flexibilizar sin contemplar la singularidad del trabajo rural puede profundizar la inestabilidad en lugar de generar empleo genuino.
Un debate que excede al Congreso
La convocatoria de la UATRE no solo interpela a sus afiliados sino a toda la cadena agroindustrial. En plena discusión sobre el modelo productivo -entre la sojización, la diversificación y el agregado de valor- la reforma laboral vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de fondo: qué esquema regulatorio necesita el campo argentino para ser competitivo sin resignar derechos básicos.
La votación en Diputados marcará un punto de inflexión no solo político, sino también productivo. Para el agro, el desafío será encontrar un equilibrio entre eficiencia, formalidad y sustentabilidad en un contexto donde cada decisión interna repercute en la competitividad global.