El Senasa eliminó la exigencia de habilitaciones provinciales y municipales para trámites. Buscan agilizar gestiones y reducir burocracia en el agro.
Desde este viernes, el Senasa eliminó la obligatoriedad de presentar habilitaciones municipales y provinciales para realizar trámites, una medida que busca reducir la burocracia y agilizar gestiones clave para el sector agropecuario, sin eximir a los establecimientos de cumplir con las normativas locales.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 233/2026, en una movida que apunta directamente a simplificar procesos en el campo argentino, donde muchas veces los tiempos administrativos terminan condicionando decisiones productivas.
En concreto, a partir de ahora el organismo ya no exigirá como requisito previo los permisos de radicación, uso de suelo u otros certificados emitidos por provincias o municipios para avanzar con habilitaciones o registros. La medida alcanza a distintas actividades dentro de la cadena agroindustrial, como la habilitación de establecimientos avícolas, predios feriales, empresas de productos veterinarios y certificaciones sanitarias como las de granjas libres de brucelosis porcina.
Hasta ahora, estos trámites implicaban una doble instancia: por un lado, cumplir con los requisitos del Senasa y, por otro, presentar documentación local, muchas veces con criterios diferentes según la jurisdicción. Ese esquema generaba demoras, costos adicionales y una carga administrativa difícil de sostener, sobre todo para pymes y productores.
Desde el organismo fueron claros en el diagnóstico: la heterogeneidad de las normativas locales complicaba la estandarización a nivel nacional y terminaba duplicando exigencias. En otras palabras, se pedía dos veces lo mismo. «Generaba una carga administrativa y burocrática tanto para el Estado como para los productores«, resume el espíritu de la resolución, que se enmarca dentro de un proceso más amplio de desregulación.
Ahora bien, el cambio no implica un «vale todo». Desde el Senasa aclararon que la eliminación del requisito no exime a los establecimientos de cumplir con las normas locales. Es decir, las provincias y municipios siguen teniendo poder de control sobre aspectos como higiene, seguridad, salubridad y uso del suelo.
En la práctica, esto significa que el productor o la empresa podrá avanzar más rápido con los trámites nacionales, pero deberá seguir respetando las reglas de su jurisdicción. La diferencia es que ya no tendrá que presentar esa documentación como condición previa ante el organismo sanitario.
Para muchos actores del sector, la medida va en línea con un reclamo histórico: menos burocracia y más eficiencia en la gestión pública, especialmente en actividades donde los tiempos son clave, como la producción animal o la habilitación de instalaciones. El sector busca mejorar su competitividad, trazabilidad y capacidad exportadora, simplificar procesos administrativos aparece como un paso necesario, aunque no suficiente.