El uso ilegal de clorpirifós podría generar rechazos en Europa y afectar la reputación sanitaria del agro peruano, en un contexto de mayores controles sobre residuos químicos.
La presencia de plaguicidas prohibidos en la producción agrícola volvió a encender las alertas en el sector exportador de Perú, luego de que especialistas advirtieran que el uso ilegal de clorpirifós podría provocar rechazos de envíos, sanciones comerciales y un deterioro de la imagen del país en los mercados internacionales.
La preocupación surge en un momento en que las agroexportaciones peruanas mantienen un fuerte crecimiento, especialmente en frutas y hortalizas, productos que dependen de estrictos controles sanitarios para ingresar a destinos como la Unión Europea y Estados Unidos.
Desde la Asociación de Exportadores (ADEX) señalaron que la circulación del ingrediente activo, prohibido por la normativa nacional, representa un riesgo para la competitividad del sector, ya que la detección de residuos en alimentos puede derivar en devoluciones de cargamentos y restricciones comerciales.
Durante una mesa de trabajo con autoridades del Congreso, representantes del sector privado pidieron reforzar los controles para evitar que el producto siga utilizándose en el país, pese a que su uso, importación y comercialización están prohibidos.
El planteo incluyó la necesidad de fortalecer el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), organismo encargado de la fiscalización sanitaria, con el fin de mejorar los controles en el mercado de plaguicidas y evitar el ingreso de productos ilegales.
También se propuso intensificar la coordinación con la autoridad aduanera para impedir el ingreso clandestino del insumo por fronteras, una práctica que, según el sector exportador, continúa registrándose pese a las restricciones vigentes.
El clorpirifós fue prohibido en Perú en el marco de las regulaciones orientadas a cumplir con los estándares internacionales de inocuidad alimentaria. La normativa establece que desde 2024 no está permitido fabricar, importar, distribuir ni utilizar productos que contengan este ingrediente activo, debido a sus riesgos para la salud humana y el ambiente.
Sin embargo, la persistencia de su comercialización ilegal genera preocupación en el sector, ya que los mercados de destino aplican controles cada vez más estrictos sobre residuos químicos, especialmente en frutas frescas, hortalizas y productos procesados.
El impacto potencial no se limita a un envío rechazado. Los exportadores advierten que la reiteración de incumplimientos puede afectar la reputación del país como proveedor confiable, algo que resulta clave para sostener la expansión del modelo agroexportador.
Durante el último año, la Unión Europea registró decenas de alertas sanitarias sobre productos agrícolas, muchas de ellas vinculadas a residuos de plaguicidas, entre ellos clorpirifós, además de otras sustancias restringidas.
Estos episodios obligan a reforzar los controles internos, ya que el crecimiento del sector depende en gran medida del cumplimiento de normas de calidad, trazabilidad e inocuidad exigidas por los principales compradores.
El agro peruano logró posicionarse en el comercio internacional gracias a la diversidad de cultivos, la producción en contraestación y la incorporación de tecnología, pero ese avance también implica mayores responsabilidades en materia sanitaria.
Por eso, desde el sector exportador consideran prioritario mejorar la fiscalización, capacitar a los productores y promover alternativas más seguras, con el objetivo de evitar que el uso de sustancias prohibidas comprometa uno de los pilares más dinámicos de la economía del país.