Categoría: ACTUALIDAD

A principios del año pasado la resolución 95/2022 firmada por el entonces ministro Julián Domínguez sacaba a la cancha el flamante Plan de Ganadería Argentina (GanAr), cuyo propósito era el de “aumentar la producción y mejorar la industrialización de la ganadería bovina de carne y de leche”.

Luego, las semanas pasaron y los tiempos de Domínguez al frente del Ministerio concluyeron. Y el Plan GanAr, más allá de algún préstamo que se gestionó en el momento, pasó a dormir en algún cajón de la ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Sin embargo esta semana el Gobierno decidió “revivirlo” y volvió a ponerlo en funciones: este lunes la resolución 1615/2023 firmada por el ministro de Economía Sergio Massa establece el manual operativo para el funcionamiento del Plan GanAr.

“Tiene por objeto contribuir al aumento de la producción y de la productividad de la ganadería bovina de carne y de leche, así como mejorar su sistema de industrialización, a través de la bonificación de tasas sobre líneas de crédito y/o Aportes Económicos a través de convenios específicos con Provincias y otras entidades públicas o privadas vinculadas al sector”, indicaron las autoridades.

Entre algunos de los beneficios que dispone, la línea de créditos establecida originalmente contaba con una bonificación de 7% a través del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) sobre las tasas vigentes a ese entonces de los bancos adheridos.

Las inversiones elegibles son:

• Sanidad y biotecnologías reproductivas;
• Instalaciones para el manejo de hacienda y bienestar animal;
• Infraestructura predial;
• Implantación de pasturas, verdeos, forrajes conservados y alimentación estratégica;
• Incorporación de genética en pie con fines reproductivos;
• Las que realicen cooperativas agropecuarias y sus asociaciones y para generar apoyo a sus asociados y avalar su respaldo destinado a generar mayor agregado de valor en la cadena cárnica;
• Incorporación de tecnología ganadera y conectividad;
• Adecuaciones en frigoríficos de tránsito federal, provincial y municipal para la incorporación del troceo.

EL #PlanGanAr 🐄🇦🇷 ESTÁ EN MARCHA

Si sos productor ganadero, tambero o cooperativa agropecuaria, ya podés solicitar la bonificación de tasa para tu crédito. Más financiamiento e inversión es más producción y un mejor futuro.
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— Julián Domínguez (@DominguezJul) February 1, 2022

Al momento de la redacción del Plan, el principal impulso para los productores es el otorgamiento de préstamos por hasta $ 100.000 millones.

“Serán beneficiarios del Plan las personas humanas o jurídicas que realicen actividades de producción y/o industrialización de ganado de carne, leche y subproductos que se encuentren inscriptas como tales en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y/o en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), según corresponda”, indicaba la resolución original.

Durante el mandato de Domínguez, en varias oportunidades, el entonces ministro denominó a la carne, el trigo y el maíz como “bienes culturales de los argentinos. Por eso, la resolución fundante del Plan GanAr manifestaba esos lineamientos.

“La carne vacuna no sólo es la base de nuestra alimentación proteica, sino que forma parte de la cultura de nuestro pueblo y es el emblema que nos distingue y nos hermana, pudiéndosela considerar como un bien cultural, social y un producto emblemático de nuestro pueblo”, afirmaba uno de los fundamentos iniciales.

EL MANUAL COMPLETO

La Secretaría de Energía publicó este jueves dos resoluciones en las que habilitó fuertes subas en el precio mínimo que las petroleras deben pagar por los biocombustibles para el corte de las naftas y el gasoil.

En primer término, fijó el nuevo valor de adquisición del biodiésel en $ 923.590 la tonelada, lo que implica un alza del 34% en relación al valor que estaba vigente, de $ 686.986.

En tanto, para el bioetanol, actualizó los valores de la siguiente manera:

• De caña de azúcar: el nuevo precio por litro es de $ 465,84, una suba del 34% frente a los $ 348,54 que se habían dispuesto inicialmente para diciembre.
• De maíz: Energía aumentó la cotización a $ 463,91, un 28% más que los $ 361,17 que se abonaban hasta hoy.

Desde el Gobierno recordaron que si bien está vigente una fórmula de actualización de los precios automática, también la Secretaría tiene la posibilidad de “efectuar modificaciones en el procedimiento, tanto en los casos en que se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dicho precio pueda generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor”.

“Dado el contexto macroeconómico actual, resulta necesario atender la incidencia que posee la modificación de los precios relativos en la estructura de costos”, agrega Energía en sus resoluciones.

CAMBIOS EN LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES

En paralelo, la elevación del proyecto de ley “ómnibus” por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, con muchas novedades para el agro como la formalización del nuevo esquema de retenciones y la pretensión de lograr el status único sanitario para los frigoríficos, también trajo como novedad que la presidencia de Javier Milei apunta a modificar la Ley de Biocombustibles actualmente vigente.

Dentro del capítulo “Energía” del mega proyecto normativo, se incluye una sección sobre biocombustibles con numerosos artículos que plantean importantes cambios en las normativas que regulan este mercado.

Lo más importante: se elimina la intervención del Gobierno fijando un precio mínimo, y de esta manera las petroleras deberían negociar de manera directa con los proveedores de biodiésel y bioetanol.

En concreto, lo que propone textualmente la ley “ómnibus” para los biocombustibles es lo siguiente:

ARTÍCULO 307

Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1º.- Apruébese el Marco Regulatorio de Biocombustibles, el cual comprende todas las actividades de elaboración, almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles, en los términos de la presente ley.”

ARTÍCULO 308

Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3º.- Serán funciones de la autoridad de aplicación:

1. Regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles;
2. Adecuar a los términos de la presente ley las normas que establecen las especificaciones de calidad de los biocombustibles, la seguridad de las instalaciones en las cuales éstos se elaboran, mezclan y/o almacenan, y aquellas que se vinculen con el registro y/o habilitación de las empresas y/o productos;
3. Realizar auditorías e inspecciones en las empresas e instalaciones de elaboración, almacenaje y/o mezcla de biocombustibles, a fin de controlar su correcto funcionamiento y su ajuste a la normativa vigente;
4. Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley;
5. Fiscalizar el ejercicio de las actividades a que se refiere la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes;
6. Hacer uso de todos los medios que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización;
7. Dictar las normas complementarias que resulten necesarias para interpretar y aclarar el presente régimen, así como también ejercer toda otra atribución que surja de la reglamentación de la presente ley a los efectos de su mejor cumplimiento.”

ARTÍCULO 309

Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 4º.- A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiesel y a cualquier otro biocombustible que cumpla los requisitos de calidad que establezca la autoridad de aplicación cuyo origen sea agropecuario, agroindustrial y/o provenga de desechos orgánicos.”

ARTÍCULO 310

Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“Registro de Biocombustibles

ARTÍCULO 5º- Quienes elaboren, almacenen y/o comercialicen biocombustibles deberán registrarse y habilitarse en el Registro que se crea por la presente norma, conforme lo establezca la reglamentación.”

ARTÍCULO 311

Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“Mezcla mínima obligatoria de biocombustibles con combustibles fósiles.

ARTÍCULO 8°. – La autoridad de aplicación podrá imponer porcentajes mínimos de mezcla entre cada biocombustible con los combustibles fósiles. Hasta tanto la autoridad de aplicación determine dichos porcentajes mínimos, medidos sobre la cantidad total del producto final, ellos serán del 7.5% en gasoil o diesel oil y del 12% en nafta -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace.”

ARTÍCULO 312

Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 10.- Las empresas responsables de llevar a cabo las mezclas obligatorias de biocombustibles con combustibles fósiles deberán asegurar el cumplimiento de la normativa respecto a la calidad en el surtidor de cada combustible en cuestión, conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley.”

ARTÍCULO 313

Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 13.- Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas mínimas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustibles que no tenga por destino la mezcla mínima obligatoria con combustibles fósiles.”

ARTÍCULO 314

Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, por el siguiente:

“ARTÍCULO 21.- Establécese que, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las leyes N° 23.287, 26.093 y 26.334, y toda la normativa reglamentaria de las mismas.”

ARTÍCULO 315

Deróganse los artículos 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640.

La industria frigorífica vinculada al consumo interno y la exportación recibió de manera favorable la intención del Gobierno de implementar un status sanitario único a nivel nacional.

Se trata de una discusión de larga data en la cadena de ganados y carnes, y por el momento resta conocer cuál será la postura de los eslabones intermedios del negocio.

Según pudo averiguar Infocampo, la cámara que representa a matarifes y abastecedores se encuentra analizando el contenido del texto que el presidente Javier Milei envío al Congreso Nacional.

Mientras tanto, tras conocerse el capítulo de Carnes incluido en la Ley “Omnibus”, el Consorcio Exportador de Carnes ABC, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) celebraron esta decisión.

FRIGORÍFICOS, A FAVOR DE UN STATUS SANITARIO ÚNICO

“Vemos la incorporación de un capítulo de Carnes que pregona una reforma solicitada durante años por el sector, y que da garantías a la salud de los consumidores argentinos al establecer un Estatus Sanitario Nacional”, señalaron las tres entidades en un comunicado conjunto.

En este punto, también destacaron que el proyecto permitirá designar “una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración, y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional”.

Al respecto, los industriales recordaron que la cuestión del status sanitario único se discute desde 1990.

“Las enfermedades no tienen fronteras, por ende, la definición clara, concreta e indubitable, de una autoridad nacional competente y que las provincias puedan concurrir a ejercer el control es la solución institucional definitiva”, argumentaron.

En el comunicado, remarcaron que las garantías de salubridad de los productos alimenticios -en especial la carne vacuna– deben ser las mismas en todos los rincones del país.

“El espíritu de esta normativa garantizará para los consumidores de todas las provincias y municipios del país el acceso a un alimento seguro, de alta calidad nutricional y con un debido control a cargo de la autoridad sanitaria federal en materia de productos de origen animal”, señalaron.

Y concluyeron: “Merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos”.

Mientras el Gobierno busca poner en marcha una suba en los derechos de exportación al complejo agroexportador, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) rechazó el proyecto de ley enviado por el oficialismo al Congreso.

Como se recordará, la nueva normativa busca elevar al 15% las retenciones para todos los cultivos –salvo una serie de excepciones en economías regionales- y eliminar el diferencial de 2% que la industria aceitera tenía sobre el poroto de soja. Esta decisión originó un fuerte reclamo por parte del complejo agroexportador.

“El CAA reitera que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el Gobierno”, advirtieron desde la entidad.

En este punto, los industriales reconocieron que en el marco de la actual situación económica se necesita llegar a un punto de equilibrio fiscal.

“No sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros”, argumentaron.

El CAA sostuvo que buscará entablar diálogo con legisladores, para eliminar la suba de derechos de exportación y las otras medidas previstas en el proyecto de ley. Y no perdieron oportunidad de recordarle al presidente Javier Milei sus promesas electorales.

“El Gobierno entrante anuncio en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos”, afirmaron.

LAS BOLSAS Y EL COMPLEJO EXPORTADOR, TAMBIÉN EN CONTRA

Las Bolsas de Cereales Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; y de Comercio del Chaco consideraron que las retenciones “constituyen un impuesto de carácter distorsivo, con efectos claramente desalentadores sobre los distintos actores de la economía”.

Si bien reconocieron que la actual coyuntura requiere que la Casa Rosada aplique medidas para estabilizar las cuentas públicas, se deberían “encontrar otros mecanismos alternativos a implementar y no recurrir en forma permanente al aumento de los derechos de exportación”.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) expresó su descontento al conocerse la eliminación del diferencial de retenciones que existe entre los subproductos de soja (harina y aceite), que hoy paga una alícuota del 31%; y el poroto, que abona 33%. “Es una muy mala noticia para la economía del país”, afirmaron.