Saladillo Campo

La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina común 000 a la salida del molino y destacó que estos valores «se mantienen 36% por debajo de la inflación» acumulada de los últimos doce meses.

Así, el valor que regirá desde para la harina 000 quedó establecido en $ 2.142 para las bolsas de 25 kilogramos y en $ 84.073,5 en el caso de la tonelada, tomando como referencia un precio del trigo de $ 45.177,39 la tonelada.

Los incrementos fueron oficializadas a través de la Resolución 1029/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial y tienen lugar en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), también llamado fideicomiso del trigo.

Los nuevos precios representan un aumento de 7,58% respecto del último incremento fijado a fines del mes pasado.

Las subas tienen en cuenta como referencia las variaciones del precio FAS del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30% y la de los salarios en el otro 30%.

Los precios son sin impuestos, a la salida del molino y sin costos de entrega; y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.

En el primer semestre del año se autorizó un incremento acumulado del 34,6% para el fondo, y de 78,5% si se lo compara a los valores de junio de 2022, muy por debajo del 104,6% interanual de aumento del precio del pan francés en mayo en el Gran Buenos Aires y del 114,2% de inflación en los últimos 12 meses.

Al respecto, en un comunicado Comercio resaltó que «la actualización del precio de la harina se mantiene 36% por debajo de la inflación».

El FETA se dispuso mediante el Decreto 132/2022 del 19 de marzo del año pasado, «debido el aumento sostenido del precio de los alimentos» que «impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrani

La implementación de los precios subsidiados procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno, «que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan».

El Fondo Estabilizador consiste en un esquema de subsidios a molinos para reducir el precio que pagan por el trigo y así establecer valores más bajos para la harina y los productos elaborados a partir de la misma, como el pan y las pastas.

A principios de este mes, el Gobierno decidió destinar al fondo fiduciario público FETA un importe equivalente en hasta 1,3 puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de la soja y sus derivados.

En el sector agropecuario, a pesar de la severa sequía y las dificultades fiscales, los valores de los arrendamientos de campos agrícolas para el ciclo 2023/2024 ya han experimentado un aumento de hasta un 15%. Diversos expertos consultados sostienen que las expectativas sobre las medidas que podría implementar un nuevo gobierno, como la disminución de las retenciones y la eliminación de restricciones a las exportaciones, son factores que incitan a seguir invirtiendo.

Roberto Frenkel Santillán, presidente de Bullrich Campos, destaca la significativa subida en comparación con el ciclo anterior debido a la gran apuesta del sector agropecuario por un cambio positivo en el panorama. «Existe una gran expectativa de un cambio de gobierno que liberalice el tipo de cambio, establezca un dólar único, reduzca las retenciones y mantenga los valores de los commodities en Chicago», afirmó.

Frenkel Santillán señala que el mercado internacional demanda los tres cultivos principales (maíz, soja y trigo) y los productores argentinos saben que el país tiene la capacidad para proveerlos. A pesar de los obstáculos y las pérdidas ocasionadas por la sequía, los productores mantienen un optimismo fundamentado en las expectativas de un escenario político favorable y condiciones climáticas más favorables con la posible llegada del fenómeno de El Niño y buenas lluvias.

El presidente de Bullrich Campos también destaca la presencia de nuevos inversores que buscan diversificar el riesgo de sus inversiones y que están dispuestos a pujar en el mercado inmobiliario rural. Estos inversores externos al sector agropecuario, atraídos por los pools de siembra, tienen una gran capacidad financiera y poder de compra de insumos, lo que influye en el incremento de los valores.

Mariano Maurette, responsable de Campos de Alzaga, Unzué y Cía., comenta que a pesar de la sequía, hay un interés firme en los buenos campos agrícolas, lo que ha llevado a pagar un quintal y medio más por los alquileres. Los productores mantienen un optimismo cauteloso, sembrando con retenciones en la esperanza de cosechar con retenciones más bajas y buscar recuperar el terreno perdido.

Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios, destaca que el interés de los arrendatarios se mantiene sólido, mientras que los propietarios valoran tener inquilinos responsables y cumplidores. Además, la expectativa de condiciones climáticas más favorables y un posible gobierno que brinde alivio a la producción son factores que influyen en las decisiones de los propietarios de campos.

En resumen, a pesar de los desafíos provocados por la sequía, el sector agropecuario argentino experimenta un aumento en los precios de los arrendamientos de campos agrícolas debido a las expectativas generadas por un nuevo gobierno. Las perspectivas de una posible reducción de las retenciones y el levantamiento de las trabas a las exportaciones motivan a los inversores y productores a seguir apostando en el sector, mientras que nuevos actores externos buscan diversificar sus inversiones y presionan los valores al alza.

La soja inició hoy en alza la rueda en el mercado de Chicago por la nueva desmejora de los cultivos reportada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su informe semanal.

Así la oleaginosa se ubicaba en US$ 551,98 la tonelada para los contratos de julio, lo que significaba una suba de US$ 9,19 y un 1,69% en la apertura del mercado.El informe de ayer del USDA ponderó el 54% de la soja estadounidense en estado bueno o excelente, por debajo del 59% de la semana pasada; del 68% de igual momento del año pasado, y del 57% estimado por los privados.

En Illinois y en Iowa, los dos principales estados productores de soja, están en estado bueno o excelente el 33% y el 56% de los cultivos, contra el 47% y el 66% del reporte anterior y frente al 66% y al 80% de 2022 para la misma fecha.

«Las subas de la soja y de la harina se dan pese a la fuerte caída del valor del aceite, que reacciona así frente a un mandato de corte con biodiésel para el período 2023/2025 en Estados Unidos que sería menor al esperado por la industria y por el sector productor», destacó la consultora Granar.

Por su parte, el maíz cotizaba a US$ 261,11 también en los contratos de julio, lo que significaba una suba de 3,03% y US$ 7,68.

Esta suba se da también luego de que el USDA relevó un fuerte deterioro de la condición de los cultivos estadounidenses, como consecuencia del impacto del tiempo seco y cálido sobre buena parte de las zonas productoras.

En su reporte el organismo ponderó un 55% del maíz en estado bueno o excelente, por debajo del 61% de la semana anterior; del 70% de igual momento de 2022, y del 59% estimado en promedio por los operadores.

En Iowa y en Illinois, los dos principales estados productores de maíz, están en estado bueno o excelente el 59% y el 36% de los cultivos, contra el 70% y el 48% de la semana pasada y frente al 83% y al 71% de igual momento de 2022, respectivamente.

En tanto, el trigo registraba un precio de US$ 263,27 la tonelada, con un incremento de US$ 7,62 y 2,98%.

También en este caso, el aumento es por el inesperado deterioro de los cultivos de primavera reportado por el USDA en su informe semanal, donde redujo del 60% al 51% la proporción de plantas en estado bueno o excelente, frente al 59% de 2022 para la misma fecha y al 60% estimado por los operadores.

Suman a la tónica alcista lluvias sobre zonas de Kansas donde debe avanzar la cosecha de los trigos de invierno.

Al respecto, el USDA relevó su progreso sobre el 15% del área apta, contra el 8% de la semana pasada; el 23% de 2022 para la misma fecha; el 20% promedio, y el 16% previsto en promedio por los privados.

Uruguay está atravesando una sequia histórica, la peor en 100 años, que obligó al gobierno a declarar dos emergencias en menos de un año, en un primer momento, una agropecuaria para paliar los efectos del déficit hídrico sobre el principal motor de la economía nacional y, hace unos pocos días, una hídrica que afecta, principalmente, a Montevideo y la zona metropolitana.

A mediados de marzo, la Agencia Americana de Océanos y Atmósfera (NOAA, por sus siglas en inglés) había anunciado que el fenómeno de La Niña -un fenómeno climático que se unió a la sequía y empeoró el estado del Uruguay- había terminado y que comenzaría una fase neutral de lluvias donde se normalizarían las precipitaciones. Sin embargo, incluso a finales de junio, las precipitaciones siguen siendo todavía muy escasas provocando que varias zonas del país tengan inconvenientes para el acceso de agua potable y que el agro no pueda recuperar los suelos apaleados durante el verano.

Emergencia agropecuaria

A finales de octubre del año pasado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró una emergencia agropecuaria debido a un déficit hídrico crítico que venía afectando a los campos, el motor principal de la economía de Uruguay.

La sequía en Uruguay le provocó al agro una pérdida de más de 1.800 millones de dólares.

En este sentido, la afectación en los suelos ya se comienza a sentir en los números de las exportaciones de bienes del país, principalmente en el rubro de la carne vacuna y la soja. 

Según informó Uruguay XXI, las exportaciones de bienes de Uruguay tuvieron un fuerte retroceso interanual en el mes de mayo, con una caída del 31% respecto al mismo mes del año pasado y llegando a un acumulado del 14% en lo que va del año.

Por otro lado, la sequia le provocó al agro una pérdida de 1.800 millones de dólares, convirtiéndose en el peor siniestro en la historia del Banco de Seguros del Estado que tendrá pagar, según el dato actualizado a marzo y que tendrá una nueva actualización en junio, 95 millones de dólares.

Emergencia hídrica

Desde marzo, Uruguay vive con el temor de quedarse sin agua potable por el déficit hídrico. Esto provocó que el gobierno tome medidas desesperadas frente a una situación que se agravó, principalmente en el área metropolitana y la intendencia de Montevideo.

A finales de abril, el directorio de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) había decidido aumentar los niveles de salinidad en el agua con el objetivo de hacer que las reservas, cada día más escazas, duren más tiempo. En ese sentido, a principios de mayo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) autorizó un nuevo incremento en las medidas, que pasaron a 400 mg/L de sodio y 700 mg/L de cloruro en el agua.

Por otro lado, las reservas de Paso Severino, la principal cuenca que alimenta la zona metropolitana del país, se encuentran en el 4,4% del caudal normal. través de Comunicación Presidencial, la reserva de la represa de Paso Severino estaba en 2.887.394 metros cúbicos, cuando el caudal normal es de 65 millones de metros cúbicos. Esto provocaría, en caso de que no aparezcan las lluvias suficientes, que Montevideo se quede sin agua potable en menos de una semana.

En este contexto, el lunes el presidente Luis Lacalle Pou anunció una emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana. La emergencia hídrica contiene medidas como el estudio del Ministerio de Salud Pública (MSP) que analizará hasta dónde es posible elevar los niveles de sodio y cloruro del agua potable para garantizar el suministro. 

Por otro lado, este miércoles se votará la exoneración de impuestos para el agua embotellada en el Parlamento y se extendió el suministro gratuito de dos litros de agua por día para beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).