Saladillo Campo

En el marco de una emergencia climática histórica y agobiante, que se profundiza cada día y ante la constante ausencia de ayuda real del Estado Nacional para salvar productores en jaque, hoy se reunió el Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina. Se decidió llevar en corto tiempo las urgencias, necesidades y exigencias al Congreso de la Nación, al Ministerio de Economía y a la Casa de Gobierno.

» Ante la difícil situación que atraviesan los pequeños y medianos productores, y entendiendo el momento económico que atraviesan y las limitaciones que padecen, se invitará a sumarse a todos los productores del país. Una vez que se establezca la fecha de la acción, en los próximos días, pretendemos llegar a los representantes desde distintas producciones y regiones del país, para que todos los productores puedan acompañarnos a los distintos estamentos políticos y gubernamentales», sostiene el comunicado difundido a la prensa..

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se incautó hoy de 470 toneladas de maíz sin documentación respaldatoria valuadas en $23,8 millones durante un operativo realizado en un feedlot ubicado en la localidad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires.

A partir de tareas de cubicaje realizadas en el lugar y tras recomponer el stock teórico, funcionarios del organismo comprobaron la existencia de grano marginal sin documentar y procedieron a su interdicción con colaboración de la policía provincial, detalló la AFIP en un comunicado oficial.

Los granos decomisados equivalen en cantidad a un total de 16 camiones de transporte.

El establecimiento que operaba con irregularidades posee un promedio de 3.500 cabezas de ganado vacuno, con un estadio promedio que va entre los 80 y 90 días para luego ser destinados a faena propia, se precisó.

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«La AFIP a través de las áreas especializadas en actividades agropecuarias continúa focalizando sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos», concluyó el organismo en su escrito. (Télam)

El juez Civil y Comercial de la tercera nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Ramiro Avilé Crespo, rechazó hoy la excusación formulada por su par Fabián Lorenzini para continuar con el concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, al considerar que los argumentos esgrimidos por el magistrado resultan «como mínimo un sinsentido» y hasta «un absurdo».

De ese modo, Avilé Crespo devolvió el expediente a Lorenzini y le solicitó que «reflexione» y revoque la decisión de excusarse.

Además, le planteó que en caso contrario forme el incidente correspondiente y eleve el conflicto de competencia al superior común de ambos: la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial.

En un escrito presentado el 10 de marzo, Lorenzini se excusó de continuar entendiendo en el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin al alegar «violencia moral» por la presentación, siete meses antes, de un pedido de juicio político en su contra, lo que consideró como «una agresión desmedida».

El magistrado sostuvo en el texto de su excusación que adoptó esa decisión «con fundamento en la violencia moral» que le produce «una solicitud de juicio político presentada ante la Corte Suprema de Justicia, por parte de un representante de acreedores», el abogado rosarino Gustavo Feldman.

Y giró el expediente al juzgado Civil y Comercial de la tercera nominación de Reconquista, cuyo titular rechazó hoy el planteo y le devolvió el concurso, al considerarlo que se trata del «juez natural» del mismo.

En sus fundamentos, el juez Avilé Crespo señaló que «alegar violencia moral ante un procedimiento establecido por nuestra Carga Magna resulta como mínimo un sin sentido».

Además, consignó que «alegar ?agresión desmedida’, resulta un absurdo», atento a que «la Constitución de nuestra provincia es la norma por excelencia que regula la paz social entre los habitantes y ciudadanos de éste Estado al que representamos, en nuestro carácter de miembros de uno de los Poderes del Estado, el Poder Judicial».

«Por tanto -continuó Avilé Crespo- invocar violencia moral, y aún más agresión desmedida, tal como lo ha expresado quien pretende excusarse significa ni más ni menos que argumentar que la Constitución Provincial y la Ley 7.050 que regula el procedimiento constitucional, son violentas o bien que ejercen violencia contra el Magistrado, y ello es en sí mismo, impensable, un absurdo desde todo punto de vista».

El magistrado aclaró que el pedido de juicio político del abogado Feldman no fue en representación de un acreedor -es decir, de un actor en el proceso- sino de modo particular, como un ciudadano.

Además, sostuvo que aceptar una excusación por ese tipo de planteo «constituiría una vía para seleccionar de forma espuria al magistrado que va a entender en la causa, y ello a gusto del litigante».

La resolución también puntualiza que el pedido de juicio político se realizó en agosto del año pasado, y que luego de esa fecha el juez Lorenzini realizó actos procesales que, a su entender, afirmaron su competencia en el concurso.

Con su excusación, Lorenzini dejó el concurso -iniciado en febrero de 2020-, en momentos en que debía decidir si daba curso o no a la propuesta de acuerdo presentada por Vicentin a sus acreedores.

Feldman dijo que el juez «se excusa para no tener que firmar la caducidad del período de exclusividad y la apertura del crown down (o salvataje)» de la agroexpotadora, cuyo pasivo concursal asciende a $97.448.330.899.

En los hechos, el incidente que se produjo a partir de la excusación del juez Lorenzini y el rechazo de su colega Avilé Crespo postergará aún más la definición del concurso «más importante de la historia de Santa Fe», como lo llamó el magistrado en su escrito.

El bloque de Diputados del Frente de Todos volvió a presentar este jueves el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial, el cual había sido presentando por el Poder Ejecutivo en 2021, pero perdió estado parlamentario sin haber logrado llegar nunca al recinto.

Desde el oficialismo explican: «Con la expectativa de que se pueda avanzar con el tratamiento y la aprobación de esta iniciativa, que respaldan 60 entidades productivas representativas del sector agroindustrial en la Argentina, que han enviado notas expresando la necesidad de su aprobación».

Además, desde la redacción de la iniciativa remarcaron que «es una síntesis entre el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo y los aportes realizados en los meses siguientes por Diputados de distintos bloques políticos, y por las entidades representativas del sector».

En esta oportunidad, la iniciativa es acompañada con la firma del jefe de bloque oficialista, Germán Martínez, y de los diputados nacionales del Frente de Todos: Marcelo Casaretto, Carlos Ponce, Carlos Heller, Carolina Yutrovic, Micaela Morán, Graciela Landriscini, Gabriela Pedrali, Eduardo Fernández, Gustavo González, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Lisandro Bormioli, Carlos Selva, Fabián Borda, Pedro Dantas y Juan Carlos Alderete.

Este proyecto había sido presentado originalmente en septiembre de 2021en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en un acto del que participaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, junto al entonces ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez, entre otros funcionarios, ante el Consejo Económico y Social.

En esa oportunidad se aseguró que este proyecto era «un paso para ponerle fin a una disputa de años, entre el agro y la industria y la industria y la tecnología», y que la iniciativa significa «campo con más tecnología, más producción y la industria asociada al campo, para producir alimentos industrializados».

A su vez, habían destacado que es «el resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos», y que «encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial», debido a que en su elaboración fue consensuada con más de 60 entidades agropecuarias, con el objetivo de incrementar la inversión, sumar producción y el agregado de valor y generar empleo y mayores exportaciones.

En el año 2022, luego de la conformación de las comisiones permanentes, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó la realización de plenarios de las comisiones donde expusieron ampliamente funcionarios del Poder Ejecutivo, entidades productivas, asociaciones, interesados en el tema, en debates conducidos por los presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaille, de Industria, Marcelo Casaretto, y de presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

Cuando Massa pasó al Ministerio de Economía de la Nación continuó impulsando dicho proyecto, junto a Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo; y el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis Contigiani.

La iniciativa avanzó, pero finalmente no obtuvo el dictamen del plenario de comisiones (Agricultura y Ganadería, Industria y Presupuesto y Hacienda) -ya que en ese momento se debatió sobre el proyecto de ley de humedales y eso complicó las relaciones en la Comisión de Agricultura- para su tratamiento en el Recinto de la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto caducó el 28 de febrero de 2023 con el final del período parlamentario.

En un contexto de elevada inflación general, que en febrero fue del 6,6% según el INDEC, la carne vacuna quedó en el centro de la escena, porque, entre los alimentos, 4 de los 5 productos que más aumentaron fueron de ese rubro. Y los precios podrían subir más si en mayo vuelve el pasto a los campos. Los principales cortes de carne vacuna mostraron variaciones superiores al 30% en el mostrador e impactaron sobre el rubro de «alimentos y bebidas no alcohólicas», que tuvo un repunte del 9,8%.

A las naranjas, con 72,4% de incremento, le siguieron la picada común (35%), cuadril (34,3%), paleta (33,5%), nalga (32,8%) y el asado (28,6%).Como ya lo han explicado en el sector ganadero, la suba en los cortes bovinos se dio luego de un fuerte retraso que la hacienda tenía frente a la inflación general, en un contexto donde los productores se desprendían de los animales que tenían en sus establecimientos por la escasez de pasto provocada por la sequía.

En diálogo con TN, el titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti, analizó cómo seguiría la dinámica del mercado de la carne y anticipó que en mayo podría haber un fuerte aumento de los precios, si los productores retienen la hacienda por la normalización de las lluvias, como anticipan algunos pronósticos.

En ese sentido, el experto remarcó que muchos meteorólogos y organismos, como el INTA, dan por terminada la seca. «Esto es una diferencia notable, porque antes estaba la incógnita de cuándo terminaría. Esto cambia el panorama y permite hacer un diagnóstico con un poco más de información. 

El titular de CICCRA, entidad que está integrada por 19 frigoríficos, imagina si se cumplen los pronósticos meteorológicos «en 20 o 30 días va a empezar a haber pasto. Entonces, puede que tengamos 30 a 40 días de precios estables, pero que luego haya nuevos aumentos de precios cuando los productores empiecen a retener la hacienda. 

Es decir, creo que no habrá nuevos aumentos de manera inmediata, pero sí dentro de 45 a 60 días», aseveró Sobre lo ocurrido en el Mercado AgroGanadero (MAG) de Cañuelas durante los últimos días. 

Schiariti evaluó: «Las cotizaciones están muy estabilizadas, con variaciones de acuerdo a la cantidad ingresada en cada categoría. Pero los precios en la carnicería no van a modificarse por lo que hoy está ocurriendo en el mercado de Cañuelas, por lo menos por ahora».

No obstante, el experto señaló que el impacto más fuerte de la falta de lluvias se dio en el momento «del servicio» en el sector ganadero, por lo que los índices de preñez, que se conocerán a partir de abril, arrojarán porcentajes mucho más bajos que los habituales.

«Haciendo cálculos aproximativos, creemos que va a haber entre 800.000 y un millón de terneros menos durante este año», alertó.

Sobre eso, agregó que tampoco hay información certera sobre cuántas vacas murieron por la seca. «Eso lo vamos a saber a fin de año, cuándo hagan la vacunación de aftosa. Dependerá de qué mortandad hayamos tenido, de vacas sobre todo, para saber qué tanto va a achicarse el rodeo durante este año. Además, las vacas que hoy están en servicio nos van a dar los terneros que vamos a consumir el año que viene. Con esa caída de preñez, vamos a ver que van a faltar animales para el 2024?.

Por último, debido a esta reducción de la oferta, anticipó que «para los productores se esperan 2 años de precios sostenidos».

En medio de la histórica sequía que está padeciendo la Argentina, el Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria en la provincia de Córdoba.

A través de la Resolución 290/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó el «estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de enero de 2023 y hasta el 30 de junio de 2023, a las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas afectadas por sequía». Mientras que hasta el 31 de diciembre fue declarada la emergencia y/o desastre agropecuario a las explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas. La medida abarca a 800 mil hectáreas que abarcan el sur del departamento de San Justo, el norte de Marcos Juárez y Unión y noroeste de General San Martín.La resolución amplía los beneficios que otorga la declaración de emergencia que dictó la provincia que incluye prórrogas o exenciones impositivas y acceso a distintas herramientas crediticias para el sector afectado. 

«Los productores y las productoras afectados/as deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo», señaló el Ministerio de Economía.

En este marco, el Gobierno de Córdoba remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la AFIP «arbitrarán los medios necesarios para que los productores rurales comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias», se explicó en la resolución firmada por Sergio Massa.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería compartió el video explicativo, para que los productores rurales puedan cargar la declaración jurada para acceder a la emergencia, al cual se puede acceder a través de la web del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. 

No obstante, el titular de la cartera provincial, Sergio Busso, destacó la resolución ejecutada por el Gobierno Nacional pero consideró que es insuficiente y que «es relativo su grado de cobertura que puedan ayudar a los productores afectados». 

«En muchos casos, los beneficios de la ley de emergencia están vinculados a los dueños de la tierra, pero el 60% o 70% de los que producen alquilan la tierra, por lo que no se resuelven las necesidades del productor», cuestionó en declaraciones a Cadena 3.

El Ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, consideró que la resolución es insuficiente

En ese sentido, indicó que en estos días se habla de buscar otros mecanismos de cobertura para que cuando pierda, el productor pueda tratar de tener lo invertido a salvo para poder seguir produciendo. «Se conoce como seguro de multirriesgo o de cobertura y se discute fuertemente», precisó el funcionario del gobierno cordobés. «Ojalá podamos encontrar una respuesta a las necesidades que tiene el productor», agregó.

«Hay muchos recursos que el productor aporta pero por el ?saqueo’ del Estado Nacional a través de las retenciones no vuelve nada. No estamos de acuerdo conceptualmente pero mientras tanto se podría discutir y plantear recursos para subsidiar al productor cuando pierde, como va a pasar con esta cosecha», protestó el ministro.

«En este contexto macroeconómico, queda claro que el sector realmente necesita que se le saque el pie de encima, no intervenirlo ni restringir exportaciones ni penalizarlo a través de las retenciones», sentenció Busso.