Saladillo Campo

La elección de las variedades de trigo es clave para optimizar resultados. Factores como el potencial de rendimiento, el perfil sanitario, la calidad y los aspectos agronómicos son indispensables para definir la estrategia productiva en función del ambiente de producción.

Aunque no lo difundió como un comunicado institucional, un testimonio de un productor porcino dado a conocer por la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC) bien puede tomarse como un aval al reclamo que está formulando esa persona.

Entre los múltiples reclamos impositivos del sector agropecuario que van más allá de las retenciones, uno de los más comunes son las guías de hacienda.

Se trata de un trámite que obligan a cumplir numerosos municipios por el solo hecho de que el ganado transite por sus jurisdicciones, como si fuera una tasa, pero sin que los productores reciban contraprestación alguna.

Es un tributo que tiene muchísimos años y que, con el avance de la digitalización y la creación de los documentos de tránsito de alcance nacional impuestos por el Senasa, ya no tiene ningún sentido.

Sin embargo, son muchísimos los municipios y comunas que los mantienen porque aportan a su recaudación.

UN PROYECTO DE LEY CONTRA LAS GUÍAS DE HACIENDA

En este marco, en la Legislatura de Córdoba ingresó en las últimas horas un proyecto de ley que apunta a la eliminación de este impuesto encubierto.

Fue presentado por el legislador del PRO, Oscar Agost Carreño, y si bien asegura que no viola las autonomías municipales que podrían, si quisieran, inventar una nueva tasa al respecto; pretende que se declare al Documento de Tránsito Electrónico (DT-E) como el único “papel” necesario para circular con hacienda dentro del territorio cordobés.

Si bien Agost Carreño no pertenece al oficialismo en una provincia en la que normalmente la Legislatura solo aprueba proyectos del partido gobernante, cuenta a favor con que su propuesta cuenta con el respaldo explícito del ruralismo, que tiene buenas migas con el Poder Ejecutivo.

Puntualmente, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) -pata cordobesa de CRA- y el Distrito 4 de la Sociedad Rural Argentina (SRA) participaron de la elaboración de la iniciativa.

“Entre Cartez y el Distrito 4 de SRA trabajamos en conjunto con el legislador Oscar Agost Carreño para redactar e ingresar un proyecto de ley que revierta el ilegítimo cobro que hacen algunos municipios y comunas por tasas relacionadas con el movimiento y la existencia del ganado”, precisó Cartez.

Y añadió: “Esta iniciativa legislativa es fruto de los reclamos existentes en el sector y de las diferentes realidades que tienen los productores ganaderos en la provincia de Córdoba respecto del costo de las guías de traslado”.

“Desde ambas instituciones destacamos el compromiso del legislador Agost Carreño y su trabajo para la redacción final del proyecto de ley denominado Régimen de adecuación del sistema provincial de tránsito pecuario. Aspiramos también a que ese compromiso sea de toda la Legislatura cordobesa, para que el mencionado tenga una pronta sanción”, completó.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó en las últimas horas su informe anual de Complejos Exportadores que constituye una prueba más del rol esencial que tiene el agro en la generación de divisas para la República Argentina.

Son varios los datos que sirven como botón de muestra de que el sector se mantiene indudablemente como el principal motor económico: por ejemplo, que 7 de los 10 principales complejos exportadores provienen del campo y la agroindustria.

Según un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Agropecuario (FADA), actualmente en la Argentina el riego alcanza a 2,1 millones de hectáreas.

Es apenas menos de un tercio de lo que podría efectivamente regarse, mejorando los rindes: “Hay potencial para regar 7 millones y medio”, ampliaron desde la usina de pensamiento cordobesa.

En el marco de la jornada Don Mario Más, realizada en el Centro de Experiencias GDM en Chacabuco, el ingeniero agrónomo Eduardo Cortez, especialista en manejo de malezas e investigador y desarrollador de herbicidas en Agrotester I+D, puso el foco en un punto neurálgico de la campaña: la planificación anticipada.

Para el técnico, la agricultura argentina atraviesa un momento bisagra en el que las decisiones tempranas pesan más que nunca.

“Interviénese por el término de 180 días la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), facultándose al Ministerio de Salud a prorrogar dicho plazo, de considerarlo necesario para la consecución del objetivo del presente acto”.

Así reza el artículo 1° del decreto 127/2026 que publicó este miércoles el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial y que prolonga la disputa entre el Gobierno y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por el control de Osprera.