El corte de gas en Camisea y el alza del petróleo disparan precios, encarecen alimentos y tensionan la producción agropecuaria.
La inflación en Perú dio un salto inesperado en marzo y encendió señales de alerta en la economía real, especialmente en el agro. El Índice de Precios al Consumidor en Lima subió 2,38% en un solo mes, el mayor avance en más de tres décadas, llevando la inflación anual a 3,80%, por encima del rango objetivo del Banco Central. El quiebre de la estabilidad se explica por un shock energético interno combinado con un contexto internacional adverso, que rápidamente se trasladó a los costos productivos y a los precios de los alimentos.
El detonante fue la interrupción del suministro de gas en Camisea, principal fuente energética del país. Una fuga redujo la capacidad operativa a menos del 10%, obligando a reemplazar el gas por combustibles más caros como diésel y GLP. Este cambio impactó de forma directa en el transporte, la industria y la producción agropecuaria, donde la energía es un insumo transversal.
El efecto fue inmediato. El rubro transporte registró subas cercanas al 9%, reflejando el encarecimiento de combustibles, mientras que alimentos y bebidas también mostraron incrementos relevantes. Para el agro, esto significa un doble golpe: mayores costos para producir y mayores costos para distribuir, una combinación que reduce márgenes y presiona los precios al consumidor.
Costos en alza, presión sobre alimentos y señales para el agro
En el campo, el impacto se siente en toda la cadena. El aumento del combustible encarece las labores agrícolas, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, y eleva los costos logísticos para llevar la producción a los mercados. Esto es especialmente sensible en productos perecederos, donde el transporte rápido es clave.
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A la vez, el contexto climático suma presión. El fenómeno de El Niño afectó rendimientos y disponibilidad en distintos cultivos, generando menor oferta en algunos productos y reforzando las subas de precios. Cuando coinciden problemas energéticos y climáticos, el efecto sobre los alimentos suele ser más intenso y extendido.
El escenario internacional también juega su parte. La suba del petróleo, impulsada por tensiones en Medio Oriente, elevó los costos energéticos a nivel global, amplificando el impacto local. En países como Perú, donde la logística depende fuertemente del transporte terrestre, esta variable tiene un peso directo en el precio final de los alimentos.
Para los productores, la preocupación no es solo el presente. Si los costos se mantienen elevados y los precios no logran compensarlos, la próxima campaña podría ajustarse en superficie o inversión, afectando la oferta futura. Este tipo de dinámicas ya se observó en otros mercados agrícolas de la región cuando los márgenes se comprimieron.
Desde el Banco Central se sostiene que el fenómeno sería transitorio, a medida que se normalice el suministro de gas y se estabilicen los precios internacionales. Sin embargo, el episodio deja al descubierto una vulnerabilidad estructural: la dependencia de un sistema energético concentrado que, ante una falla, impacta de forma inmediata en toda la economía.
En paralelo, aparece el riesgo de que el aumento de precios se traslade a expectativas y contratos, generando una inercia inflacionaria más persistente. Para el agro, esto implica un entorno más incierto, donde la planificación productiva queda condicionada por variables energéticas y macroeconómicas.
Lo ocurrido en marzo muestra con claridad cómo un shock energético puede escalar rápidamente hacia el sistema alimentario. En ese cruce entre energía, clima y producción, el agro vuelve a quedar en el centro de una dinámica que define tanto la inflación como la seguridad alimentaria del país.