El «barril criollo» había generado rechazo en el campo ya que se pierde competitividad contra otros países productores.
Entre las consideraciones se encuentra que «la drástica caída del precio internacional del barril de petróleo produce un grave perjuicio a la actividad del sector hidrocarburífero nacional». Esto habría generado una fuerte disminución de los niveles de producción de petróleo crudo y de sus derivados, al tiempo que aumenta el riesgo de que la producción nacional no alcance a cubrir las necesidades del mercado interno.
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En este sentido, el Gobierno decidió tomar «medidas conducentes para preservar los niveles de actividad y de producción de la industria hidrocarburífera en sus distintas etapas».
«Resulta indispensable adoptar nuevas medidas urgentes y transitorias que permitan atender eficazmente los objetivos de la política hidrocarburífera y asegurar el autoabastecimiento a mediano plazo».
Con este precio mínimo, que rige hasta el 31 de diciembre, el objetivo es que las empresas productoras puedan cubrir los costos operativos y sostener los niveles de actividad previa al inicio de la crisis epidemiológica.
Para las empresas refinadoras y sujetos comercializadores se prohibió la importación de crudo cuando exista en el mercado local disponibilidad de producto o capacidad efectiva de procesamiento.
Cabe señalar que el precio de US$ 45 sería un acuerdo entre sectores de la producción, la refinación y comercialización, los sindicatos petroleros y las Provincias productoras de petróleo.
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También se adaptó el sistema que determina los derechos de exportación de los hidrocarburos. Cuando el precio esté por debajo de US$ 45 se eliminaron las retenciones, que hasta ahora eran del 8 %.
A cambio, las empresas productoras deberán sostener los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales y deberán mantener la planta de trabajadores y trabajadoras que tenían al 31 de diciembre de 2019.