Un tribunal de alzada puso en pausa la liquidación de los activos y fuentes del caso evalúan alternativas posibles para las transferencias de marcas y plantas productivas
La decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela de conceder con efecto suspensivo los recursos presentados contra el pliego licitatorio de Sancor abrió un nuevo compás de espera en la liquidación de los activos que integran la quiebra de la histórica cooperativa láctea. Sin embargo, lejos de paralizar todo el expediente, la medida sólo impacta sobre el procedimiento de venta de las plantas con capacidad de volver a la producción y las marcas comerciales, mientras el resto del proceso falencial continúa su marcha.
Según pudo saber Agrofy News de fuentes ligadas a la sindicatura, la suspensión alcanza exclusivamente al incidente de licitación de las plantas industriales y de los activos productivos. La etapa informativa de la quiebra, instancia en la cual se depura el monto del pasivo para compensar a los acreedores, sigue su curso normal y sólo se detendría si la propia Cámara dispusiera una medida de mayor alcance, algo que por el momento no aparece en el horizonte.
La coexistencia entre una etapa informativa, para conocer el pasivo real, aún abierta y un proceso de liquidación ya iniciado constituye una situación poco habitual en una quiebra. La explicación es que el juez Marcelo Gelcich decidió acelerar la licitación de los bienes antes de que concluyera la determinación definitiva del pasivo, provocando una superposición de etapas procesales que no suele registrarse en este tipo de expedientes.
La otra carrera: determinar cuánto debe Sancor
Mientras la venta quedó en pausa, la principal tarea de la sindicatura pasa hoy por terminar de establecer el monto definitivo de la deuda de la cooperativa. Actualmente se elaboran los informes individuales de todos los acreedores que solicitaron verificar créditos en la quiebra y, paralelamente, se actualizan los créditos que ya habían sido reconocidos durante el concurso preventivo.
Ese trabajo permitirá conocer con mayor precisión cuál es el pasivo total que deberá afrontarse con el producido de la futura liquidación de activos. Se suma el pasivo que se verificó en la etapa concursal, con el rojo que se agregó ahora ya en el marco de la quiebra.
Las fuentes consultadas estiman que al proceso se incorporaron alrededor de 300 nuevos acreedores, en su mayoría trabajadores que no habían participado del concurso preventivo, aunque también aparecen acreedores que llegaron con sentencias obtenidas en distintos tribunales del país y solicitaron el reconocimiento de sus créditos dentro de la quiebra.
Todavía resta la etapa de observaciones, durante la cual la propia fallida y otros acreedores pueden impugnar las verificaciones presentadas, por lo que el volumen definitivo del pasivo aún no puede establecerse. Recién después llegará el informe general de la sindicatura, quizás para septiembre, documento que ofrecerá una radiografía completa de la composición patrimonial de la quiebra.
Una cuenta que no cierra
Aun cuando la cifra definitiva todavía no está consolidada, dentro del proceso existe una certeza: difícilmente el producido de la venta alcance para cubrir todas las acreencias. El pasivo reconocido durante el concurso preventivo rondaba los US$ 150 millones y la incorporación de nuevos créditos, especialmente laborales, incrementará todavía más esa cifra.
En cambio, la valuación de los principales activos sometidos al proceso licitatorio apenas supera los US$ 52 millones, entre plantas industriales y marcas. La diferencia permite anticipar que, aun en un escenario exitoso de venta, los fondos disponibles resultarían insuficientes para cancelar la totalidad de las deudas.
Los mayores interesados en maximizar el recupero son los trabajadores despedidos, los tamberos acreedores y los distintos organismos estatales, nacionales y provinciales, que también verificaron importantes créditos fiscales.
Qué analizará ahora la Cámara
La decisión conocida sobre el filo de la feria judicial no resolvió el fondo de la discusión. Lo que hizo la Cámara fue habilitar el tratamiento de dos planteos que habían sido rechazados por el juez de primera instancia.
Por un lado, deberá analizar el recurso impulsado por Fidulac, sociedad acreedora integrada, entre otros socios, por el empresario Gustavo Scaglione, que sostiene que vender las plantas y las marcas por separado podría reducir el valor económico de la quiebra y perjudicar a los acreedores.
Por otro, revisará el planteo presentado por el síndico Juan Luis Tomat, quien cuestiona la distribución de funciones dentro del proceso y sostiene que el esquema aprobado limita la participación de uno de los integrantes de la sindicatura en el control de la liquidación.
Desde la sindicatura remarcan que la Cámara aún no emitió opinión sobre ninguna de esas cuestiones de fondo. Lo único resuelto hasta ahora es que ambos planteos merecen ser revisados y que, mientras ello ocurra, corresponde mantener suspendido el proceso licitatorio.
Las alternativas que se abren
Uno de los escenarios posibles es que la Cámara confirme íntegramente el esquema diseñado por Gelcich y habilite la continuidad de la licitación bajo las condiciones actuales. Pero también existe otra alternativa: que disponga modificar el pliego para ampliar las posibilidades de adquisición de los activos.
Ese eventual cambio no necesariamente implicaría eliminar la venta por lotes. Una opción sería mantener las ofertas parciales y, al mismo tiempo, habilitar propuestas por el conjunto de los activos productivos, permitiendo competir tanto a interesados en plantas individuales como a grupos que aspiren a quedarse con la empresa de manera integral.
Detrás de esa discusión aparece un objetivo central: maximizar el valor de realización de los bienes para incrementar el recupero de los acreedores. La visión que sostienen quienes impulsan la revisión del pliego es que abrir el juego a una mayor cantidad de oferentes —incluso del exterior— podría elevar el precio final obtenido por los activos.
La discusión actual alcanza únicamente a las plantas industriales, las marcas y demás activos productivos. Los inmuebles ociosos y otros bienes sin actividad siguen un procedimiento paralelo, que todavía no ingresó en la etapa licitatoria.
Según explican fuentes vinculadas a la sindicatura, en esos casos la prioridad es procurar mecanismos que permitan la mayor concurrencia posible de interesados antes de recurrir a ventas directas, herramienta que la Ley de Concursos y Quiebras reserva para situaciones excepcionales, cuando los demás mecanismos de realización han fracasado.
Sin plazos definidos
Por ahora no existe ninguna previsión sobre cuándo la Cámara resolverá las apelaciones. La feria judicial prácticamente descarta movimientos durante las próximas semanas y tampoco se habilitaron días y horas inhábiles para acelerar el trámite.
Por eso, en el expediente nadie se anima hoy a poner una fecha para la reanudación de la licitación. Por el momento, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en quién comprará los activos de Sancor. Ahora también está en debate bajo qué reglas deberá concretarse una de las liquidaciones concursales más importantes de los últimos años.