Saladillo Campo

 Los sindicatos, enfrentando un escenario de incertidumbre económica sin precedentes, están presionando para que los acuerdos salariales se actualicen mensualmente y estén vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta tendencia ya ha sido adoptada por la Asociación Bancaria, la Federación de Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras que otras actividades buscan revisar los aumentos previamente pactados.

La Secretaría de Trabajo, bajo la dirección del macrista Omar Yasin, se encuentra en una encrucijada, ya que su estrategia se enfoca en desindexar los salarios de la inflación. Esta táctica, que apunta a una licuación salarial, se topa con la dura realidad de los gremios que demandan acuerdos más cortos y con cláusula gatillo. La Secretaría, a pesar de la presión sindical, busca mantener una política de no indexación salarial.

Por un lado, la Federación de Aceiteros acordó un significativo aumento salarial, mientras que la Asociación Bancaria y la UOM han asegurado acuerdos que se ajustan al incremento de la inflación. Estos casos resaltan la complejidad de las negociaciones salariales en un contexto económico volátil.

La postura del gobierno, evidenciada en las palabras del vocero presidencial Manuel Adorni, asegura que las paritarias serán libres, pero la realidad sugiere una estrategia diferente. Los intentos por desvincular los salarios de la inflación y el retraso en la convocatoria del Consejo del Salario son indicativos de un enfoque que podría llevar a una disminución de los salarios reales.

Los sindicatos, como la Federación de gremios de la Alimentación, están preparados para entrar en una dinámica de revisiones constantes para mantener los salarios alineados con la creciente inflación. Esta situación, junto con la revisión de los bonos de fin de año por parte de sindicatos como el de Camioneros, muestra una clara respuesta a la falta de una política salarial definida por parte del gobierno.

La incertidumbre domina el panorama actual de las negociaciones salariales en Argentina. Sin una política clara del gobierno de Milei, los sindicatos se mantienen alerta y listos para ajustar sus acuerdos conforme a las fluctuaciones económicas, marcando un período de negociaciones salariales intensas y dinámicas.

Este plan, ideado por Luis Caputo y su equipo, implica un ajuste cinco veces mayor al exigido por el Fondo Monetario Internacional para 2024, acompañado por un salto devaluatorio.

El plan económico del Gobierno contempla una liberación inmediata de precios relativos, la eliminación de trabas a las importaciones y un overshooting cambiario. Estas medidas, junto con un fuerte ajuste fiscal, buscan servir como anclas ante los mercados. Sin embargo, se espera un impacto negativo en la inflación, el poder adquisitivo, la pobreza y la actividad económica en general.

El Ministerio de Economía aspira a que la brecha cambiaria no se dispare nuevamente y que la inflación no compense el salto devaluatorio. Se anticipa que la inflación podría duplicar el ritmo de noviembre, con incrementos significativos en los precios.

Las medidas incluyen un recorte considerable en varios gastos: la obra pública se reduciría al 60% de lo ejecutado en 2023, y las transferencias corrientes a provincias y los subsidios a la energía y al transporte también experimentarían reducciones significativas.

El Gobierno espera compensar el impacto inflacionario y en la actividad con una brecha cambiaria contenida y un proceso de acumulación de reservas. Se menciona un preacuerdo con cerealeras para liquidar USD 5.000 millones y un posible financiamiento del Fondo Monetario y bancos internacionales.

El plan ha generado lecturas variadas en el mercado, con dudas sobre la viabilidad de un ajuste fiscal de tal magnitud. Consultoras como LCG y el Iaraf han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de realizar recortes fiscales sin reformas estructurales y han señalado las implicancias sociales de estas medidas.

Oxford Economics ha expresado dudas sobre la viabilidad del ajuste fiscal propuesto y anticipa un posible riesgo de default si los esfuerzos no tienen éxito. Mientras tanto, desde el CEPA se analiza que una parte significativa del ajuste recaerá sobre los trabajadores, jubilados y pymes.

El plan económico del Gobierno de Javier Milei, liderado por Luis Caputo, representa un cambio drástico en la política económica de Argentina, con un fuerte enfoque en el ajuste fiscal y la acumulación de reservas. Aunque se espera que estas medidas estabilicen la economía a largo plazo, su impacto inicial en la inflación y la actividad económica podría ser significativo, generando preocupación entre diferentes sectores de la sociedad y los analistas económicos.

El ministro de Economía presentó un «Plan de Emergencia Económica

El equipo de gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo a la cabeza del Palacio de Hacienda, llegó para poner fin a muchas de las políticas implementadas por el kirchnerismo en los últimos cuatro años, sobre todo en materia económica.

Durante la primera semana de gobierno, el flamante ministro de Economía presentó un «Plan de Emergencia Económica» que incluye medidas que pretenden lograr la reducción del déficit fiscal, el sinceramiento de tarifas y la corrección monetaria.

Tras la finalización del programa Precios Justos, las empresas de consumo masivo aumentaron fuertemente los precios para intentar recomponer sus márgenes de rentabilidad que venían atrasados. Antes, también habían finalizado los Precios Justos de la Carne, con sus siete cortes a precios económicos.

Pero la aceleración de la inflación, potenciada por la devaluación de más del 50%, hizo que el Gobierno dialogue con los privados la posibilidad de hacer acuerdos voluntarios en algunos productos; por ejemplo, en la carne, un alimento muy consumido por los argentinos que en lo que va de diciembre sufrió un aumento de más del 40% en el Mercado de Cañuelas y el precio de venta al público de la carne vacuna subió en el AMBA más de 30% en ese mismo período.

Para este mes, las estimaciones indican que la inflación sería superior al 20%, lo que haría que 2023 termine con un valor acumulado cercano al 200%.

La propuesta que le acercó el consorcio de exportadores de carne ABC al Gobierno incluye la posibilidad de colocar una gran cantidad de volumen de cinco cortes a precios fijos en los supermercados, a valores 40% inferiores que los que se encuentran actualmente en las carnicerías, donde el kilo cuesta entre $6.000 y $7.000. El objetivo de esta medida, es garantizar el abastecimiento para las fiestas de fin de año a precios accesibles.

Los cortes, que comenzarán a venderse desde la semana próxima en algunas cadenas de supermercados, son los siguientes: matambre ($5.900); vacío ($5.900); asado ($4.900); tapa de asado ($4.900) y falda ($2.900), con un adicional del 6% para la región patagónica.

Estos precios se encuentran hoy en los supermercados, pero desde el consorcio ABC remarcan que los precios actuales «no reflejan todos los aumentos de la última semana», dando a entender que, sin este acuerdo, subirían bastante más en los próximos días. «Los precios acordados pueden ser parecidos a los que se observan hoy en algunas cadenas, pero tener cantidades a esos precios no es menor; además, son 40% más bajos que los de las carnicerías», remarcó el ejecutivo de un importante frigorífico.

Hasta el momento, los supermercados que aceptaron la propuesta con Carrefour, Changomás y Cencosud. La Anónima y Coto la rechazaron porque ellos mismos son productores de carne.

«Nos sirve porque nos asegura volumen y calidad a un precio contenido. Mantiene un buen diferencial entre canales y al Gobierno le sirve porque le pone un ancla al canal tradicional, es decir, a las carnicerías», aseguraron en una cadena, que recibiría por semana casi el doble de carne de lo que tenía durante el acuerdo pasado de los siete cortes.

A partir de ahora, la Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, analizará los convenios que ofrezcan los privados. «No serán planes del Gobierno, sino propuestas voluntarias. Nosotros ayudamos a armarla», aclararon fuentes de la secretaría.

Según el Índice de Precios al Consumidor  (IPC) de noviembre, la suba de alimentos y bebidas fue el 15,7%, por encima del nivel general (12,8%). En detalle, los cortes de carne en el GBA treparon entre 12% el kilo de cuadril y 16,8% el kilo de asado. Estos precios ya quedaron desactualizados debido a los fuertes aumentos de diciembre, que todavía no concluyeron.

Varios de los productores que marcharon por rutas en el pasado tienen ganas de volver a salir.

Arden los grupos de productores agropecuarios de whatsapp casi con la misma intensidad que durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner cuando se proponían y realizaban enormes tractorazos en las rutas nacionales y provinciales y en las marchas aparecía Patricia Bullrich que no dudaba en sumarse a las manifestaciones en vías para circular a pesar que hoy se ha encumbrado como una dirigente anti piquete.

Si bien los dirigentes de la Mesa de Enlace han expresado públicamente en la puerta de la secretaría de Bioeconomía que conduce el atónito académico Fernando Vilella, que hasta hoy a la mañana no podía creer que el Gobierno del que forma parte haya decidido aumentar las retenciones a los productores agropecuarios, que «no hay que pensar en protestas por esta medida», la realidad indica que muchos productores de la zona núcleo se sienten traicionados por las primeras decisiones de los dirigentes de La Libertad Avanza y no entienden «que tiene de liberal imponer retenciones a los ciudadanos que venden productos de calidad al exterior», según expresó Américo Fernández dueño de un campo en San Pedro.

Es precisamente en esa localidad, como en otras similares de mucha actividad agropecuaria, Leandro N. Alem; General Viamonte; Bragado; General Arenales; Junin; Alberti; Rojas, donde se advierte un fuerte malestar entre productores que se comunican a través de grupos de whats app con sus referentes regionales de las instituciones que integran la Mesa de Enlace a la que acusan de no poner la resistencia necesaria, como mínimo.

Sin embargo, los integrantes de la actividad productiva que más ha reaccionado hasta el momento contra la decisión del gobierno de Javier Milei es la que integran los productores lácteos.

«No damos más, entre los gobiernos kirchneristas, los planteos del gremio, Atilra, y ahora estos muchachos que quieren poner retenciones, todo indica que nos quieren fundir», sostuvo Carla Aranda dueña de un campo donde trabaja para la industria de la lechería y que no puede creer que la próxima semana tenga que volver a reclamar contra una medida similar a la 125 de Martín Lousteau.

En las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) su titular, Carlos Castagnani, decía hace unos días «vamos a tener que ser pacientes con el nuevo gobierno» pero hacia el interior de la organización rural que preside, la paciencia parece estar llegando a su fin.

En los chats a los que accedió NA hay productores de Pergamino y de Entre Ríos que coincidieron en señalar que «los votamos para que desaparezcan y lo primero que hacen es reimplantarlas, peor que Alberto Fernández, no se entiende lo que está haciendo la mesa de desenlace, están escondidos y pidiendo paciencia. No hay más paciencia en la Argentina».

Ex dirigentes agropecuarios con intereses claros en las conducciones de estas uniones rurales como Gabriel de Raedemaker, exvicepresidente de CRA, afirmó a Lapoliticaonline.com que existe «una enorme cuota de preocupación por esta medida de subir este impuesto tan injusto e inútil».

Para Adrián Nogales, un productor de la Federación Agraria, en diálogo con NA dijo «parece que Caputo afirma que las van a terminar sacando, a las retenciones, en una etapa futura de acciones del gobierno de Milei. Pero cuando uno se quema con leche cuando ve una vaca ,llora. Sabes cuantas promesas tengo acumuladas de los políticos y sus economistas…».

Andrea Passerini, productora del oeste bonaerense y referente del sector en CRA, dijo al periodista Nicolás Razzetti del portal Bichos de Campo: «Tienen que entender que la vaca come dólares y produce pesos. Acá van a ir a ordeñar vacas el que pueda sobrevivir, que va a ser una elite del sector. Por supuesto que aplicar derechos de exportación al 15% empeora profundamente la situación de los tambos, porque acá el eslabón que ajusta realmente es el que ordeña y tiene que entregar la leche todos los días».

Para Ariel Ferrari, experto tributarista en las actividades agropecuarias, «hay que establecer un cronograma de disminución de retenciones hasta que desaparezcan como un mal sueño para la principal actividad del país. De hecho es lo que se prometió varias veces».

Para el ex funcionario Juan José Bahillo, antecesor en el cargo de Fernando Vilella, en declaraciones a NA señaló, «Gravar impuestos nuevamente como lo hizo Mauricio Macri en el 2018, a las economías regionales con alícuotas de retenciones, es realmente un desaliento total y absoluto a la producción, la mayoría son pequeños productores» y añadió «nosotros, con la decisión de Sergio Massa, habíamos iniciado un camino y en un sendero muy prudente, donde fuimos bajando retenciones a la lechería, a la vitivinicultura, al arroz, al sector foresto industrial, a la miel, a la nuez, a los cítricos, al maní, entre otros».

La mecha está corta en el campo. Casi ninguno de los productores, en su mayoría votaron al gobierno actual, pueden comprender la reciente decisión de aumentar las retenciones que serán analizadas por los legisladores del Congreso nacional a partir de la semana entrante.

Muchos de los referentes de whats app consultados por este medio señalaron que ahora deberán, «renovar las agendas de los políticos. Parece que vamos a tener que empezar a llamar a los peronistas para que nos defiendan de los impuestazos«.

Por Antonio D´ Eramo

Esta iniciativa es un paso significativo hacia la selección de animales más eficientes y forma parte de una red nacional de evaluación de bovinos que posee el INTA en Argentina.

El consumo residual es una medida fundamental en la eficiencia de conversión de los animales. Esta métrica representa la diferencia entre el consumo observado y el consumo esperado de un animal para un determinado nivel de producción. En el ámbito de la ganadería bovina, aquellos animales que consumen menos y ganan más peso son considerados más eficientes. Con la inauguración del módulo de evaluación de consumo residual de bovinos en el INTA Mercedes, se abre la posibilidad de evaluar y seleccionar estos animales de manera más efectiva.

Participación y Objetivos Institucionales

El acto de inauguración contó con la presencia de destacadas autoridades y referentes del sector, incluyendo a José Rafart, director del Centro Regional Corrientes, y Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA. Rafart enfatizó la importancia de esta iniciativa, destacando su objetivo de lograr «eficiencia con sustentabilidad». Este esfuerzo representa un adelanto a los desafíos futuros, ofreciendo una herramienta vital para valorizar la ganadería argentina.

El INTA, comprometido con la ganadería de precisión, busca ofrecer a los productores regionales acceso a investigaciones avanzadas. Jacques Kraemer, director de la Estación Experimental Agropecuaria Mercedes, destacó que este proyecto forma parte de un esfuerzo mayor hacia la eficiencia individual en animales, con el objetivo de beneficiar económicamente a los productores y contribuir a la preservación del medio ambiente.

Álvarez subrayó la relevancia de esta inauguración, resaltando la necesidad de producir de manera más eficiente y acreditar estos procesos. Este módulo es un ejemplo de co-innovación, crucial para afrontar los grandes desafíos de la ganadería argentina, especialmente en una región como el NEA, que alberga el 17% del stock ganadero nacional.

Nuevas Instalaciones y Capacidades Tecnológicas

María Gabriela Hug, responsable del módulo, explicó que el proyecto surgió de la necesidad de mejorar los recursos y la calidad de los animales. Las nuevas instalaciones incluyen 12 comederos automáticos, cada uno capaz de medir de 6 a 8 animales, permitiendo evaluar hasta 196 animales por año. Esta tecnología avanzada, que incluye caravanas electrónicas de alta frecuencia, aporta una mayor eficiencia en el uso de los recursos ambientales y económicos.

El nuevo módulo de evaluación de consumo residual en el INTA Mercedes es un hito en la ganadería argentina. Esta iniciativa no solo mejorará la selección de animales más eficientes, sino que también representa un avance significativo en la ganadería de precisión, alineando la producción con la sustentabilidad y la innovación tecnológica.

 Esta tendencia, impulsada por desafíos como mercados cambiarios complejos, alta inflación y políticas gubernamentales inestables, ha llevado a muchos a buscar oportunidades en países como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Estados Unidos.

Según un Informe de Nordheimer Campos y Estancias, invertir en campos extranjeros se ha convertido en una opción atractiva para los productores argentinos. Esto les permite mitigar los impactos de las crisis internas y maximizar sus rendimientos. Sin embargo, se enfatiza la importancia de conocer los riesgos y la rentabilidad de cada país antes de realizar inversiones.

Federico Nordheimer, CEO de Nordheimer Campos y Estancias, destaca la experiencia y el conocimiento de los productores argentinos en la agroindustria. Su presencia en campos extranjeros no solo es una estrategia de diversificación, sino que también contribuye al mejoramiento de la agroindustria en otras naciones.

La elección del país para invertir varía según varios factores, incluyendo la estabilidad política y económica, el retorno de la inversión y la familiaridad cultural. Uruguay, por ejemplo, se destaca por su estabilidad, aunque ofrece menores retornos. Paraguay representa una frontera nueva con mayores retornos. Bolivia, a pesar de su reciente inestabilidad política, ofrece valores de tierras competitivos. Estados Unidos, por su parte, es considerado una de las opciones más estables y con buen retorno, aunque presenta desafíos de lejanía y diferencias culturales e idiomáticas.

El estudio resalta que la diversificación en campos agrícolas es la opción inicial preferida por los productores argentinos debido a su menor complejidad en comparación con los campos ganaderos. Además, aspectos como el clima y la familiaridad con ciertas regiones son cruciales en la decisión de dónde invertir.

La inversión en diferentes campos y países es esencial para enfrentar la volatilidad económica global. Esta estrategia no solo busca estabilizar rendimientos en tiempos de crisis, sino que también es fundamental para la mitigación de riesgos en un contexto económico cada vez más incierto.