CRA, SRA y la industria aceitera apoyaron el proyecto y sostienen que puede generar más empleo formal en el agro.
Las principales entidades del agro respaldaron este 19 de febrero de 2026 el proyecto de reforma laboral que Diputados busca aprobar, al considerar que generará más empleo formal y previsibilidad para el sector rural, en un debate que vuelve a poner en el centro la competitividad y el costo laboral en el campo argentino.
Si bien el oficialismo introdujo cambios en el artículo vinculado a enfermedades y cobro de salarios -lo que obligará a que, de aprobarse, el texto vuelva al Senado-, las gremiales agropecuarias participaron de la sesión informativa y manifestaron su apoyo explícito.
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que la iniciativa «permitirá generar más empleo formal en el campo«. Su vicepresidente, José Colombatto, expuso en la reunión conjunta de comisiones de Diputados y planteó que el problema de fondo es la imprevisibilidad normativa.
«Cuando la regulación se vuelve imprevisible, no protege al trabajador; lo expulsa del sistema formal. El principal derecho laboral es el empleo registrado«, sostuvo. Para la entidad, la incertidumbre jurídica se convirtió en un riesgo económico que desalienta la contratación formal en amplias zonas rurales.
En la misma línea, la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el marco del G6, reafirmó la necesidad de avanzar en una reforma «moderna» que promueva empleo formal, previsibilidad y competitividad productiva. El comunicado pidió un debate «responsable» que priorice crecimiento económico, generación de trabajo y acceso al financiamiento.
También la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) respaldó el proyecto. La entidad sostuvo que la modernización laboral apunta a adecuar la legislación a un mercado que cambia por el impacto de las nuevas tecnologías y las nuevas demandas sociales. «El verdadero problema a resolver debería promover la formalización del mercado laboral, que podría duplicarse con una mejor legislación», plantearon.
Entre los puntos que impactan directamente en el sector rural, las entidades destacaron la modificación sobre la responsabilidad solidaria. El nuevo esquema establece que el responsable laboral es quien registra y emplea efectivamente al trabajador, excluyendo al propietario de la tierra o del equipamiento cuando no integra la relación laboral.
Para el campo, este punto es clave en un esquema productivo donde abundan contratistas, arrendamientos y esquemas asociativos.
También se introducen cambios en el contrato temporario y la estacionalidad, al evitar que la reiteración de contrataciones para una misma campaña convierta automáticamente el vínculo en permanente. En actividades como la cosecha o tareas rurales estacionales, este aspecto era señalado como un foco de conflictividad judicial.
Además, las entidades respaldaron que las remuneraciones sean acordadas por negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, sin intervención estatal directa.
El debate excede lo estrictamente jurídico. En un agro que convive con retenciones, presión impositiva y brecha cambiaria, el costo laboral y la litigiosidad son variables que impactan en la decisión de contratar.
Desde las gremiales sostienen que «la previsibilidad es el verdadero incentivo al empleo registrado«. La pregunta de fondo es si una reforma de estas características logrará reducir la informalidad en el trabajo rural, un fenómeno estructural en distintas economías regionales.
Por ahora, el campo cerró filas detrás del proyecto y espera que Diputados le dé media sanción definitiva en esta etapa. Luego, el Senado tendrá la última palabra. En juego no solo está el marco laboral, sino también una pieza central del tablero competitivo del agro argentino.