Cientos de proyectos de transformación de biogás en energía eléctrica están paralizados –algunos ya en fase de construcción y otros en carpeta– por la demora que está registrando la reglamentación de la Ley 27.424 (“Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”).
Ley 27.424 –aprobada a fines del año pasado– establece el marco legal a partir del cual plantas de biogás de feedlots, tambos estabulados, establecimientos porcinos y avícolas pueden transformar ese insumo en energía eléctrica para comercializarla en redes públicas (por lo general cooperativas de servicios locales).
A diferencia del programa de energías renovables RenovaAR, que sólo acepta proyectos con una escala mínima de 500 kW, el nuevo marco local establecido por la Ley 27.424 permite que empresas de base agropecuaria transformen desechos –potencialmente contaminantes– en energía eléctrica limpia sin ninguna restricción.
El caso de “La Micaela” fue el primero –en el marco de un acuerdo especial– en gestionar la venta de la electricidad a la cooperativa eléctrica local. Pero ahora esa venta debe hacerse en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.424 (que no está operativa el no contar con su correspondiente reglamentación).
Además de brindar una solución permanente a un pasivo ambiental, la concreción de cientos de pequeñas y medianas plantas de generación eléctrica alimentadas por biogás permitirá brindar una fuente de ingreso adicional a muchas empresas agropecuarias localizadas en diferentes regiones productivas argentinas. Y también contribuiría a consolidar la sustentabilidad energética de las comunidades de base agropecuaria.
Fuente: Valor Soja
