Según la publicación de la agencia de noticias, los acreedores advierten que Vicentin podría haber desviado fondos por 400 millones de dólares.
«Si se demostraran estas actividades de ‘tunelización’, pueden corresponderse con un delito penal tipificado bajo la ley argentina», señala el pedido de los acreedores internacionales.
Del otro lado, Vicentin dijo que no tiene conocimiento de la solicitud de nuevos documentos y afirman que hasta ahora colaboraron completamente con la investigación. También aclararon que el destino de los fondos por la venta de una parte de Renova fue saldar compra de granos a productores y al Rabobank.
Durante la semana pasada, la Justicia rechazó el pedido del Gobierno para que el concurso de Vicentin pase al fuero porteño. Según consignó Télam, la decisión fue tomada por la magistrada María Alejandra Biotti ante un pedido de incompetencia del juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe, presentado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.