En un comunicado con fuertes críticas, productores del norte nucleados en Apronor apuntaron contra el impulso oficial a UPOV 91 y advirtieron sobre posibles efectos en el uso propio de semillas; el pronunciamiento se suma a un debate que ya divide al agro
En medio de la discusión por una eventual actualización de la ley de semillas y la posible adhesión a UPOV 91, una asociación civil que nuclea a productores agrícolas y ganaderos del norte del país salió con un duro comunicado en el que cuestiona tanto al Gobierno como al rumbo del debate.
El documento, titulado “Cartelización de producción de semillas en Argentina”, plantea una crítica directa a los argumentos oficiales que vinculan el estancamiento productivo con la falta de una nueva legislación. Allí, la entidad afirma que “más de un funcionario del actual Gobierno Nacional” sostiene esa postura, pero la rechaza de plano.
Uno de los pasajes más contundentes apunta contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según el comunicado, “falta a la verdad, confunde a la opinión pública, incluso tal vez al Presidente de la Nación”, al adjudicar la falta de crecimiento a la normativa vigente en semillas. Desde la entidad sostienen que el principal problema son los derechos de exportación: “Nuestra producción no crece por efecto de los DEX (retenciones), que desde hace años esquilman a nuestros productores”.
En esa línea, el texto agrega que se estaría favoreciendo a ciertos sectores con beneficios como el RIGI, mientras se mantiene la carga sobre los productores: “Le pedimos al Sr. Ministro que no favorezca a unos pocos con RIGI y mate a muchos con DEX”, señala el comunicado.
Brasil como ejemplo: UPOV 78
Para reforzar su postura, la entidad compara el desempeño argentino con el de Brasil. Según el documento, el país vecino logró en la última década aumentar la participación del agro en su PBI del 18% al 25% y duplicar su producción de granos, alcanzando niveles récord cercanos a las 345 millones de toneladas.
En ese sentido, remarcan que Brasil adhiere a UPOV 78 y no aplica derechos de exportación, plantea el comunicado, marcando diferencias con el modelo que se discute para Argentina. Cabe señalar que en Brasil las condiciones climáticas no permiten usar la semilla de soja de un año a otro.
Advertencias de los productores
Otro de los puntos que cuestiona la entidad es la supuesta influencia de empresas semilleras en organismos de regulación. Allí se menciona como “llamativo” que funcionarios provenientes del sector privado hayan ocupado cargos clave en el instituto que regula el área de semillas, que según el texto, podría generar conflictos de interés.
Además, diferencian el tratamiento entre cultivos. En el caso del maíz (alógamas), aseguran que no hay suficiente control sobre problemas como el achaparramiento, mientras que en cultivos autógamos como soja o trigo denuncian una mayor presión sobre el uso propio, con “multas millonarias” y resoluciones que, según indican, serían retroactivas.
El tono del comunicado escala hacia el final, con una advertencia directa al resto de los productores: “¡Sres. Productores estemos alerta, vienen por nosotros!”, expresan, en referencia a posibles cambios regulatorios y sistemas de control.
No obstante, también aclaran que no todo el sector semillero comparte estas prácticas y que existen actores que trabajan junto a los productores. Aun así, concluyen con una crítica general: “al Estado, como así a algunos semilleros, poco les importa la producción: solo les importa la recaudación/facturación”.