Desde marzo, el beneficio para peones sin trabajo aumenta 3%, pero sigue muy lejos de la línea de indigencia.
El Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores) dispuso en marzo de 2026 un aumento del 3% en la prestación por desempleo rural, elevando el tope a $367.602, una medida que alcanza a miles de peones sin trabajo y reabre el debate sobre el poder adquisitivo del sector en un contexto de inflación persistente.
La actualización fue oficializada mediante la Resolución 19/2026 y establece que el monto mínimo pasa a $183.801, mientras que el máximo se ubica en $367.602. Hasta febrero, el piso era de $178.448 y el tope de $356.895.
El organismo -integrado por las entidades de la Mesa de Enlace y el gremio Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)- aplicó así el segundo ajuste del año, luego del incremento dispuesto en enero.
Sin embargo, el dato que más pesa es la comparación con los indicadores sociales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la línea de indigencia, medida por la Canasta Básica Alimentaria, se ubica en $767.413 para una familia tipo. Esto significa que el tope de la prestación representa menos de la mitad de ese umbral, dejando en evidencia la fragilidad económica que enfrentan los trabajadores rurales desocupados.
En un sector atravesado por la estacionalidad, los altos niveles de informalidad y la presión de costos, la prestación funciona como red de contención, pero claramente queda rezagada frente a la dinámica de precios. La discusión no es menor en una Argentina donde el agro aporta las divisas que sostienen la macroeconomía, pero convive con tensiones como las retenciones, la brecha cambiaria y la pérdida de poder adquisitivo.
En paralelo, esta semana se lanzó el Programa de Empleo Rural (PER), una plataforma destinada a promover el empleo formal, mejorar las competencias laborales y fortalecer la productividad de las explotaciones agropecuarias y forestales. Según explicó el presidente del organismo, Abel Guerrieri, la herramienta apunta a convertirse en un puente entre empleadores y trabajadores, facilitando la contratación de personal calificado.
El desafío de fondo sigue siendo estructural: cómo compatibilizar la competitividad del agro argentino en el tablero regional con condiciones sociales que no queden desfasadas frente al costo de vida. Porque si el campo es estratégico para la generación de exportaciones y empleo, también lo es garantizar que quienes quedan fuera del circuito productivo tengan un ingreso que al menos cubra lo básico.