La nueva norma busca acelerar evaluaciones y dar previsibilidad a la biotecnología. El objetivo: sostener exportaciones y atraer inversiones.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó esta semana la Resolución 255/2026 que actualiza el marco regulatorio para los organismos genéticamente modificados (OGM) en Argentina, reemplazando la normativa vigente desde 2011. La medida busca simplificar los procesos de aprobación, reducir plazos y mejorar la previsibilidad para inversiones en biotecnología, un punto clave para la competitividad del agro argentino y sus exportaciones.
La decisión, publicada por la cartera agropecuaria, establece un nuevo esquema regulatorio para organismos genéticamente modificados destinados al uso agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, tanto en etapa experimental como comercial.
Según explicó el Gobierno, el objetivo es modernizar las reglas frente a los avances científicos y tecnológicos, al tiempo que se ordenan los procedimientos de evaluación para cada tipo de desarrollo biotecnológico.
La nueva resolución reemplaza a la Resolución 763/2011, que durante más de una década funcionó como marco regulatorio para la aprobación de eventos biotecnológicos. Desde la Secretaría señalaron que el crecimiento del sector y la aparición de nuevas aplicaciones tecnológicas exigían una actualización normativa. En concreto, el nuevo esquema:
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Acorta los tiempos de evaluación
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Reduce costos administrativos
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Incorpora criterios técnicos más precisos
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Elimina trámites considerados innecesarios
El objetivo es agilizar los procesos sin resignar los controles de seguridad ambiental ni alimentaria, dos aspectos centrales para mantener abiertos los mercados internacionales.
La regulación de los transgénicos no es un tema menor para el agro argentino. La biotecnología se transformó en una herramienta clave para sostener la productividad del campo, especialmente en cultivos como soja, maíz y algodón. Además, su desarrollo impacta directamente en los flujos comerciales del país, ya que la aprobación de nuevos eventos debe ser compatible con las exigencias de los principales mercados de exportación.
Desde Agricultura señalaron que la normativa busca garantizar que los OGM sean seguros tanto en la fase experimental como en su comercialización, evitando riesgos para el agroecosistema y asegurando la aptitud alimentaria para consumo humano y animal.
Argentina fue uno de los primeros países del mundo en establecer un sistema de evaluación de biotecnología agropecuaria, que comenzó a funcionar en 1991. Desde la aprobación de la primera soja transgénica en 1996 hasta la actualidad, el Estado nacional autorizó 134 desarrollos biotecnológicos. De ese total, 38 aprobaciones se realizaron durante la actual gestión, lo que representa cerca del 28% de todos los eventos aprobados en los últimos 30 años, según datos oficiales.
Este dinamismo posiciona al país entre los principales polos de innovación biotecnológica del agro, junto con Estados Unidos y Brasil. Para el complejo agroindustrial, la actualización normativa llega en un momento clave. La competencia regional -especialmente con Brasil- se da no solo en volumen de exportaciones, sino también en velocidad para incorporar nuevas tecnologías al sistema productivo.