Saladillo Campo

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) anunció que inscribirá de oficio en sus registros a aquellos trabajadores y empleadores que estén registrados en el Sistema de Seguridad Social, a través de sus declaraciones en AFIP y estén vinculados a la actividad rural.

La medida se oficializó a través de la Resolución 639/2023, publicada el pasado 5 de abril en el Boletín Oficial. Entre algunas de las argumentaciones, señalaron que existen sectores de la ruralidad sin registrarse, situación que deja a muchas familias que pertenecen a ese ámbito sin beneficios y sin cobertura de la prestaciones por desempleo y fallecimiento.

ResoluciÓn Renatre by Andres Lobato

SIMPLIFICAR EL REGISTRO 

Con esta decisión, el organismo señaló que busca simplificar la registración y regularizar la situación en el sector. El presidente de la entidad, José Voytenco, analizó el alcance de esta medida. “La informalidad excluye a las y los trabajadores de sus derechos lo que imposibilita el acceso a los beneficios de la seguridad social”.

En este punto, el directivo consideró que “continuaremos trabajando con todos los recursos necesarios, como las fiscalizaciones y la implementación de la inscripción de oficio que permiten así un incremento de la registración”.

Adrián Luna Vázquez, director y tesorero del Renatre, señaló que si bien en los más de 20 años de existencia inscribieron a una gran cantidad de trabajadores y empleadores rurales, aún existe un alto porcentaje sin registrar. “Decidimos avanzar con esta decisión que permitirá hacer más eficiente la registración de las y los trabajadores”, afirmó.

Cuando iniciaba el mes de noviembre de 2022 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación tomó una decisión excepcional para el mercado del trigo: prorrogó el permiso para que los exportadores pudieran diferir durante un año los embarques del cereal, sin afrontar multas.

En aquella oportunidad su puesta en funcionamiento había generado discrepancias puertas adentro de la Mesa de Enlace.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) salió a criticar la decisión, mientras que Confederación Intercooperativa Agropecuaria Argentina (Coninagro) le dio el visto bueno a la prórroga que estiraba los tiempos por 360 días para los embarques comprendidos entre el 1 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023.

Y ahora, con los efectos de la sequía aún a cuestas, el Gobierno volvió a tomar la misma medida y publicó este miércoles en el Boletín Oficial una nueva resolución que faculta a los agroexportadores para hacer lo mismo con los embarques que tengan fecha desde el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de julio de este año.

LAS RAZONES DE LA DECISIÓN

“En el Informe Técnico producido por el área interviniente de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios se han brindado las razones por las cuales se justifica la medida propiciada, con el fin de prevenir y evitar el desabastecimiento en el mercado interno”, expone la resolución 140 de este miércoles, que lleva la firma del secretario de Agricultura Juan José Bahillo.

Además, la resolución faculta a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios a otorgar también una “prórroga excepcional” de hasta seis meses “para aquellas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo pan que no sean alcanzadas por el presente artículo”.

UNA DECISIÓN QUE HABÍA MARCADO DIFERENCIAS

“Vamos a estar alertas ante las conductas abusivas de la industria molinera y exportadora”, habían sido las palabras de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, cuando se había dado la primera prórroga.

Con su mirada puesta en el precio que recibía el productor por aquel entonces, el dirigente también había sostenido que “el Estado debería garantizar a los productores la misma posibilidad que le está dando a los exportadores”.

“Puede derivar en una demanda cartelizada del mercado”, puntualizó Pino por esos días.

Desde otra de las entidades que componen a la Mesa de Enlace sin embargo habían matizado esos dichos. Desde Coninagro le habían señalado a Infocampo que dicha medida era “oportuna” y que iba “en sintonía con lo que venimos gestionando con los distintos actores en base a los reclamos e inquietudes que nos trasladan los productores”.

“Permitirá que estos embarques puedan hacerse con lo producido en la próxima campaña, y de esta manera no generar complicaciones en los mercados. Esto supone un alivio para los productores y para el sector exportador”, había sido la mirada de los cooperativistas.

Un equipo de investigación compuesto por el INTA, la Secretaría de Agricultura, Aapresid y CREA  presentaron un mapa actualizado sobre la reserva de carbono orgánico que poseen los suelos argentinos en los primeros 30 centímetros de profundidad. El mapa se encuentra disponible en una plataforma online, de acceso libre y es gratuito.

A partir del trabajo, se pudo estimar que los suelos argentinos almacenan 13.300 millones de toneladas de carbono orgánico en los primeros 30 centímetros de profundidad.

“Esto representa aproximadamente el 2 % de la reserva mundial de carbono orgánico estimada por la FAO”, confirmó Juan Gaitán, de INTA. A nivel global, existe un interés creciente por estimar y mapear las reservas de carbono orgánico disponibles en el suelo.

COMO SE ARTICULÓ EL PROYECTO

Un equipo de investigadores recopiló información de alrededor de 5.400 muestras de suelo, hasta una profundidad de 30 centímetros. Las mismas fueron recolectadas en todo el país y procesadas por diferentes proyectos de investigación, entre 2015 y 2022.

Para la elaboración del mapa, utilizaron técnicas de cartografía digital de suelos para estudiar la relación entre los datos medidos en 5.400 sitios y 40 variables climáticas, topográficas, edáficas y de la vegetación. De este modo, se generó un modelo de predicción, que permite estimar la reserva de carbono en los lugares no medidos y obtener un mapa de escala nacional.

De las 16 ecorregiones del país, la Estepa Patagónica, la Pampa y el Chaco Seco son las que contienen las mayores reservas. En total, estas tres ecorregiones representan aproximadamente el 55% del total nacional.

Mientras que los campos y malezales, Esteros del Iberá e Islas del Atlántico Sur son las ecorregiones con menor disponibilidad, con 1,1 % del total.

Por unidad de superficie, la ecorregión Bosque Patagónicos es la de mayor contenido con 130 toneladas por hectárea; mientras que el monte de Llanuras y mesetas es la de menor contenido con 32,5 toneladas por hectárea.

“De acuerdo con los principales tipos de suelo, el almacenamiento por unidad de superficie fue mayor en los suelos de Orden Histosoles, con 108 toneladas por hectárea. Mientras que los suelos Entisoles y Aridisoles son los que almacenan menos COS con 38 y 41 toneladas por hectárea, respectivamente”, detalló Gaitán.

UN TRABAJO EN EQUIPO

“La coordinación interinstitucional fue clave para lograr este trabajo”, señaló Agustín Perez Andrich, director nacional de Agricultura en la cartera agropecuaria nacional. El funcionario destacó que la labor de muestreo de suelos realizada por los delegados de las diferentes provincias, quienes contribuyeron a la elaboración del mapa de almacenamiento de carbono.

“La implementación de buenas prácticas de manejo de los cultivos extensivos en los suelos pampeanos puede maximizar la capacidad de estos suelos para secuestrar carbono, lo que representa una estrategia importante para su conservación, como así también de mitigación del cambio climático”, agregó.

Carolina Sasal, coordinadora del Programa Nacional de Recursos Naturales del INTA, puntualizó que resulta fundamental sostener redes de sitios de monitoreo permanentes y a largo plazo que permitan la actualización periódica del mapa.

“Los muestreos y análisis de suelos que dan origen a este mapa surgen del esfuerzo conjunto entre instituciones del ámbito público y privado, fortaleciendo vínculos y abriendo paso a nuevas líneas de investigación y desarrollo para Argentina y con relevancia a nivel global”, concluyó.

El incremento en la productividad agrícola de las últimas décadas no estuvo acompañado por un aumento en la sustentabilidad, de acuerdo a un trabajo efectuado por la Red de Estudio de Sistemas (redes)

En un relevamiento que se llevó a cabo entre 2020 y 2022, recibieron 170 respuestas desde todo el país. El 70% se originó en Buenos Aires y Córdoba, y el resto en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero.

En promedio, el nivel de sustentabilidad fue de 6 sobre 10, a partir de evaluar las dimensiones productivas, sociales y la global, una combinación entre las dos primeras.  El estudio diagnosticó la sustentabilidad de productores, mediante una encuesta de prácticas aplicadas.

El estudio determinó que los mejores resultados provinieron de Buenos Aires y Córdoba. Entre otros aspectos, la información permitió visualizar que muchos productores rotan cultivos y pocos controlan el trabajo de los contratistas.

PRODUCTIVIDAD VERSUS SUSTENTABILIDAD

“En las últimas décadas, la agricultura argentina se intensificó de la mano de variedades modificadas genéticamente para resistir plagas y herbicidas, entre otras variables. Si bien permitieron expandir la frontera agropecuaria e incrementar la productividad, también acarrearon diversos síntomas de deterioro ambiental como la degradación de suelos y la reducción de la biodiversidad”, explicó Karen Kazlauskas, ingeniera agrónoma de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) e integrante del equipo técnico de Redes.

A partir de 57 preguntas, evaluaron cuán sustentables son las prácticas que usan los establecimientos agrícolas de la Argentina y sumaron puntos aquellas que, por ejemplo, aportan a incorporar procesos biológicos y ecológicos, como la regeneración de suelos y la fijación de nitrógeno.

Entre otros puntos, indagaron por la rotación de cultivos, el tipo de fitosanitarios que usan y si monitorean el estado del suelo. Además, recabaron información sobre la ubicación, la superficie y otras características de los establecimientos agropecuarios.

Por un lado, hay un grupo grande productores que rota cultivos, los fertilizan e inoculan, rota fitosanitarios y ya no usa los de banda roja —los más tóxicos—, y cuentan con una dirección técnica-profesional de los campos.

Las encuestas se llevaron a cabo en nueve provincias

En la vereda opuesta, hay pocos establecimientos que eligen pasturas para sus rotaciones, que controlan las decisiones productivas cuando las toma un contratista y que cuentan con un programa de actividades recreativas con sus empleados. Respecto a este último ítem, Kazlauskas aclaró que la dimensión social tuvo un desempeño algo menor al promedio.

En paralelo, los profesionales de Redes -un espacio compuesto por la Fauba, INTA, Aapresid y Aacrea-  están desarrollando una plataforma, para que los propios productores puedan evaluar el nivel de sustentabilidad de sus prácticas y ajustarlas cuando sea necesario.

En un escenario de mayor demanda a nivel global de carne vacuna, un informe de la consultora Conocimiento Ganadero -elaborado para la Fundación Producir Conservando- calculó que con un incremento de la base forrajera, la producción de carne en Argentina puede crecer 1,8 millones de toneladas en los próximos cinco años y pasar de las 3,2 millones actuales a 5 millones.

Con este volumen de carne, el ingreso de divisas de esta cadena de valor crecería hasta los U$S 10.000 millones y se crearían 200.000 puestos de trabajo.

En el trabajo, Fernando Canosa trazó un camino posible para este crecimiento. Como punto de partida, señalaron que en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba existen unas 11 millones de hectáreas ganaderas, que concentran el 31% del rodeo nacional.

En esta superficie, estimaron que podrían sembrarse 3,7 millones de hectáreas de pasturas, que permitirían generar unas 10,6 millones de toneladas de materia seca. Con este aporte, la carga de vacas en los campos crecería un 15%.

UNA DEMANDA GLOBAL QUE NO PARA DE CRECER

Más allá del conflicto bélico en la zona del Mar Negro y los efectos del Covid-19, el informe dejó en claro que existe una demanda estructural insatisfecha de carne vacuna en el mundo. Para 2023, se espera que China -el principal importador a nivel mundial- demande unas 3,5 millones de toneladas, un 24% más que lo que se preveía por las restricciones del COVID.

Pero no solo crece el gigante asiático  y nuevos jugadores entran con fuerza al negocio. En los últimos 20 años, África aumentó su demanda en 400.000 toneladas y se espera que para 2030 lleguen a importar 1,2 millones de toneladas.

Pese a la sequía, los números productivos del rodeo permiten avizorar buenas señales. El informe remarcó que el peso promedio de faena crece mes a mes y llegó a los 232 kilos, mientras aumentó la venta de vacas improductivas y se reemplazan con vaquillonas. De este modo, se mejoró la relación ternero/vaca, con valores superiores al 60%.

EL MAPA FORRAJERO, CON FUERTES CAÍDAS

Los tres años acumulados de sequía dejaron una huella en la disponibilidad forrajera de los campos ganaderos. En mayor o menor medida, los promedios de producción forrajera cayeron en todo el país.

“Las pérdidas de forraje son importantes en todas las zonas evaluadas, siendo menores hacia el oeste, semiárida y de mayor magnitud en las zonas de la provincia de Buenos Aires, sudeste y sudoeste, donde está la mayor proporción de vacas del país“, señaló el informe.

MIRÁ: Forrajes: hace 23 años que el campo no sufría un año tan drástico

El mayor impacto fue en la zona centro, que en promedio perdió por año unos 3.800 kilos por hectárea de materia seca. Las alfalfas puras y los campos naturales cayeron cerca del 40%, seguidos por los agropiros y las pasturas consociadas. Por su parte, la región sudeste sufrió una pérdida del 30% respecto al promedio. afectando por igual a los campos naturales y consociadas.

La zona sudoeste vio disminuida su producción en un 23%, con mayor impacto en pasturas consociadas y campo natural y un menor impacto en las pasturas de gramíneas. La zona semiárida sufrió el menor impacto, con una reducción de 17% principalmente en alfalfa y pasto llorón.

A partir de una salida anticipada de la hacienda por efectos de la seca, los feedlots elevaron sus niveles de encierre. En paralelo, se percibe una mejora en sus números de rentabilidad en los dos últimos meses, de acuerdo a un trabajo elaborado por Juan Manuel Garzón, de la Fundación Ieral.

Como base, el análisis midió la cantidad de maíz que se puede comprar con la venta de un novillito,, una vez descontado el costo de la invernada. En enero de 2023, la ecuación arrojaba unos 1.443 kilos de maíz, un poder de compra que era un 40% menor al promedio de los últimos 13 años.

Por su parte, entre febrero y comienzos de abril, la venta de un novillito permitió comprar 2.165 kilos de maíz. Este volumen fue un 50% superior en comparación al primer mes del año.

“La situación mejoró considerablemente, pero debe advertirse que queda una brecha todavía del 10% respecto al poder de compra promedio del período 2010/2022, la brecha que era del 40% se redujo al 10%”, explicó Garzón.

En este caso, consideró que la mejora se explica más por el cambio de precios relativos de categoría de animales, que por el mayor poder de compra de la hacienda en términos de maíz.

SUBA EN EL PRECIO DE LA HACIENDA

Por su parte, con la suba de precios de hacienda de febrero y marzo y cierta estabilización en el precio del maíz, el poder de compra de la hacienda en términos del cereal mostró una mejoría.

En enero, se compraban 7,4 kilos del cereal por cada kilo de novillito vendido, relación que pasó a ser de 9,3 en el mes de marzo, un 26% más. “Esta suba también ha contribuido a la mejora de la situación económica del engordador”, sostuvo.

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Más allá de este panorama, advirtió que el nivel actual de este indicador está todavía bastante por debajo de su media reciente, unos 12,3 kilos de promedio en el período 2010-2022.  “Y mucho más lejos aún de los que fuesen sus mejores años, 14,9 kilos en 2014 y 19,4 kilos en 2015”, agregó.

Para que este efecto favorable se extienda, Garzón remarcó que será fundamental que los precios de la hacienda, en particular de sus categorías de mayor edad y kilaje, se mantengan firmes a futuro. “Para que esta condición se cumpla, es clave la evolución que muestre la demanda, tanto interna como externa”, sostuvo.

Y agregó: “Un riesgo macroeconómico muy latente con potencial de daño sobre la actividad del engorde y la ganadería en general es un salto en el tipo de cambio oficial, que incremente los costos de producción, en particular los de sanidad y alimentación”.