El Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas para modificar la ley de tierras y atraer inversiones, en medio de tensiones judiciales vigentes.
El 25 de marzo de 2026, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que el Gobierno enviará al Congreso un paquete de leyes para modificar la ley de tierras y levantar las restricciones a la compra por parte de extranjeros, una medida clave para atraer inversiones en el agro y otros sectores estratégicos.
El anuncio se realizó en conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde el funcionario detalló que la iniciativa forma parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer la propiedad privada y dinamizar la economía. La reforma apunta directamente a la Ley 26.737, sancionada en 2011, que establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Esa norma ya había sido derogada por el DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, pero su aplicación quedó frenada tras una medida judicial, lo que mantiene el tema en un escenario de incertidumbre normativa.
Según explicó Adorni, el objetivo es «levantar las restricciones de venta a extranjeros» para potenciar el ingreso de capitales. «Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión», afirmó, destacando el potencial del campo argentino, la energía y la minería como motores de crecimiento.
Desde el Gobierno sostienen que sectores como el agro, el petróleo y la minería requieren grandes extensiones de tierra para desarrollarse y generar valor agregado, empleo e infraestructura. En esa línea, consideran que las restricciones vigentes responden a criterios ideológicos que limitan el desarrollo de los agronegocios.
La ley original fijaba no solo el tope del 15% a nivel nacional y provincial, sino también un límite individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para propietarios extranjeros. Sin embargo, datos oficiales indicaban que, incluso antes de su modificación, la participación extranjera rondaba el 6,09%, muy por debajo del máximo permitido.
El intento de desregulación enfrenta un frente judicial abierto. En mayo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo del DNU que derogaba la norma, tras una presentación del Cecim La Plata. El caso quedó ahora a la espera de una definición de la Corte Suprema, lo que agrega incertidumbre sobre el futuro del esquema legal.
La reforma de la ley de tierras se enmarca en un paquete más amplio que incluirá iniciativas como una Ley de Desalojo exprés, una nueva Ley de Expropiaciones y cambios en la Ley de Fuegos, todas orientadas a redefinir el marco regulatorio sobre la propiedad y el uso del suelo.
Para el sector agropecuario, la eventual flexibilización podría reconfigurar la estructura de la tenencia de la tierra, impactar en la inversión productiva y abrir un nuevo escenario en la cadena de valor agroindustrial, en un contexto donde la competitividad y el acceso a capital resultan determinantes para la rentabilidad del campo argentino.