Grimaldi fue procesado como jefe y organizador de la asociación ilícita dictándose el mismo con prisión preventiva, la que se hará efectiva una vez firme el pronunciamiento.
En tanto para el resto de los acusados no se dictó la prisión preventiva, y para todos los imputados se ordenó un embargo solidario por $65 millones de pesos, aunque se aclara en la resolución que «las defraudaciones superarían ampliamente la suma mencionada».
De acuerdo a los datos de la instrucción de la causa, la denuncia fue promovida por un grupo de productores agropecuarios el 13 de marzo de 2019 que vendían sus cultivos de granos a las dos empresas acopiadoras, que posteriormente dejaron de funcionar y no recibieron la paga correspondiente.
La investigación sostiene que los empresarios compraban los granos a los productores, luego los vendían a la agroexportadora santafesina Vicentin -que se encuentra en concurso de acreedores- y se quedaban con el dinero de las operaciones sin pagar a los productores.
El magistrado -al describir el modus operandi- dijo que el dinero que obtenían de las ventas eran desviados de las empresas hasta lograr el vaciamiento total de las mismas.
También se quedaron con el dinero correspondiente al pago de tributos al fisco nacional en concepto de retenciones por el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias, produciéndose de este modo la «apropiación indebida de impuestos, entre otros ilícitos que aún se están dilucidando.
El juez Pinto ordenó remitir una copia de la resolución a la Secretaría nº 20 del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10 donde tramita la investigación de la empresa ‘Vicentin SAIC’ (Expediente nº CFP 268/2020). Fuente: Telam