Saladillo Campo

El campo volvió a rechazar que el precio de la carne sea una de las causas de la inflación y advirtió que el valor que recibe el productor «está visiblemente atrasado», según un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas(CRA).

La entidad rural aclaró que, en todo el año, el precio de la carne aumentó sólo un 42% y alertó que, por el atraso de precios, «el panorama para el 2023 es muy complicado para la producción ganadera y podría haber escasez en la oferta «.
«En un contexto económico complejo, el precio de la carne no ha aumentado respecto a la inflación anual y ha quedado por debajo y lo que recibe el productor está visiblemente atrasado», añade la declaración.

La CRA sostuvo que el precio de la hacienda en pie «ha vuelto a caer y solo en noviembre se depreció un 3,73 % y cada vez pierde mayor terreno respecto de la inflación que no deja de crecer «.

«En diciembre, con todo lo que suele significar habitualmente el último mes del año, el precio minorista de la carne vacuna estuvo estable o se movió levemente con respecto a noviembre y los aumentos no superaron el 1,5%», explicó la entidad que integra la Mesa de Enlace.

La declaración recordó que «se culpaba a la carne del aumento de la inflación, y por eso se prohibió la exportación de los siete cortes y aún así, en este contexto inflacionario y a pesar del estancamiento de su precio, el consumo de carne sigue cayendo».

El precio de la carne no causa inflación

«El problema era y es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y resaltamos que el productor no es formador de precios «, añadió la CRA.

La entidad consideró que es «es necesario dar a conocer y explicar la dinámica de los mercados, porque así como se resalta una vez más que la carne no es la mala de la película, también es imperioso destacar que la actividad ganadera necesita de estímulos económicos para poder producir».

Los productores nucleados en CRA agregaron que «este combo de bajos precios internacionales, sumado al escaso poder de compra por bajos salarios, alta inflación y la sequía, pueden terminar con el precio del gordo y provocar el lógico reordenamiento de precio, cuando este se retrasa y la oferta disminuye».

Lo prometido es deuda, dice la popular expresión. En este caso, y pese a la infinidad de dudas que generaba el compromiso oficial entre los empresarios -más aún considerando que se trataba de acceder a un bien escaso como es hoy el dólar-, el Gobierno cumplió con su palabra y comenzó a liberar, hace más de diez días, un conjunto de permisos de importación que estaban frenados y que ponían en riesgo la producción de muchas empresas.

«Si firman el convenio, van a poder importar con mayor facilidad y acceder a las divisas en menos tiempo», les había planteado a las compañías el ministro de Economía, Sergio Massa, en un escenario en el que las famosas SIRAs no estaban saliendo y las que se aprobaban, tenían fecha de pago a 180 días.

Aunque ya estaba vigente el acuerdo en las cadenas de supermercados, las empresas se resistieron un tiempo a firmar, pero luego concretaron y eso les permitió visualizar una mayor flexibilización en el ritmo de aprobación de las SIRAs y un menor plazo para acceder a las divisas oficiales, según un relevamiento con las principales firmas de consumo masivo.

«Firmamos a mediados de diciembre, nos aprobamos las SIRAs que necesitamos y además unas de unos proveedores que nos podían parar la producción. Estuvimos en situación crítica, pero luego de la firma eso se normalizó. Ahora veremos cómo sigue, pero hasta enero/febrero estamos bien con los insumos», dijo una fuente de una de las empresas. En otra compañía explicaron que tenían trabadas un grupo de SIRAs y les aprobaron casi la totalidad y a los plazos acordados con los proveedores, que oscilan entre los 30 y los 90 días.

«Si bien es una buena señal, hay que ver cómo sigue para adelante, ya que la cantidad de pedidos de importación que hay es muy grande, pero empieza a destrabarse», dijeron en esa empresa.

«Más que por haber firmado la participación en Precios Justos, lo que no quieren es tener problemas con el abastecimiento del programa, y eso va atado a la aprobación de las importaciones», precisó el directivo de otra firma alimenticia, tras coincidir en que «se liberó lo más crítico para evitar quiebres de stock».

Para las alimenticias no sólo era importante la liberación de los permisos, sino también, y no menos importante, la reducción de los plazos de pago, ya que hasta a las grandes empresas se les estaba complicando obtener financiación a seis meses de sus proveedores o de entidades bancarias. En muchos casos, les habían cortado las entregas hasta que no cumplan con los pagos de las deudas.

Las pequeñas y medianas empresas están en peor situación, pero a estas firmas se les suele aprobar con plazos menores.

Desde la Secretaría de Comercio, en tanto, aseguraron que ya hay firmados convenios con 128 empresas y eso les permite salir a fiscalizar. Sin papeles, el Gobierno no tenía forma de imponer una multa si detectaba alguna infracción. Respecto del cumplimiento de Precios Justos, las fuentes consultadas afirmaron que los precios se están cumpliendo, el abastecimiento mejoró -aunque todavía hay que trabajar en eso- y lo que más está costando es la señalética, donde están analizando de qué forma reforzar la visualización del plan.

Los supermercados plantean sus quejas de que el abastecimiento está flojo, en torno al 60%, pero en el Gobierno afirman que ronda el 80% y que cuando avizoran algún problema, contactan a la empresa y lo que reciben como respuesta es que entregaron menos porque la falta de importaciones afectó la producción.

El alimento que sí está con problemas de abastecimiento más complicado es el aceite, pero tiene que ver con la finalización del fideicomiso privado que subsidiaba el precio del producto en el mercado interno y la indefinición de cómo va a continuar. Por lo pronto, las empresas aceiteras dejaron de entregar a los supermercados porque no tienen garantizado el subsidio.

Por Natalia Donato

 La Cadena Láctea Argentina dio a conocer un comunicado en el que sostiene que el sector atraviesa una situación crítica, agravada en los últimos meses y con resultados negativos que generan preocupación.

«Aun así, los 365 días del año, 10.076 productores lecheros de las 14 cuencas del interior del país, 670 industrias y cientos de miles de trabajadores del campo, la industria y el transporte contribuyen con su trabajo y esfuerzo para que la leche y los productos lácteos de calidad lleguen a la mesa de cada uno de los argentinos y argentinas.»

«Lo hacemos porque amamos nuestra actividad y porque entendemos la responsabilidad que conlleva. Por eso trabajamos con compromiso, tanto social como ambiental, pudiendo dar cuenta de ello a cada uno de los habitantes de Argentina y del mundo que disfrutan los más de 11.000 millones de litros de leche que producimos anualmente y que son transformados en productos de calidad».

Hoy, la actual situación de sequía generalizada, que afecta a la totalidad de las cuencas lecheras del país, nos está golpeando fuerte. El impacto en los costos de producción por este efecto combinado con medidas como el «Dólar Soja» ya supera el 13%, y se suma a un aumento inflacionario en dólares del 20%, que acelera la caída en la generación de valor de la cadena que en octubre de este año, fue negativa en 5.001 millones de pesos. Esta situación pone en un estado de vulnerabilidad a los tambos de menor escala, menos de 4000 litros de producción de leche por día, que reúnen al 64,1% del total de tambos del país.

La cadena sostiene » este escenario nos plantea un desafío grande, muy grande: tenemos que redoblar los esfuerzos para sostener el funcionamiento del sistema. La Cadena Láctea Argentina realiza un aporte de importancia en la generación de riqueza para nuestro país, generando 200.000 puestos de trabajo, adoptando tecnología, apostando al crecimiento productivo y al bienestar animal; y en la línea del crecimiento sustentable en la que está alineada, tiene potencial para crecer y seguir innovando si se liberan las condiciones para que esto suceda. El sector exportó en los primeros 10 meses de 2022, 344.000 toneladas por un valor de 1.400 millones de dólares, sin dejar de abastecer las necesidades de argentina»

«Estamos convencidos de que los tiempos actuales nos exigen del trabajo conjunto de la sociedad para poder convertir este potencial en una realidad. En este sentido, es fundamental el compromiso de los trabajadores, productores, industriales, comerciantes y consumidores para definir acciones y alternativas superadoras que impulsen la actividad»

Finaliza el comunicado sosteniendo que se necesita una Cadena Láctea que pueda manejarse productiva y comercialmente en libertad generando más valor para nuestro país. » Es por esto que la época que atravesamos, nos convoca a trabajar unidos como sociedad, en conjunto con los estados nacional y provincial para así enfrentar los desafíos que el contexto nos plantea.»

 La Secretaría de Agricultura fijó la fecha y el horario de cierre de la segunda edición del denominado «dólar soja», que deberán tener en cuenta los productores que liquiden divisas en los últimos días de esta iniciativa.

A través de la Resolución 277/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo brindó algunas precisiones con relación a la nueva etapa del Programa de Incremento Exportador (PIE).

Así, dispuso que ese Programa abarca a las liquidaciones primarias y secundarias de granos cuya fecha de fijación de la operación esté comprendida entre el 27 de noviembre -fecha en la cual entró en vigencia- y el viernes 30 de diciembre, «en la medida que la fecha de emisión de las citadas liquidaciones no sean posteriores al 2 de enero de 2023».

Por su parte, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) podrán ser registradas hasta las 11:00 del martes 3 de enero, debiendo cancelarse los derechos a la explotación correspondientes hasta 48 horas después. En ambos casos, la liquidación de divisas para el pago de las operaciones podrá ser realizada hasta las 15:00 del viernes 30.

Según la nueva Resolución, los permisos de embarque que no estén incluidos bajo el alcance de la Ley Nº 21.453 del Programa de Incremento Exportador, contarán con una prórroga de 60 días a partir del vencimiento del período inicial de 30 días.

La segunda etapa del «dólar soja» contempla un tipo de cambio diferenciado para los productores, de $230; hasta el momento, se comercializaron más de 5 millones de toneladas de la oleaginosa y se liquidaron cerca de US$ 3.000 millones al amparo de esta edición del PIE.

Durante la primera edición, que se llevó a cabo en diciembre, los productores comercializaron casi 14 millones de toneladas por un total de US$ 8.125 millones, de acuerdo con cifras oficiales.

El programa beneficia a aquellos productores que hayan exportado en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a su entrada en vigencia.

Hoy se publicó en el boletín oficial la nómina de quienes fueron habilitados para acceder al beneficio que cuenta con un aporte total de $1.730 millones. Con este beneficio y el Programa de Incremento Exportador, el Estado alcanzó el objetivo de llegar todos los pequeños y medianos productores

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 276/2022 con la nómina de las 1.754 productoras y productores que fueron beneficiarios del Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz, con un aporte total de $1.730 millones.

En este sentido, Bahillo destacó que «la buena noticia que muestran estos números es que muchos pequeños y medianos productores sí ingresaron al Programa de Incremento Exportador de septiembre, un objetivo que había sido puesto en duda por algunos sectores».

«El PIE no solo no llegó tarde, sino que ratifica el éxito de la medida, que le permitió a productores poder liquidar soja a un valor más competitivo e incrementar las reservas del país», afirmó Bahillo al resaltar que «al mismo tiempo, con este programa de fortalecimiento, se logró que aquellos que efectivamente no hayan alcanzado a vender, el Estado los compensa con este beneficio para pequeños y medianos productores de soja y maíz».

Cabe señalar que los requisitos para acceder al beneficio eran estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA); haber declarado en el SISA, hasta el 30 de septiembre inclusive, para la campaña 2021/22 una superficie destinada a cultivo de soja de hasta 400 hectáreas, y/o una superficie destinada a cultivo de maíz de hasta 100 hectáreas; no haber realizado ventas de soja entre los días 5 y 30 de septiembre de 2022; y no contar con stock/existencias de soja al día 30 de septiembre de 2022

El campo volvió a rechazar que el precio de la carne sea una de las causas de la inflación y advirtió que el valor que recibe el productor «está visiblemente atrasado», según un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas(CRA).

La entidad rural aclaró que, en todo el año, el precio de la carne aumentó sólo un 42% y alertó que, por el atraso de precios, «el panorama para el 2023 es muy complicado para la producción ganadera y podría haber escasez en la oferta «.
«En un contexto económico complejo, el precio de la carne no ha aumentado respecto a la inflación anual y ha quedado por debajo y lo que recibe el productor está visiblemente atrasado», añade la declaración.

La CRA sostuvo que el precio de la hacienda en pie «ha vuelto a caer y solo en noviembre se depreció un 3,73 % y cada vez pierde mayor terreno respecto de la inflación que no deja de crecer «.

«En diciembre, con todo lo que suele significar habitualmente el último mes del año, el precio minorista de la carne vacuna estuvo estable o se movió levemente con respecto a noviembre y los aumentos no superaron el 1,5%», explicó la entidad que integra la Mesa de Enlace.

La declaración recordó que «se culpaba a la carne del aumento de la inflación, y por eso se prohibió la exportación de los siete cortes y aún así, en este contexto inflacionario y a pesar del estancamiento de su precio, el consumo de carne sigue cayendo».

El precio de la carne no causa inflación

«El problema era y es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y resaltamos que el productor no es formador de precios «, añadió la CRA.

La entidad consideró que es «es necesario dar a conocer y explicar la dinámica de los mercados, porque así como se resalta una vez más que la carne no es la mala de la película, también es imperioso destacar que la actividad ganadera necesita de estímulos económicos para poder producir».

Los productores nucleados en CRA agregaron que «este combo de bajos precios internacionales, sumado al escaso poder de compra por bajos salarios, alta inflación y la sequía, pueden terminar con el precio del gordo y provocar el lógico reordenamiento de precio, cuando este se retrasa y la oferta disminuye».

En los últimos meses el sector en general, y el cultivo de soja en particular, enfrenta un complejo panorama por una sequía que genera un alto impacto en una de las cadenas más competitivas del país.

Este contexto sumerge al productor en una profunda crisis, que sumado a los problemas que viene afrontando por diversas medidas contraproducentes, afectan la producción y su bolsillo acrecentando cada vez más sus necesidades.

Esto, sin duda, también se traducirá en mayor capacidad ociosa de la industria y en menor generación e ingreso de dólares, configurando un drama para nuestra economía nacional con repercusiones en cada eslabón de la cadena.

Es imperativo avanzar con claros paliativos para el sector en el corto plazo para evitar que esta situación genere daños irreparables, y trabajar en una estrategia para arribar a soluciones que, en un futuro generen incentivos para más producción.

Convencidos que somos parte de la solución, la cadena siempre está abierta al diálogo y esperamos poder consensuar medidas urgentes que se hagan eco de las éstas necesidades.

La Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) renovó sus autoridades. La asamblea desarrollada el pasado 1 de diciembre determinó que Ariel Soso, gerente de la unidad de laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario -BCRlabs- será el presidente de la entidad hasta diciembre de 2024.

ASAGA es la institución referente en América Latina en aspectos técnicos y académicos relativos al procesamiento de grasas y aceites, con destino a la alimentación y a la generación de energía sustentable. Tiene entre sus objetivos colaborar con la industria para mejorar la producción y procesamiento de grasas, aceites y derivados; tender redes de cooperación e investigación técnico-científica con organismos públicos y privados, desarrollar vínculos con entidades afines tanto en el orden nacional como internacional y difundir los aspectos relevantes de la especialidad, entre otros aspectos.

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Ariel Soso, quien asumió la presidencia de ASAGA el 23 de diciembre, cuenta con una extensa trayectoria profesional en materia de gestión de calidad. Ingresó a la Bolsa hace más de 17 años, y desde 2016 se desempeña como Gerente de BCRlabs, siendo responsable de las áreas Operativa, Comercial, de I+D y de Control de Gestión. Anteriormente, ocupó el cargo de Jefe de Gestión y Seguridad Alimentaria en Cargill. También participó como miembro de comités técnicos del OAA (Organismo Argentino de Acreditación) e IRAM.