Saladillo Campo

En la industria láctea, la tarde de este miércoles se sacudió con una fuerte noticia vinculada a una de las empresas más grandes e históricas del mercado argentino.

La compañía santafestina Williner, propietaria de la marca Ilolay, confirmó su venta al grupo francés Savencia.

La operación supone un verdadero sacudón en el mercado: según el ranking de industrias lácteas argentinas elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Williner es la tercera empresa que más leche procesa en el país, por detrás de Saputo (La Paulina) y Mastellone (La Serenísima).

Del otro lado, Savencia está dentro de los 20 holdings del sector más grandes a nivel global, también según un ranking publicado por OCLA. Antes, ya se había quedado también con MIlkaut.

En un comunicado dirigido a sus colaboradores, Williner informó: “Luego de 95 años de la familia Williner al frente de la compañía, queremos informarles que hemos cerrado un acuerdo con la empresa Savencia, propiedad de la familia Bongrain. Con dicho acuerdo, Savencia adquiere el 100% del paquete accionario de Ilolay”.

“Con la familia Bongrain compartimos los mismos valores y nos une una gran relación de amistad y respeto. Estamos convencidos de que Savencia aportará la solidez y el desarrollo que Ilolay requiere, además de escala e inserción global”, continuó la empresa.

En este marco, afirmó que acompañará esta nueva etapa que se inicia en Ilolay, participando en el nuevo directorio y continuando la relación comercial de Las Taperitas SA como proveedor estratégico de leche.

“En los próximos días se iniciará una etapa de transición que demandará un gran esfuerzo y compromiso de cada uno de nosotros. Pero nos entusiasma el desafío de unir nuestras experiencias y trabajar juntos”, añadió Williner.

Y completó: “Hoy Ilolay da un nuevo paso en el camino de transformación que acompañaremos desde el corazón, como siempre”.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha del “dólar agro”, que prometió la semana pasada y alcanzará a la producción de soja y las economías regionales.

El nuevo tipo de cambio será de $300 y se extenderá en dos plazos:

• En el caso de la oleaginosa será desde el lunes 10 de abril hasta el 31 de mayo.
• Para las economías regionales comenzará el mismo día y estará vigente hasta el 31 de agosto.

El ministro consideró que, en el caso del poroto, el nuevo programa permitirá “mejorar el precio para el productor, incentivar exportaciones y fortalecer reservas”.

El nuevo tipo de cambio se articulará en bases a una serie de criterios, enfocados a contener el precio de los alimentos y su abastecimiento en el mercado interno.

“Lo primero que hacemos es establecer al automaticidad de los beneficios de la emergencia para todos los productores”, explicó el titular de Economía.

De este modo, se suspenderán ejecuciones fiscales y bancarias y además -mientras dure la emergencia agropecuaria- el Estado dejará de cobrar anticipos de impuestos. En esta instancia, los cálculos oficiales estimaron que se verán favorecidos unos 69.000 productores.

En la presentación, Massa hizo un balance de las dos ediciones previas del programa de impulso a las exportaciones.

“A lo largo de 2022, el complejo soja fortaleció en el segundo semestre las reservas. Quedó ceñido a soja y derivados, por la enorme participación en el sector exportador y baja incidencia en mercado interno”, señaló.

ECONOMÍAS REGIONALES

A diferencia de los anuncios anteriores, el Gobierno incorporó a las economías regionales. Si bien se definió el alcance temporal de la medida, todavía se desconocen cuales serán las actividades incluidas en el nuevo “dólar agro”.

Sobre este tema, el ministro amplió que para el fin de semana se definirá el listado de producciones que ingresarán al sistema.

En el caso de las economías regionales, Massa señaló que deberán cumplir con tres requisitos para acceder al dólar a $300:

• Participar del programa de acuerdos de  precios
• Mantener su nivel de empleo
• Garantizar volumen y abastecimiento en el mercado interno

UN AVISO A LOS EVASORES

En un escenario de fragilidad en las reservas del Banco Central, otro de los anuncios fue dirigido a quienes -según el Gobierno- no cumplen con los plazos de liquidación de divisas. “Está enfocado en aquellos que no juegan limpio en las exportaciones”, advirtió.

Y agregó: “Hay muchos que hacen el esfuerzo y ayudan en la programación del fortalecimiento de reservas. Este esfuerzo se ve desdibujado por quienes hacen trampas”.

Para Economía, esta situación se traduce en U$S 3.700 millones que no han cumplido con la liquidación. “Vamos a ser muy duros, vamos a activar un mecanismo de desactivación de CUIT para quienes evadieron de alguna manera se transformen en personas no hábiles comercialmente”.

Además, señaló que tampoco podrán acceder al mercado de cambios. Antes de aplicar estas sanciones, habrá un plazo de 30 días para que regularicen esta situación.

LA POSTURA DE LOS EXPORTADORES

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) consideró que la medida “es un reconocimiento de la necesidad de tener un tipo de cambio competitivo y único, nos gustaría que se mantenga de manera permanente”.

En cuanto al impacto que esta medida podría tener en el mercado de la soja, sostuvo: “Esta campaña está severamente afectada por la sequía, con una producción total estimada que en ningún caso supera los 25millones de toneladas, por lo que los productores y la industria estamos sufriendo consecuencias económicas muy duras“.

El directivo señalo que están a la espera de las decisiones de los agricultores: “Veremos si este valor le resulta razonable a los productores para tomar decisiones de venta y si como industria podemos lograr ser competitivos para exportar, si ambas condiciones no se dan el resultado estará muy acotado”.

Para Idígoras, la ventana de siete semanas que se abrirá a partir del 8 de abril podría implicar -si el mercado reacciona favorablemente- un ingreso de divisas estimado en U$S 5.000 millones.

Por ahora, las lluvias que renacieron con la llegada del otoño han permitido elevar un poquito el ánimo de los productores, que de todos modos necesitan más vientos de cola que los impulsen a la siembra de trigo próxima a comenzar.

En la zona núcleo, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) afirma en su último informe semanal que, más allá de las precipitaciones de las últimas semanas, aún faltan entre 50 y 200 milímetros, dependiendo las zonas, para poder pensar de manera firme en el cereal.

No obstante, la mayor limitante no es hídrica, sino económica: “Los productores con mayores intenciones de siembra son los que quedaron más apretados financieramente tras la sequía”, aseguran los técnicos consultados por la Guía Estratégica para el Agro (GEA).

Otro factor ineludible es que no se sabe cuánta semilla habrá: “Desde el centro-sur santafecino son más optimistas y aclaran que, de haber disponibilidad de semilla suficiente y de llover lo necesario en pre siembra, la superficie aumentará, aunque la tecnología a aplicar será de media a baja”, agrega el reporte.

Por último, desde noreste de Buenos Aires afirman que la siembra fina es una necesidad, para empezar a recobrar fuerzas y también por cuestiones agronómicas, pero el panorama económico es clave: “Habrá que ver como los proveedores acompañan con financiación, ya que quedaron sin espalda para seguir”.

MÁRGENES POCO ATRACTIVOS

Un problema en este marco es que, precisamente, los márgenes no son tampoco una gran invitación al entusiasmo.

El cálculo de la GEA para la zona núcleo es una ganancia de U$S 103 por hectárea en campo propio, pero una pérdida de U$S 149 en establecimiento alquilado, que constituye más del 70% de la forma en que se produce en esta zona del país.

La estimación corresponde a un planteo agronómico con potencialidad de rinde de 35 quintales por hectárea y un precio de urea de 541 dólares la tonelada más IVA. Sin embargo, todo esto puede empeorar en la medida en que se mantenga la medida que impuso la AFIP y que complica las importaciones de fertilizantes.

EN CÓRDOBA, MENOS

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Córdoba fue la primera en salir con una proyección concreta de siembra 2023/24.

En base a una encuesta a su red de colaboradores, la entidad señaló una proyección preliminar en esa provincia de 905.400 hectáreas, un 12% por debajo del año pasado y 14% menos que el promedio de los últimos 15 años.

Sería así la peor cifra en una década, desde las 800.000 hectáreas del ciclo 2013/14.

Además, la Bolsa cordobesa coincidió con la inquietud acerca de que la oferta de semillas sea suficiente: “Más de la mitad de los colaboradores expresaron que es posible que existan problemas en cuanto a la disponibilidad de las semillas para esta campaña, dada la escasa producción en la campaña 2022/23”.

#Cultivos 📍Córdoba

Ya está disponible la primera estimación de superficie de trigo🌾 2023/24.

🔎Más info en: https://t.co/bLRUJ7wKwL pic.twitter.com/RzI56G7kZ9

— Bolsa de Cereales de Córdoba (@BCCBA) March 31, 2023

Los patentamientos de maquinaria agrícola cerraron el primer trimestre en baja, pero con un desempeño que en el sector consideran que no fue tan malo como podría lamentarse en un año marcado por una de las peores sequías de la historia y que está derivando en la menor cosecha en más de dos décadas.

De acuerdo con la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las ventas totales de cosechadoras, tractores y pulverizadoras cayeron 3% en marzo, con respecto al mismo mes del año pasado, al ubicarse en 544 unidades, 17 menos que las 561 del mismo período de 2022.

De esta manera, se alcanzaron entre enero y marzo las 1.456 unidades comercializadas, un 2,2% menos que las 1.489 del primer trimestre del año pasado.

“Cerramos el primer trimestre con saltos bruscos en las ventas de maquinarias agrícolas. Empezamos el año con muy buenos resultados en enero, pero febrero fue un mes pobre. En marzo, las condiciones especiales de negocio y financiamiento que se dieron a principios de mes en la feria Expoagro ayudaron a que tuviéramos un buen cierre de trimestre”, subrayaron desde ACARA.

RUBRO POR RUBRO

• Cosechadoras. Se patentaron 61 en marzo, 29% por debajo del mismo mes año pasado. En el primer trimestre, las ventas sucumbieron 14%, con 155 equipos anotados.
• Tractores. Es el único rubro que mantiene la senda alcista: en marzo se comercializaron 436, lo que significa un incremento del 1,6% frente a marzo de 2022; y en el trimestre se inscribieron 1.182, que suponen un aumento también del 1,6%.
• Pulverizadoras. En marzo se patentaron 47 unidades, lo que representa un crecimiento del 2,2% frente a 12 meses atrás. Pero el acumulado del primer trimestre muestra una caída cercana al 19%, con 119 máquinas vendidas.

“En conclusión, aunque el mes de marzo fue mejor de lo esperado, el mes de abril será el más importante de la campaña de cosecha gruesa y permitirá confirmar tendencias. La sequía histórica ha dejado un déficit de producción de granos muy fuerte que afectará no solo las ventas de maquinarias, sino también todo lo relacionado con la cadena productiva, como los insumos y la logística”, advirtió ACARA.

Sin embargo, confió en que “las lluvias de las últimas dos semanas han dado por finalizado el fenómeno La Niña, que ha afectado al sector en las últimas tres campañas” y que “una vez superadas las duras condiciones actuales, el futuro mediato tendrá mejores perspectivas”.

No obstante, reconoció que “para ello será necesario construir puentes transitorios con herramientas financieras que permitan llegar, con capital de trabajo, a la campaña gruesa 2024“.

El anuncio del nuevo “dólar soja” que presentará el Gobierno en los próximos días, fue recibido con cierta cautela por la industria exportadora y algunas gremiales del campo.

Pero mientras algunas entidades esperan conocer en detalle la “letra chica” del nuevo tipo de cambio diferencial para el agro, Federación Agraria Argentina (FAA) salió a criticar con dureza la medida.

A través de un comunicado, la entidad presidida por Carlos Achetoni rotuló a la medida como “otro episodio de una perversa saga de terror”.

Los federados consideraron que una medida de estas características “sería un completo y absoluto error, una equivocación imperdonable”.

La entidad advirtió por el alcance de estos anuncios. “Se trata de una medida que nos afecta a todos los productores, en especial a los pequeños y medianos, que nos impacta de lleno en la línea de flotación, en medio de los tremendos efectos de diversas inclemencias climáticas”, remarcaron.

Desde FAA no ahorraron críticas para el oficialismo. En este sentido, explicaron que además de no poder resolver los problemas que generó la sequía, todavía no se efectivizó casi ninguna de las medidas de apoyo al sector anunciadas por el Gobierno.

“De hecho, para aplicarla, el gobierno destinaría miles de millones de pesos, mientras siguen dilatando los apoyos que comprometieron para los miles que estamos destrozados por la sequía, las heladas y las granizadas”, argumentaron.

EFECTOS NEGATIVOS 

Luego de remarcar que con esta decisión solo se beneficiarán “amigos del poder” y el Estado, afirmaron que generará una serie de efectos negativos en toda la cadena de valor agropecuaria.

“Esta medida distorsionaría todo el escenario en el que sobrevivimos quienes producimos, provocaría subas en los arriendos, en los precios de los alimentos y fertilizantes”.

Y agregaron: “Complicaría así a pequeños ganaderos, tamberos, agricultores tradicionales, agricultores familiares y a todos los productores de las economías regionales“.

En un contexto de sequía, uno de los problemas que pueden presentarse en el manejo del lote es que aumente el efecto residual de los herbicidas sobre cultivos sensibles, conocido como “carryover”.

Ante esta problemática, la Red de Manejo de Plagas  (REM) de Aapresid advirtió sobre el aumento en los riesgos de fitotoxicidad en cultivos próximos a sembrarse, por restos de herbicidas residuales presentes en el suelo.

“Si bien existen factores del suelo, del herbicida, y condiciones ambientales que lo regulan, el contenido de humedad del suelo, unido a la ocurrencia de lluvias, se destacan entre los principales”, explicó el especialista Francisco Bedmar.

El periodo de carryover es el tiempo que un herbicida permanece en el suelo a concentraciones fitotóxicas para los cultivos. Bedmar explicó que hay cuestiones prácticas a tener en cuenta y que determinan mayor o menor riesgo.

Una de ellas es la tolerancia del cultivo a sembrar -así como el momento de aplicación- a fin de establecer cuáles fueron las condiciones de lluvias acumuladas y temperaturas entre la aplicación y la siembra.

ASPECTOS DEL HERBICIDA

Existen aspectos del producto que afectan su comportamiento y expresión. Uno de ellos es el coeficiente de absorción, que indica el grado de retención del herbicida en el suelo. “Cuanto menor es el valor, menor la retención, y por tanto, mayor el riesgo de carryover”; explicó el especialista.

Otro factor es la residualidad de un herbicida, que determina la ventana de control de malezas, pero también efectos posteriores de toxicidad sobre cultivos y de contaminación del agua subterránea.

La persistencia se estima a través de la vida media, que es el tiempo que tarda en degradarse la mitad de la cantidad inicial de herbicida aplicado. A mayor vida media mayor persistencia en el suelo y, por tanto, más riesgo de carryover. Es el caso de productos de alta residualidad, como Sulfentrazone o Biciclopirona.

ASPECTOS DEL SUELO

Hay propiedades del suelo que regulan el comportamiento de los residuales: humedad, contenido de materia orgánica, textura y pH. El informe de la REM brinda un detalle del riesgo de carryover que muestran los herbicidas según su tipo de ionización frente a distintas condiciones de suelo.

Para todos los tipos de residuales, los mayores riesgos de carryover, se asocian, con aplicaciones en suelos con baja humedad, sobre un 40-50% de capacidad de campo); bajo contenido de materia orgánica (menor a 2%) y elevado contenido de arena, entre  60% y70%.

PAUTAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE CARRYOVER

La REM elaboró una serie de medidas de manejo para reducir riesgos

• Antes de alquilar un campo, recabar información sobre aplicaciones de residuales previas;
• Aplicar las dosis aprobadas y respetar las restricciones sobre rotaciones;
• Tener en cuenta cultivos futuros al momento de planificar la aplicación;
• Tener en cuenta las condiciones climáticas entre la aplicación y la siembra del cultivo posterior;
• Rotar modos de acción para impedir fenómenos de acumulación o stacking;
• Sembrar cultivos tolerantes;
• Realizar bioensayos o análisis químicos

En el mismo informe en que los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del IERAL de Fundación Mediterránea, estiman que el ingreso de divisas por exportaciones caerá en U$S 18.000 millones por la sequía, también calculan que esto derivará en una pérdida de U$S 4.400 millones para el Gobierno debido a una menor recaudación de retenciones.

Pero esta rápida lectura puede llevar a un error de conclusiones: que el Estado perciba menos dinero por la producción agropecuaria, no significa que deje de recibirlos.

Pese a la catástrofe productiva, los ingresos solo por derechos de exportación se aproximarán a los U$S 5.300 millones, pero un indicador aún más fiel es que, en cualquier escenario productivo, el Estado se lleva más dinero de una hectárea que un productor.

Y lo que es peor, cuanto más caen los rindes, mayor es la tajada que acapara el Estado. Esto coincide con el último informe de participación del Estado en la renta agrícola elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

MÁS QUEBRANTOS

“Por la magnitud del traspié productivo, en esta campaña los resultados económicos serán negativos en muchos establecimientos agrícolas del país”, advierten Garzón y Artusso en su análisis.

A partir de modelos de referencia estiman que, en la región extra pampeana, una pérdida de rindes superior al 15%/20% de los valores normales, lleva a una situación de quebranto a productores arrendatarios; y si la pérdida se acerca al 50%, los quebrantos son muy fuertes, del orden de los U$S 340 por hectárea.

En este ámbito geográfico, también enfrentan quebrantos los productores propietarios que tengan pérdidas de entre 40% y 50%.

Por su parte, en zona núcleo, productores propietarios pueden conservar números positivos con pérdidas del 50% de la producción, aunque debe notarse que justamente en esta zona es en la que se están observando ajustes de rindes aún mayores.

“Por el contrario, quienes arrendaron campos en zona núcleo pagando altos arrendamientos tendrán quebrantos muy fuertes, por caso, de U$S 576 por hectárea, en un escenario de rindes al 50% de los normales”, agregan los investigadores.

RENTA AGRÍCOLA

Respecto a la distribución de la renta que puede producir un establecimiento agrícola en esta campaña, entre sus participantes más relevantes (productores, propietarios de tierras, Estado), “el caso del Gobierno es probablemente el más interesante”, anticipan.

¿Por qué? Porque salvo que se pierda toda la cosecha, el Estado siempre logra extraer recursos de la actividad, por alguno o varios de los impuestos que cobra, cosa que no sucede con los productores (particularmente arrendatarios), que entran en quebranto cuando la productividad se aleja de la normal.

“En todos los casos de rindes posibles analizados, el Estado obtiene más recursos que un productor propietario, ampliándose la diferencia a mayor caída de rindes”, subrayan Garzón y Artusso.

Por ejemplo, con rindes 30% por debajo de los normales, el Estado recauda U$S 4,5 dólares por cada dólar ganado por el productor (zona extra pampeana); y con rindes 50% inferiores a los normales, el propietario perderá U$S 96 por hectárea, contra una recaudación de U$S 231 del Estado a través de las distintas ventanillas impositivas.

“Esta asimetría se hace mucho más notoria en el caso de arrendatarios, cuya renta se hace negativa rápidamente frente a una caída de rindes medios, mientras siguen generando flujos relevantes de recaudación para el Estado”, completan los economistas.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) apuntó este martes contra el Gobierno por el reparto del Fondo de Fortalecimiento Apícola, realizado en febrero pasado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la oportunidad, se distribuyeron $ 180 millones entre seis asociaciones y cooperativas, con un monto de 30 millones cada una, de manera “discrecional”, según denunció CRA.

A raíz de esta situación, la entidad afirmó que sus apicultores asociados “se sienten discriminados”, y que el fondo había sido anunciado en su momento a través del Consejo Federal Apícola como “una salvación al sector para todos los problemas”, pero que en la práctica está lejos de serlo.

RECURSOS ESCASOS

De acuerdo con la interpretación de CRA, “además de resultar la distribución inequitativa, el fondo resulta escaso”.

Para justificar su opinión, calculó que, según el Registro Nacional de Productores Apícolas, hay en el país 17.015 apicultores oficialmente registrados, que producen con 3,79 millones de colmenas, lo que significa que con $ 180 millones apenas se logra asistir con $ 47,45 a cada colmena “para paliar la grave sequía”.

Como parámetro de lo insuficiente de este fondo, CRA señaló que cada colmena se lleva unos 15 kilogramos de azúcar por año (siendo restrictivo), mientras que el kilogramo de azúcar cuesta $ 220; es decir, $ 3.300 por año.

“Los productores apícolas confederados, que han sido tan afectados por la sequía como el resto, han sido discriminados ante un escaso fondo distribuido discrecionalmente”, insistió la entidad.