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El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino llegaron a un acuerdo para que el país tenga acceso a un desembolso de U$S 4.700 millones, en el marco de la séptima revisión del acuerdo del Programa de Facilidades Extendidas (SAF).

Así lo anunciaron este miércoles por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El entendimiento (staff level agreement) deberá ser aprobado en las próximas semanas por el Directorio Ejecutivo del FMI, y el desembolso será destinado “para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril”, detalló Caputo.

La noticia podría ser clave para llevar alivio al mercado financiero, donde los dólares “alternativos” habían comenzado a subir en los últimos días.

 

CRÍTICAS Y ELOGIOS DEL FMI

Según la versión que dio a conocer Caputo en la conferencia de prensa, el equipo del FMI que visitó el país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, formuló críticas a la gestión que llevó adelante el exministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

“Observó que el programa original se desvió gravemente de su rumbo: se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”, aseguró Caputo que cuestionaron desde el FMI.

En ese contexto, “el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas, con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto”, continuaron los directivos del FMI.

En tanto, el documento del Fondo es optimista en que “a medida que se implementen las políticas y se reconstruya la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.

EL ACUERDO CON EL FMI

En este contexto, Caputo subrayó que el entendimiento alcanzado “no es un acuerdo nuevo, sino que se ha reflotado el anterior”.

El ministro explicó que el desembolso que recibirá la Argentina será “para pagar los vencimientos de capital de diciembre”, y que para hacerlo tuvieron que “pedirle prestado a la CAF (Corporación Andina de Fomento), los de enero y los de abril”.

También restan pagar otros US$ 600 millones en febrero, “pero esos son intereses y no entran en este acuerdo”, completó Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se desistió de encarar la discusión de un nuevo acuerdo con el FMI, porque “llevaría más tiempo” y que lo urgente era “pagar lo que se debía, por lo que optamos por reflotar el anterior acuerdo”.

Caputo, no obstante, dejó en claro que el Fondo Monetario “está abierto a esa posibilidad”, pero consideró que “es hora de que el país resuelva sus problemas, que es la adicción al déficit fiscal”.

LA META 2024: U$S 10.000 MILLONES

Por su parte, Bausili detalló que las nuevas metas acordadas con los técnicos del FMI prevén para este año “acumular reservas por US$ 10.000 millones y reducir el déficit fiscal al 0,9% del PBI”.

“El Fondo está cómodo con las medidas que hemos tomado”, aseguró el titular del BCRA.

Al ser consultado sobre si un rechazo por parte del Congreso del proyecto de ley ómnibus afectaría poder alcanzar las nuevas metas, Caputo comentó: “Como argentino, quiero que la ley pase. Esas Bases (en refrencia al nombre del proyecto) nunca las debimos haber perdido; desde que hicimos, hemos pasado a ser un país pobre”.

Tras lo cual advirtió que, si no es aprobada, “extremaríamos los recursos para cumplir” con las metas de alcanzar un déficit fiscal del 0,9% y conseguir reservas por US$ 10.000 millones.

“Si la ley no pasa, las medidas van a ser mas duras”, enfatizó el ministro.

Caputo, tras recordar que el programa acordado con el FMI “implica no tomar más deuda”, reconoció que la semana pasada mantuvo un diálogo con bancos sobre la posibilidad de realizar un canje de bonos.

“Son conversaciones regulares que es lógico tenerlas, pero no hemos tomado ninguna decisión en concreto sobre la posibilidad de llevar adelante un canje”, finalizó el funcionario.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilella, realizó este miércoles en la medianoche una férrea defensa de la decisión del Gobierno de proponer un incremento de las retenciones a través de la denominada “Ley Ómnibus”.

Aunque Vilella reconoció que un aumento de impuestos no es lo que quiere el presidente Javier Milei y es contrario a lo que propuso en su plataforma electoral, pidió a los diputados entender el “contexto de emergencia” que vive la Argentina, y en el cual los derechos de exportación son una herramienta fundamental para el objetivo prioritario de “equilibrar la economía”.

Además, les recordó que, al ser una Ley que se está debatiendo en el Congreso, al final del camino serán los legisladores quienes decidan cómo se aplicarán definitivamente las nuevas alícuotas, si es que se decide modificarlas.

VILELLA Y LAS RETENCIONES

Las definiciones de Vilella fueron escuchadas en el marco de la maratónica sesión realizada por el plenario de Comisiones que está discutiendo los alcances de la “Ley Ómnibus”.

Vilella estaba previsto que diserte a partir de las 16, luego del secretario de Energía, pero el debate en relación a esta temática se extendió mucho más de lo previsto, y el titular de Agricultura recién pudo expresarse a partir de la medianoche.

Lógicamente, la mayoría de las consultas de los diputados presentes apuntaron a la contradicción entre la propuesta electoral de Milei de bajar impuestos y la decisión de incrementar los derechos de exportación, y Vilella le puso el cuerpo a la discusión.

En primer lugar, hizo un repaso de lo que sucedió en los últimos meses y de alguna manera mostró su enojo porque hay muchos sectores que ahora protestan airadamente, cuando hasta septiembre pagaron retenciones y solo sufrieron una quita que tuvo un evidente componente electoral.

“Hace cuatro meses, muchos de los sectores regionales que hoy están discutiendo el tema de las retenciones, tenían retenciones. En el mes de septiembre fueron sacadas la mayoría de ellas en plena campaña electoral. Esta es la primera cosa”, enfatizó.

EL IMPACTO DEL CEPO CAMBIARIO

Pero también subrayó que, al haber achicado la brecha cambiaria, hoy la mayoría de las producciones están cobrando sus exportaciones con un mejor dólar que el que percibían hasta antes del 10 de diciembre.

“En buena parte del año que transcurrió, la brecha cambiaria fue hasta del 300 %. Hoy está en 35 o 40 %. Entonces, desde el punto de vista del ingreso de cada uno de los afectados, el número al final del día es distinto”, afirmó Vilella.

Asimismo, recordó que se han ido quitando regulaciones que permiten comercializar los productos del agro sin trabas de ningún tipo.

EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA

Más adelante fue cuando justificó la decisión de aumentar las retenciones, en función de la situación económica que atraviesa el país y algunos problemas heredados de la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Por ejemplo, citó que se encontraron con importaciones sin pagar por U$S 50.000 millones, más “un Banco Central sin recursos, 45% de pobres, 60% de los chicos pobres, 20% de los cuales, esta noche, muchos de ellos no pudieron comer adecuadamente”.

“Esta es la situación frente a la cual, con una inflación del 1% diario, había que encontrar instrumentos para equilibrar la economía. Y uno de los instrumentos fue, al hacer una devaluación, la retención, lo que hace también es que los consumidores locales tengan un precio menor al momento de pagar. Esto tiene consecuencias”, fundamentó.

Al respecto, recordó que algunas de estas consecuencias ya se están revisando, y se cristalizaron en los sectores que finalmente quedaron exentos de las retenciones, y que todavía se pueden “seguir ajustando cosas”.

En este punto, consideró que es necesario mirar de manera completa la situación y valorar que las únicas pymes que están recibiendo exenciones del 15% son de base agropecuaria; mientras que en el resto de los sectores esa alícuota se mantiene.

“Fue en este entorno que apareció la necesidad de generar estas retenciones, que no son lo que queremos, no es lo que quiere el Presidente, no es lo que quiere el Ministro (Luis Caputo), no es lo que quiere cada uno de los que estamos acá reunidos, pero que es una parte, frente a una emergencia, frente a una situación de eventual hiperinflación a la cual estábamos enfrentando. Esto hay que verlo en ese contexto”, continuó.

Por último, les recordó a los legisladores que la responsabilidad final sobre lo que se apruebe, sino están conformes con lo planteado por el Poder Ejecutivo, es de ellos.

“Hoy estamos en la Cámara de Diputados hablando de las retenciones y recae la responsabilidad en ustedes. No es un funcionario que se levanta a la mañana y decide que este sector sí, este sector no, este sector tiene el dólar soja, aquel tiene el sector dólar pecán o aquel otro tiene el dólar anchoíta, digamos. Entonces acá, la decisión de qué es lo que va a pasar está en la mano de ustedes”, mencionó.

Y también hizo referencia a las críticas que hubo sobre las facultades que busca reservarse el Ejecutivo para modificar los derechos de exportación a discreción: subrayó que esas facultades son solo para bajarlas, aunque no es lo que establece la ley enviada al Congreso.

Aunque desde el Gobierno afirman que pretenden aprobar la “Ley Ómnibus” tal como fue enviada al Congreso, está claro que existe voluntad de debatir algunas modificaciones que no afecten el plan de desregulación de la economía.

En ese camino, el proyecto de Ley que ya se está debatiendo en el Congreso no había sido bien recibido por las provincias en las que se producen biocombustibles y que la semana pasada fueron a plantear su descontento ante las autoridades de la Casa Rosada.

Esa presión al parecer surtió efecto, porque este miércoles, durante el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados para debatir esta mega normativa, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció cambios sustanciales en lo que es la política prevista para el biodiésel y el bioetanol.

IMPULSO A LOS BIOCOMBUSTIBLES

En primer término, Rodríguez Chirillo confirmó que los cambios planteados fueron en función de los pedidos realizados por gobernadores y legisladores.

Acto seguido, precisó: “La propuesta es que el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7% a 10% en biodiésel, para luego ir aumentando al 15% hasta 2026″.

En tanto, en relación al bioetanol, indicó que “se mantiene al 12% y luego se aumenta hasta el 18% en tres años, para luego poder seguir en un sendero hasta el 27%”.

En tanto, en lo que respecta al marco normativo, dijo que quieren cambiar la política actual de cupos establecidos por la Secretaría de Energía, por licitaciones que consideren varias cosas; entre ellas, que ninguna empresa pueda tener más del 14% de participación de la demanda interna, y que no se pueda participar más allá del 100% de la capacidad instalada que tenga el participante.

“Tiene que haber una relación entre la producción y la capacidad de todas las integradas, debe ser igual a todas las no integradas. Con esto vamos a permitir que tanto las empresas chicas como empresas grandes puedan participar del mismo modo”, afirmó.

Por último, sobre la polémica que se había generado en torno a la posibilidad de que las petroleras puedan participar en la producción de biocombustibles, sostuvo que podrán hacerlo, pero solo ante la demanda excedente, siempre que el corte esté a partir del 18%.

Aunque el horizonte climático actual marca un fuerte optimismo para la campaña 2023/24, hay esquirlas de la sequía del ciclo anterior que continúan impactando.

En el caso de la soja, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Córdoba –segunda mayor productora de la oleaginosa del país– informó que se están detectando problemas en la implantación, que estarían relacionados a la mala calidad de la semilla sembrada.

“A partir del análisis de muestras en el Laboratorio de semillas de la BCCBA, se evidenció una marcada caída en la calidad de semillas de soja de esta campaña respecto de la anterior”, indicó la entidad porteña en su último informe sobre el avance del ciclo estival en esa provincia.

Y agregó: “La disminución del poder germinativo, producto de las extremas condiciones de estrés que sufrió la semilla en planta madre durante la campaña 2022/23, habría impactado en la calidad de implantación que, según reportes de colaboradores, en el 14 % de los casos fue entre regular y mala”.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA SEMILLA DE SOJA

Desde la entidad cordobesa recordaron que la calidad de una semilla se puede determinar a través de distintos análisis de laboratorio, siendo uno de los más habituales la determinación del poder germinativo (PG).

Así, “en base a resultados de PG de muestras de soja recibidas por el laboratorio de semillas de la BCCBA, se ha evaluado la calidad de semilla disponible para esta campaña y su comparación con la 2022/23″, profundizó la Bolsa.

En este proceso, se definieron rangos de calidad considerando como valor “aceptable” todos aquellos resultados que igualen o superen el valor de estándar de comercialización del Instituto Nacional de Semillas (INASE), establecido en un 80%.

Los cambios en materia desreguladora por parte del Gobierno de Javier Milei avanzan. Al menos así lo presentaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): anunciaron la “quita de barreras al comercio exterior”, puntualmente, en las importaciones.

A través de una comunicación difundida este miércoles señalaron que “la evaluación de la Capacidad Económica Financiera (CEF) de los operadores dejó de ser un obstáculo para la tramitación de importaciones”.

“AFIP reglamenta, a través de la RG 5478, que se profundizará la simplificación del Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) con el objetivo de garantizar la transparencia del comercio exterior”, indicaron.

IMPORTACIONES LIBRES

Desde el cuerpo de funcionarios indicaron que de ese modo “quedan garantizados los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

“Reafirmando que la discrecionalidad será ajena al SEDI. De este modo, el Sistema CEF funcionará exclusivamente a efectos estadísticos”, puntualizaron.

Además, por otro lado, la inscripción en el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior se extiende a importaciones vía régimen de courier y declaraciones de Ingreso a Zona Franca.

“En ese marco, la fecha límite para el empadronamiento se prorroga hasta el 24 de enero, inclusive”, apuntaron.