Categoría: ACTUALIDAD

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) enviará esta semana 120.000 inducciones electrónicas a restaurantes, el sector rural, la construcción y lavaderos industriales. De esa manera, busca detectar empleo en negro en esa clase de establecimientos, a los que también se suman panaderías, fábricas de pastas, muebles de cocina, confiterías y geriátricos, entre otros.

Este mecanismo se empezó a aplicar en la Capital Federal, el conurbano y las provincias a partir de un cruzamiento de datos donde la AFIP selecciona el universo de potenciales incumplidores sobre un total de 28.000 contribuyentes de restaurantes, 26.000 de panaderías, 25.000 de las actividades rurales y 2.500 las fábricas de pastas, principalmente.

“Se trata de un conjunto de empleadores que registran la mayor informalidad laboral del mercado, con trabajadores que realizan sus tareas sin cobertura social ni médica, tanto para ellos como para sus familias”, explicaron desde la entidad.

El método de la AFIP

Para detectar posibles evasores, el organismo que dirige Cuccioli se utilizó el indicador mínimo de trabajadores (IMT), que establece la menor cantidad de empleados necesarios para llevar a cabo un negocio y sirve para determinar rubros con alto porcentaje de empleo no registrado. Por ejemplo, en los hoteles el parámetro para saber el mínimo de empleados depende de cuántas camas haya y en los supermercados, cuántos metros tiene el lugar.

“No es una intimación, pero sí se pone la lupa sobre la regulación”, dijeron en la AFIP. En la inducción, advierte que ante la evasión se aplicarán multas, clausuras y la pérdida de algunos beneficios. Además, los incumplidores quedarán expuestos en un registro que impedirá el acceso a crédito de la banca pública, subsidios y participación en licitaciones con el Estado.

Estas acciones se encuentran en el marco de las acciones de regularización de informalidad que ya realizó la AFIP sobre supermercados y casas particulares.

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Se detectaron innumerables infracciones a la normativa vigente, hubo inhabilitaciones de operadores marginales e interdicciones de mercadería por más de 1.400 toneladas de granos y de más de 3.500 kilos de productos lácteos como resultado de los operativos en tres provincias.

En Ituzaingó se concretó este jueves 12 de julio la primera reunión del recientemente conformado PG Grupo Guazú, en el marco de una nueva política de trabajo del Plan Ganadero Provincial 2010-2020 que apunta a promover el trabajo asociativo entre los productores a los fines de facilitarles la adopción de tecnologías. En otros puntos de la provincia, como en El Sombrero y Puerto González, ya se avanzó con la conformación de otros grupos con los que ya se está trabajando.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) continúa trabajando en forma conjunta con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), en pos de garantizar la alfabetización de todos los trabajadores rurales, un derecho fundamental e indispensable.

El Registro apoya el desarrollo, formación y fortalecimiento de los Centros de Alfabetización de la UATRE, con el objetivo de que los trabajadores puedan defender sus derechos con el manejo de la lectura, escritura y cálculos básicos. Durante el presente año, se han puesto en funcionamiento 309 centros de Alfabetización en distintos puntos del país.

Con la presentación exclusiva del Farmall con pala y beneficios para la adquisición de equipos, la marca se hará presente en la tradicional muestra ganadera.  

Case IH se hará presente en la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que organiza la Sociedad Rural Argentina, del 18 al 29 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí la marca sellará su compromiso con el campo con su Patriot 350 como pulverizador oficial de la muestra.

Mantener impuestos a la soja en un promedio de 25,5%, acelerar la baja de subsidios a la energía y el transporte, reducir el gasto en salarios en el Estado y las transferencias a las provincias. Estas son algunas de las pautas que aparecen en el informe que el staff del FMI elevó al directorio del organismo el 12 de junio para que este cuerpo decida la aprobación final del crédito.

Este documento se elaboró luego de que concluyeran las conversaciones entre el FMI y los funcionarios del Gobierno argentino en el marco de la negociación por un acuerdostand-by por US$50.000 millones, que fue confirmado el 7 de junio.