El juicio por el resonante caso de abigeato por el volumen sustraído y la logística desplegada para perpetrar el robo en un campo cercano a General San Martín concluyó en la mañana de este martes con la lectura del fallo, que marcó un sentencia histórica con una pena de siete años, castigo que no registra antecedentes para delitos de esta naturaleza.
En la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, el tribunal presidido por Lucía Martínez Casas y que completaron Alicia Cáceres de Pascullo y María Virginia Ise consideró culpables a los tres civiles y a las dos policías involucradas, estableciendo penas de prisión efectiva para dos de los casos.
La condena mayor fue para Olimar Santiago De Mendiburu, ganadero de La Leonesa, para quien el tribunal calificó como responsable del delito de abigeato agravado en calidad de coautor, por lo que se fijó una pena de siete años de cárcel y el pago de una multa de un millón de pesos.
Víctor Centurión, peón del campo aledaño al establecimiento Las Marianas de donde se sustrajeron unas ciento veinte cabezas, fue hallado culpable de una calificación legal similar pero la pena fue de cuatro años y seis meses y un resarcimiento de 200 mil pesos.
La tercera condena en importancia fue para Karina Tejerina, pareja de Santiago De Mendibiru, por encubrimiento agravado para la que se fijó la pena de tres años de prisión condicional, además de establecerle tareas comunitarias en la escuela más próxima a la que fije domicilio.
Finalmente, las cabos de la Policía Yanina Negrete y Cynthia Soledad Gavilán fueron condenadas a un año y seis meses y un año, respectivamente, por falsificación de documento, penas que como se sabe no son de cumplimiento efectivo, lo que no implica que no existan sanciones administrativas dentro de la fuerza.
EL CASO
Según se fueron exponiendo en las audiencias del proceso que tuvo como fiscal de cámara a Jorge Gómez, el robo de unos 110 animales se produjo se estima el fin de semana que se celebraba el Día de la Madre en 2015, oportunidad en la que se sabía que las guardias son reducidas o nulas en los campos y los controles en ruta suelen ser laxos.
Víctor Centurión era peón del campo aledaño al de la familia Canetta y que para el Tribunal, con De Mendiburu, cortaron los alambres del establecimiento Las Marías para sacar la hacienda por el predio contiguo.
Luego, trasladaron los vacunos hasta La Leonesa y desde allí la intención era comercializarlos a Tucumán.
Cuando los peones del campo damnificado vuelven a sus tareas, notan el faltante de los vacunos y mediante las investigaciones preliminares propias con empresas de transporte, se pudo establecer que ese fin semana hubo movimiento de camiones en la zona que tenían como destino La Leonesa.
A partir de allí familiares realizaron las denuncias de rigor y emprendieron viaje hasta lograr dar en Machagai con un camión que transportaba el ganado que a su vez tenía la marca correspondiente al campo de los Canetta, pero no la contramarca que se utiliza para las ventas.
En ese camión jaula, se logró recuperar unos 50 animales mientras que un número similar fue encontrado en un campo ubicado en La Leonesa. Así, también se determinó que tanto Negrete como Gavilán encargadas de los controles de hacienda en la ruta camino a Tucumán falsificaron los permisos de guía.
“Que el caso sirva para que otros productores también denuncien”
Integrantes de la familia propietaria del establecimiento afectado se acercaron hasta la Cámara Primera en lo Criminal para escuchar la lectura del fallo, ocasión en la que subrayaron la importancia de una condena de este tipo para delitos que generalmente quedan impunes. Marcelo Canetta sostuvo que el hecho sirve como mensaje para toda la ganadería chaqueña, afectada de forma constante por el abigeato.
El ganadero, que estuvo acompañado por integrantes de la Sociedad Rural, consideró la importancia de este caso para alentar a productores a realizar las denuncias cuando acontece el robo de los vacunos.
Respecto del caso que lo tuvo como damnificado, lo calificó como un camino que incluyó desafíos familiares para enfrentar un proceso judicial.
“Fueron más de tres años de recorrer juzgados, hacer investigaciones privadas y seguir el caso, generando un estrés por situaciones a los que uno no está acostumbrado”, relató.
Una vez que se determinó el camión que trasladaba su hacienda, señaló que se tomaron los recaudos para resguardar las pruebas que comprobaran la actividad ilícita.
“Los animales no tenían la correspondiente marca de la venta, es como vender un auto con la patente cambiada o adulterada”, expresó para marcar lo simple que es establecer si un ganado es robado.
Fuente: Diariochaco.com