La Sindicatura verificó un pasivo millonario en el concurso y sorprendió el peso de los reclamos de trabajadores
La cooperativa láctea SanCor acumula un pasivo verificado de más de US$138,9 millones en su concurso preventivo, según el informe presentado por la Sindicatura ante la Justicia de Rafaela. El dato que más llamó la atención: más del 70% de los 1506 reclamos corresponden a acreedores laborales. El número confirma la profundidad de la crisis de la histórica firma y su impacto directo en trabajadores y en toda la cadena láctea.
El informe, firmado por los contadores designados por el juzgado, detalla que el pasivo total asciende a $195.158 millones, que incluyen deudas laborales, comerciales, financieras y fiscales. Si bien la cooperativa había informado inicialmente la existencia de 2702 acreedores, finalmente fueron 1506 los que solicitaron formalmente la verificación de sus créditos.
La diferencia entre el número informado y el efectivamente presentado no pasó inadvertida. En el documento, la Sindicatura dejó constancia de que recibió más de 150 ejemplares devueltos por errores en domicilios consignados por la propia concursada y subrayó la «muy inferior cantidad» de acreedores que se presentaron respecto de los inicialmente reportados.
Pero el dato que sacudió al sector fue otro: 1064 presentaciones son de trabajadores, lo que representa el 70,65% del total. Se trata de reclamos por indemnizaciones, diferencias salariales, retiros voluntarios y otros conceptos laborales. En algunos casos, ya comenzaron a cobrarse parcialmente acreencias mediante el mecanismo de pronto pago, que permite adelantar dividendos mientras avanza el proceso concursal.
El informe también precisó límites a ciertos reclamos. Por ejemplo, aclaró que los trabajadores no pueden verificar directamente aportes impagos a la obra social, salvo que los hayan abonado de su bolsillo y puedan acreditarlo. Además, se rechazó el reconocimiento del denominado «subsidio código 751», al considerarlo un mecanismo interno mutual y no un crédito exigible frente a la empresa.
Más allá del peso laboral, el listado de acreedores refleja el impacto transversal del concurso. Figuran empresas energéticas como la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, compañías de gas, aseguradoras de riesgos del trabajo, estudios jurídicos, cooperativas tamberas, firmas lácteas y proveedores logísticos. La crisis no quedó puertas adentro: se extendió a toda la red productiva.
En paralelo, la Cámara ratificó recientemente la intervención parcial y el esquema de coadministración judicial de la cooperativa, rechazando la apelación presentada por la empresa. La coadministración quedó a cargo de Lucila Inés Prono y seguirá vigente mientras avanza el proceso.
En materia financiera, la Sindicatura estableció que los intereses se computarán solo hasta el 3 de febrero de 2025, fecha en que se solicitó el concurso. Para deudas en dólares se propuso aplicar un 6% anual, mientras que para deudas en pesos se tomó como referencia la tasa activa del Banco Nación, sin capitalización de intereses y con tope si ya existía una tasa pactada.
El cuadro expone la magnitud del deterioro de una de las cooperativas más emblemáticas del país y deja una señal fuerte para el sector agroindustrial. La crisis de SanCor no solo es un problema empresarial: impacta en tambos, proveedores, trabajadores y economías regionales.
En un contexto donde la lechería argentina pelea por competitividad, escala y financiamiento, el dato de que siete de cada diez acreedores sean trabajadores revela hasta qué punto la crisis golpeó al corazón productivo de la firma. El futuro de la cooperativa dependerá ahora de cómo avance la negociación con acreedores y de la capacidad de ordenar su estructura bajo la supervisión judicial.