El resultado alcanzado con la defensa de la propiedad privada y haber logrado que el Gobierno nacional descartara la idea de expropiar la empresa Vicentin volvieron a colocar a las entidades rurales dentro del ámbito de discusión de temas que van más allá de lo sectorial.
La reforma judicial es el otro frente en el que el ruralismo pretende jugar también su partido, con una crítica hacia la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo.
Con el Congreso Nacional como centro del debate, la estrategia de quienes objetan la iniciativa de la reforma –entre ellas varias entidades vinculadas con la agroindustria– se ha mostrado activa.
La idea es transmitir a la mayor cantidad de diputados nacionales lo extemporáneo que resulta en la actual coyuntura debatir cambios en la Justicia teñidos de intencionalidad política.
En Córdoba, y luego de que los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti hicieran público que no darán el cuórum para tratar la reforma, trascendió que representantes del sector habían conversado de manera informal con algunos de ellos.
Si bien los encuentros no fueron formales como ocurrió con el tema Vicentin cuando la Mesa de Enlace provincial se reunió con los diputados, dirigentes rurales les hicieron saber que no es el momento para analizar la reforma.
El argumento de peso es que el país tiene otras prioridades en medio de la cuarentena, en las cuales poner el foco de atención.
Diferencia con la Nación
A través de un pronunciamiento público, la Mesa de Producción de Córdoba, integrada por 12 entidades del agro, la industria y la construcción, aclaró que no niega la necesidad de revisar la efectividad del Poder Judicial en pos de brindar un mejor servicio. Pero admite que gran parte de la población se pregunta si una iniciativa de este tipo es oportuna en el actual contexto social y económico.
Los avances políticos que el agro obtiene en la provincia no se reflejan a nivel nacional, donde la relación con el Gobierno es más distante.
A tal punto que dirigentes que integran la Mesa de Enlace aseguran haber solicitado hace dos meses una audiencia con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, sin obtener respuesta.
Uno de los temas que quieren abordar con los funcionarios de Agricultura es saber a ciencia cierta si el Gobierno pagará finalmente las compensaciones a los productores de soja, una promesa que ya lleva cinco meses de demora.
Si bien Basterra confirmó en las últimas horas que la retribución comenzaría a efectuarse el mes próximo, en algunas entidades rurales dudan de que, finalmente, esa medida se concrete.
La dirigencia rural también pretende de la Nación una respuesta a los bloqueos al tránsito dispuestos en algunas provincias durante la cuarentena, y que impiden la labor agropecuaria en muchas de ellas.