El Congreso tratará en días temas que impactan en semillas, exportaciones y biocombustibles. El sector espera definiciones que pueden marcar el rumbo de 2026.
En la antesala del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se prepara para una serie de votaciones que pueden marcar el rumbo productivo de 2026. La ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya tiene media sanción en Diputados y se encamina al recinto del Senado. Para el sector agroindustrial, no se trata solo de un gesto diplomático: es una señal directa hacia los mercados sobre previsibilidad y acceso comercial en un contexto de mayores barreras arancelarias y exigencias ambientales.
Las definiciones impactarán en exportaciones, inversión en semillas y agregado de valor en plena competencia regional.
Ser el primer país del bloque en ratificar el entendimiento podría fortalecer la posición negociadora frente a las nuevas reglas europeas sobre trazabilidad y estándares de sustentabilidad. Pero también obliga a acelerar la adaptación interna para no perder competitividad frente a socios como Brasil, que viene consolidando mercados con mayor agresividad comercial.
Congreso
En paralelo, el Congreso deberá avanzar en la ratificación del convenio con Estados Unidos, donde aparece un punto neurálgico: la adhesión a UPOV 91. El tratado es considerado por empresas de biotecnología como la llave para garantizar propiedad intelectual en semillas y atraer nuevas inversiones. En una matriz productiva marcada por la sojización, el debate vuelve a dividir aguas entre quienes reclaman reglas claras para la innovación y quienes advierten sobre el impacto en el uso propio y los costos productivos.
Mientras Brasil y Paraguay avanzan con marcos más definidos en protección varietal, la Argentina sigue discutiendo cómo equilibrar incentivos a la inversión con sostenibilidad económica para el productor. En un escenario global donde la genética y la tecnología pesan cada vez más en los rindes, postergar definiciones puede significar ceder terreno.
El proyecto de fitosanitarios duerme en el Congreso desde el año pasado, sin avances concretos.
Otro frente abierto es la nueva ley de biocombustibles. El año pasado, los proyectos quedaron trabados por diferencias entre el oficialismo -que propone mayor apertura para grandes jugadores- y la Liga Bioenergética, que defiende un esquema con fuerte presencia de pymes regionales. En el medio, el sector reclama decisiones concretas como la suba del corte obligatorio de biodiésel y etanol, una medida que podría impulsar el agregado de valor y dinamizar economías provinciales.
En tiempos de transición energética y presión internacional por reducir emisiones, la bioenergía aparece como oportunidad estratégica. Sin embargo, la indefinición legislativa mantiene en pausa inversiones y planificación industrial.
Los biocombustibles siguen en la lista de pendientes del Congreso.
También continúa pendiente el proyecto de presupuestos mínimos para la aplicación de fitosanitarios, respaldado por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Contar con una norma nacional permitiría unificar criterios y fortalecer la licencia social del sector, en momentos donde la sustentabilidad se convierte en requisito comercial más que en opción reputacional.
Y, como telón de fondo, reaparece el debate por las retenciones. El Gobierno descarta eliminarlas por ley y condiciona cualquier reducción al equilibrio fiscal. Sin embargo, en distintos espacios del sector insisten en que la eliminación definitiva debería quedar establecida por norma para evitar cambios discrecionales y mejorar la previsibilidad.
El calendario legislativo que se abre no es uno más. En un contexto de competencia creciente dentro del Mercosur y con potencias como Estados Unidos y la Unión Europea redefiniendo reglas de comercio, las decisiones que tome el Congreso pueden redefinir la competitividad del campo argentino en la próxima década. La discusión ya no es solo productiva: es estratégica.