Saladillo Campo

Entre los proyectos de Ley vinculados a las producciones agropecuarias para 2023, con el de Promoción Agroindustrial como el único con chances de ser tratado en el recinto durante las Sesiones Extraordinarias del verano, se encuentra el trabajo de la diputada frentetodista Marisa Uceda, mendocina.

¿Qué propone? Crear el denominado “Régimen de Promoción y Fomento de los Sistemas Eficientes de Riego Agropecuario”.

Se trata de un trabajo que busca apuntalar el mejor provecho del agua y aplicarla de manera eficiente en los sistemas de riego intrafinca, optimizar obras existentes, ejecutar obras hídricas complementarias como represas, impermeabilizaciones, acueductos y perforaciones,,

Propone también la adquisición y reparación de equipos de riego fijos y/o desmontables, reestructurar parcelas e incluso de “la reconversión e inversión en equipos y/u obras que impliquen la transición al uso de energías renovables”.

“Más de dos tercios de la superficie de nuestro planeta es agua, pero solamente alrededor del 3% existente es agua dulce, es decir que el sostenimiento de la vida humana y la de los ecosistemas depende de este recurso”, estimó.

A su vez, “la composición de ese 3% de agua dulce disponible en el planeta es la siguiente: el 70% corresponde a hielos continentales en forma de casquetes polares y glaciares, el 29% se encuentra en forma subterránea y únicamente el 1% es superficial y fácilmente accesible”, detalló Uceda en su presentación.

La diputada se basa en datos de la la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los cuales se determinó que “el 70% de la extracción total del agua dulce disponible en el planeta es utilizada en la agricultura, con un porcentaje cercano al 85% cuando se consideran solamente los países en desarrollo”.

“El suministro doméstico de agua y la industria están en competencia directa con el sector agropecuario por recursos hídricos cada vez más escasos”, aseguró.

¿CUÁNTO PIERDE EL AGRO ARGENTINO?

El hecho de no eficientizar el uso del agua para riego genera grandes pérdidas. Según lo presentado, el Banco Mundial ya cuenta con una estimación de cuánto es lo que Argentina deja de ganar por no contar con las obras necesarias en esta materia.

En el mundo existen actualmente 1.260 millones de hectáreas bajo agricultura “de secano”, correspondientes a un 80% del total de la tierra cultivada del mundo que suministran el 60% de la alimentación global.

En tanto que los 277 millones de hectáreas bajo riego que representan el restante de tierra cultivada contribuyen con el otro 40% de los suministros de alimentos.

Entonces, e promedio, los rendimientos por unidad de superficie cultivada son 2 o 3 veces más altos en las áreas regadas que en las áreas de secano.

“Estos números demuestran que la agricultura bajo riego ha tenido y continuará teniendo un papel importante tanto en la provisión del suministro de los alimentos”, redondeó Uceda.

En ese sentido Argentina está dividida en tres áreas: árida, semiárida y húmeda.

• La zona árida tiene una superficie de 149,6 millones de hectáreas (52,2%),
• La semiárida de 49,8 millones hectáreas (18,1%)
• La húmeda de 76,3 millones hectáreas (27,7%),

Por eso, una adecuada gestión del riego se torna indispensable para hacer un eficiente uso del recurso hídrico.

Los sistemas de riego considerados claves para el crecimiento del producto agrícola presentan una eficiencia muy baja cercana al 40% porque predominan los sistemas de riego “tradicionales”.

“La situación se agrava al observarse que no se operan adecuadamente. Es fundamental que se considere que las pérdidas económicas anuales relacionadas directamente con la ineficiencia en la gestión de los recursos hídricos podrían estimarse en u$s 1.500 millones de dólares según estimaciones realizadas por el Banco Mundial”, precisó.

¿QUÉ SOSTIENE EL PROYECTO?

La propuesta le da la postestad de aplicar su ordenamiento al “Comité de Evaluación y Seguimiento de Proyectos para la Eficientización del Riego Agropecuario”, ente a crearse si es que la idea prospera en el Congreso, que estará compuesto por el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INA Instituto Nacional del Agua), el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena más las autoridades de aplicación locales.

¿La autoridad de aplicación? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en coordinación con dicho comité.

Se prevé también el impulso a pequeñas producciones, cooperativas y economías de la agricultura familiar e indígena. “Los proyectos presentados por propietarios/as y/o arrendatarios de hasta 30 hectáreas, gozarán de un crédito equivalente al 100% de la inversión a efectuar a los fines del Artículo 2° de la presente ley”, propone.

Los mismos sectores contarían también con “Subsidio total o parcial para el pago de honorarios de un profesional de las ciencias agronómicas”.

EL PROYECTO COMPLETO

Régimen de Promoción y Fomento de Los Sistemas Eficientes de Riego Agropecuario

El pago de un bono extra de fin de año que trepa hasta los $50.000 que resolvió la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), y que ya había sido rechazado por las entidades de la Mesa de Enlace más la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvo finalmente el capítulo que habían anunciado desde el sector privado: la presentación de un reclamo administrativo que busca impugnar lo resuelto.

El nuevo round en la pelea de las gremiales de productores y agroempresarios pymes contra la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) fue la impugnación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) más CAME a la resolución 230/2022 con la cual se oficializaba el pago del bono en cuestión.

“La CNTA, de manera no consensuada, ha impuesto esta asignación extraordinaria excediéndose en sus facultades”, acusó la entidad conducida por Jorge Chemes.

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En CRA entienden que “el camino exigido ha sido erróneo, desde lo administrativo y vulnera el ordenamiento jurídico vigente”.

“Pero sobre todo muestra gran indiferencia y desdén hacia la gravísima situación por la que está atravesando el productor agropecuario y que es de público conocimiento”, en relación a la dura sequía.

En el mientras tanto, hasta que esta impugnación avance o no, desde CRA remarcaron que será decisión individual de cada empleador si decide acatar o no lo dispuesto por la CNTA.

“Lamentamos que el accionar de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario nos coloque en la situación descripta, cuando debiera atender, entender y laudar sobre las distintas posiciones que lógicamente se producen entre trabajadores y empleadores, en situaciones tan complejas, como las que nos ofrece el presente económico de nuestro país”, cerró.

EL NACIMIENTO DE LA POLÉMICA

Mientras las negociaciones se daban en el seno de la CNTA, lugar en el que convergen las entidades de productores, la UATRE y el Gobierno Nacional, en diciembre pasado los problemas empezaron a aflorar y los canales de entendimiento se fueron disipando.

Mientras que ya estaba acordado entre las partes el pago de $24.000 para cada empleado rural, la CNTA dispuso que la Mesa de Enlace y CAME sumaran un pago extra de $26.000, suma que lleva el bono total a $50.000.

La sola idea puso al sector privado a la defensiva y el rechazo a esa idea fue inmediato. SRA fue la primera entidad en salir a plantearlo a mediados de diciembre y más tarde se sumaron las demás.

“Las condiciones económicas no están dadas para afrontar en este momento: habíamos tenido que aceptar, por su carácter de obligatorio y compulsivo, el bono que decidió el gobierno nacional de $24.000”, contaban desde la entidad conducida por Nicolás Pino.

“El gremio de los trabajadores no se quedó conforme y pidió una suma adicional sobre dicho monto, pero las condiciones que atraviesan los productores es crítica”, plantearon en su momento. Ahora, la impugnación es un hecho y se espera por la evaluación que haga el Ministerio de Trabajo.

En la sintonía contraria, fuentes de la cartera conducida por Kelly Olmos le habían contado a Infocampo la semana pasada: “Esto se discutió en el marco de la CNTA, el tema es que en las distintas reuniones la parte empleadora se levantaba y se iba”.

La confirmación del bono de $50.000 resulta también un fuerte espaldarazo a la conducción de UATRE en manos de José Voytenco, cuyo nuevo mandato fue avalado por el Gobierno justamente en los primeros días de este año.

Sumado a los dos últimos operativos montados en Corrientes y también otro de maíz en Formosa, ahora las autoridades de la Aduana argentina dieron cuenta de un operativo en el que se secuestraron 150 toneladas de soja que eran trasladadas, presuntamente, con destino hacia Brasil.

La detención del camión sospechoso se produjo en la localidad de El Soberbio, en Misiones. Por eso las autoridades ven una tendencia creciente.

“En un nuevo accionar conjunto de la Dirección General de Aduanas y Gendarmería Nacional logran aprehender 150 toneladas de soja con destino al contrabando hacia Brasil”, indicaron.

“Lo que empezó con pequeños movimientos de granos en bolsas desde la zona ubicada en Colonia Aurora, San Vicente, El Soberbio en el centro de la provincia de Misiones, algunas de estas pequeñas urbes recortadas sobre el Río Uruguay son el escenario cotidiano de un intenso movimiento de camiones que van y vienen”, comunicaron.

QUÉ ANALIZAN EN EL ORGANISMO

El comunicado de Aduana muestra la hipótesis del organismo. “La provincia de Misiones no produce, consume muy poco y tampoco la emplea como materia prima (a la soja)”.

“Sin embargo los datos relevados por las autoridades dan cuenta que el volumen de granos con destino a la tierra colorada se ha incrementado de manera exponencial”, expusieron.

“¿Qué hacen? ¿Qué transportan? Sin dudas lo que denominan el “oro vegetal”, soja Argentina que transpone la frontera por pasos y puertos clandestinos al encuentro de un ciudadano brasilero que pagará la carga con dólares en efectivo, libre de impuestos y retenciones. Un negocio redondo, sin dudas”, teorizaron.

Aduana describió que el personal de Gendarmería Nacional y la Aduana de Oberá estaban apostados sobre la vera de la Ruta Nacional 14. Allí, donde realizan controles de los medios de transporte y fiscalizan sus cargas y la documentación que avale su traslado, procedieron al secuestro de más de 146 toneladas de soja “quebrada o partida”.

El operativo fue coordinado también de oficio por el Juzgado Federal de Oberá.

El valor de la carga, presumiblemente, ronda los $15 millones.

La falta de agua ya generó un fuerte impacto en la producción de granos finos y de persistir las actuales condiciones climáticas, también se espera un recorte en soja, maíz y girasol. Con la base de sus proyecciones de campaña 2022/23, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) trazó dos escenarios de cómo podría finalizar la campaña gruesa, tanto en volúmenes de producción como en generación de divisas.

“La baja disponibilidad de humedad y las elevadas temperaturas condicionan el área final sembrada, su dinámica productiva y, por consiguiente, las proyecciones de volumen de la cosecha”, advirtieron.

En granos finos la situación es irreversible y en relación al ciclo pasado, las cifras marcaron un notable retroceso. Desde septiembre pasado los niveles de producción de trigo y cebada y trigo sufrieron recortes de 5,1 y 1,2 millones de toneladas, respectivamente. En trigo, se espera una cosecha de 12,4 millones de toneladas versus las 22,1 millones del ciclo previo.

La bolsa porteña planteó dos situaciones posibles para los cultivos de verano. El primero, más moderado, presentaron proyecciones para soja, maíz y girasol de 41, 44,5 y 3,7 millones de toneladas, respectivamente. El segundo, un escenario pesimista  con una sequía más pronunciada, de 35,5; 37,8 y 3,5 millones de toneladas,

“Ambos escenarios presentan una posibilidad de ocurrencia real, los que podrían alcanzarse en caso de persistir las condiciones agroclimáticas actuales”.

EL DAÑO ECONÓMICO

Esta merma en la producción representará una fuerte caída en los indicadores económicos.  Las proyecciones de septiembre 2022 calculaban una caída interanual del Producto Bruto Agroindustrial (PBA) de U$S 4.067 millones, un 8%.

Pero de cumplirse cualquiera de los pronósticos de la BCBA, la caída será mayor. En el primer escenario se perderían U$S 11.025 millones (-21%) y U$S15.743 millones (-30%) en el segundo caso.

Estas proyecciones también representan un efecto negativo sobre las exportaciones las cuales se estiman con caídas del orden de U$S 9.226 millones (-21% ) y de hasta U$S 14.115 millones (- 33% ) si se presenta el escenario de mayor sequía.

La recaudación fiscal también ser verá afectada. Por el impacto climático, el Estado dejaría de percibir entre U$S 3.143 y U$S 4.739 millones en concepto de derechos de exportación. 

“Agricultura derogará la obligatoriedad de que los frigoríficos troceen piezas cárnicas menores a 32 kg”

Así se tituló el correo electrónico que el pasado jueves 5 de enero, a las 13.30, difundió la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para relatar los pormenores de la reunión que mantuvieron autoridades de esa cartera con los representantes de los ministerios agropecuarios de las provincias.

En el encuentro, luego de que los gobiernos provinciales hicieran conocer que en sus territorios todavía es imposible aplicar esta nueva modalidad de distribución de la carne vacuna a nivel mayorista, Agricultura terminó por anunciar que se derogaría la resolución que impuso el troceo y que iba a comenzar a regir el próximo 15 de enero.

Sin embargo, en menos de una semana, todo volvió a cambiar: este miércoles por la tarde, el Gobierno nacional sorprendió a las provincias con una reunión en la que dio marcha atrás y dispuso que esa resolución no se derogará, y que se prorrogará, con un nuevo plazo para la implementación del troceo y la posibilidad de descarga de la media res con medios mecánicos.

UNA NOVELA INTERMINABLE

Según pudo reconstruir Infocampo de diversas fuentes que participaron de la reunión entre las autoridades nacionales y provinciales, la primera reacción fue de sorpresa y luego, de mucho malestar.

Entre otras cosas, porque insólitamente desde la Nación aseguraron que ellos nunca dijeron que iban a derogar la normativa, cuando es precisamente lo que informaron el 5 de enero y que quedó plasmado en un correo electrónico oficial.

Ante este panorama, se multiplicaron los reclamos desde las provincias por la marcha atrás y la respuesta fue que el próximo lunes se convocará formalmente a la “Mesa Técnica” y se discutirán los nuevos detalles para poder finalmente poner en marcha el troceo, en un plazo que aún no está determinado.

La promesa fue establecer la modalidad para la incorporación de los medios mecánicos de descarga y traslado de la media res, como la “camilla” que propone la Cámara de Matarifes; y acelerar el otorgamiento de créditos para plantas de faena que necesiten adecuarse.

Este fue uno de los puntos conflictivos a lo largo de 2022: hay muchísimos frigoríficos que ya elaboraron sus planes de adecuación y presentaron sus carpetas para conseguir el financiamiento prometido por el Gobierno a través del Plan GanAr, pero el mismo nunca llegó.

En tanto, el malestar de las provincias obedece también a que aseguran que el Gobierno nacional no fue claro en los motivos por los cuales decidió desdecirse de lo anunciado hace solo seis días atrás.

La principal hipótesis es la presión ejercida por los principales impulsores del troceo, los frigoríficos exportadores, que llevaron a que la orden de mantener la resolución vigente viniera desde las más altas esferas del Ministerio de Economía.

LO ÚLTIMO DE BAHILLO SOBRE EL TROCEO

En este contexto, vale mencionar también que el secretario de Agrigultura, Juan José Bahillo, había anticipado el sábado pasado, en declaraciones a La Red Rural, que “no vamos a renunciar al troceo”.

“Nadie tiene que perder de vista que el troceo se viene, veremos si son 30 días antes o 30 días después, es secundario”, enfatizó.

Y subrayó que todo se trabajará en el marco de la “Mesa técnica” junto a las provincias.