Un informe sostiene que las producciones de granos en esa zona del país «sufren una elevada presión impositiva» por la gran cantidad de tributos nacionales, provinciales y comunales.
Enumera entre los gravámenes que debe afrontar un productor agrario, los derechos de exportación, impuesto a las ganancias, a los bienes personales, ingresos brutos, tasa vial para mejora de caminos, tasas comunales, impuesto inmobiliario rural, a los débitos y créditos bancarios e impuesto a la transferencia de combustibles (ITC).
La simulación tiene en cuenta también los «elevados costos de transporte» del productor ubicado «a 700 kilómetros de distancia de los puertos y/o fábricas del Gran Rosario» y un rinde 25 quintales por hectárea.
De acuerdo con el estudio, «si el sistema tributario tuviera solamente un único impuesto a las ganancias y elimináramos el resto de los tributos que hoy se cobran», la presión fiscal «equivale al 77,5%».
En cuanto a la distribución de los recursos producidos por la cosecha, según la BCR «la torta que genera un campo norteño de 300 hectáreas se reparte así: 40% lo perciben los Gobiernos, 48% va a los costos de implantación y el 12% restante le queda al productor». En esa línea, sostiene que el productor «siembra soja y recibe por hectárea un ingreso bruto de US$ 611».
Y agrega que «luego de pagar todo, le quedan finalmente US$ 104 por hectárea» mientras que «los Gobiernos nacional, provincial y comunal ?con todos sus impuestos y retenciones- recibiría por la actividad de este productor aproximadamente US$ 343 por hectárea». Para la Bolsa de Rosario, «se trata de una desproporcionada carga fiscal que no premia en absoluto el esfuerzo productivo».