Una norma clave que reconoce que la violencia por razones de género no es un
hecho privado ni aislado, sino un problema social que requiere políticas públicas, prevención, acompañamiento y justicia.
hecho privado ni aislado, sino un problema social que requiere políticas públicas, prevención, acompañamiento y justicia.Esta ley amplió derechos, visibilizó múltiples formas de violencia —física, psicológica, económica, simbólica, entre otras— y estableció la responsabilidad del Estado en la protección y asistencia a las víctimas.
Recordarla es también renovar el compromiso colectivo: seguir construyendo una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.