En primer término, el ruralismo mencionó la ley de manejo del fuego que “pretende castigar con hasta 60 años de inactividad a quienes fueron víctimas de incendios en sus propios campos”.
También puntualizó los proyectos de ley de Humedales que “basados en una amplia y cuestionable definición de humedales, de prosperar, desafectaría amplias porciones del territorio nacional para la actividad productiva”.
Otra propuesta que genera polémica es la iniciativa del Frente de Todos de armar un “observatorio de fitosanitarios” y también la Mesa cuestionó las nuevas restricciones proyectadas en el marco de la Ley de Bosques.
“Todos estos proyectos promueven una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales. Parten de premisas equivocadas sobre una supuesta ambición desmedida de los productores por ganar más tierras para su actividad a cualquier costo. Nada más alejado de la realidad”, indicaron las entidades agropecuarias.
Y aclararon: “Por el contrario, la inmensa mayoría de los productores respetamos la naturaleza y utilizamos los recursos en forma sustentable porque convivimos con ellos, vivimos en los campos en los que producimos, por lo que conocemos sus ciclos, sus necesidades, su fragilidad y su carácter limitado. Somos los primeros en buscar su equilibrio y su preservación”.
Para las asociaciones del campo, no hay dicotomía entre cuidar el ambiente y producir, porque la actividad agropecuaria depende de los recursos naturales y es la más perjudicada por las consecuencias del cambio climático, que se traduce en sequías agudas, por ejemplo.
“Pero el abordaje de estos temas sobre que pretenden legislar debe ser serio y responsable. No sesgado por la ideología ni por mitos construidos desde alguna oficina en una ciudad. Restringir y legislar desde el desconocimiento real de los problemas puede traer muchísimos perjuicios. Especialmente en las comunidades que se pretende proteger”, criticaron.
En este contexto, consideraron que “en el difícil momento que vive la economía argentina, en el que se requiere más producción, más exportaciones y más trabajo, se debe acertar en el diagnóstico correcto de los problemas y propiciar iniciativas que los solucionen efectivamente, lejos de miradas ideológicas, que solo sirven para alimentar el relato y la grieta”.
Impuesto a la riqueza
Otro de los proyectos legislativos que genera mucho rechazo en el agro es el “aporte extraordinario solidario” que proponen Máximo Kirchner y Carlos Heller, y que consiste en un pago supuestamente único que realizarían aquellas personas (físicas o jurídicas) que posean un patrimonio superior a los dos millones de dólares.
En este sentido, dos entidades de Córdoba se hicieron escuchar con fuertes críticas hacia los diputados provinciales que responden al gobernador Juan Schiaretti y que ya anticiparon que apoyarán la iniciativa.
“Córdoba avalará un impuesto inconstitucional y antiproductivo? Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) expresamos nuestro categórico rechazo a la decisión del bloque de diputados oficialistas de Córdoba Federal, que manifestó su voluntad de votar afirmativamente el proyecto”, dijo Cartez en un comunicado.
Para la entidad que nuclea a productores de Córdoba, San Luis, Catamarca y La Rioja, no es una contribución “solidaria” sino “compulsiva”, y que corre el riesgo de que se perpetúe en el tiempo como otros impuestos que nacieron como de emergencia y luego nunca se eliminaron.
“Nos llama poderosamente la atención que una de las provincias más productivas del país avale un nuevo tributo que a todas luces es inconstitucional y anti productivo. Los derechos de exportación (retenciones) ya constituyen una fabulosa transferencia de recursos de la Provincia a la Nación, que los maneja discrecionalmente, sin coparticipar de acuerdo a lo tributado, alejándose de los principios federales de la República”, remarcó Cartez.
Y continuó: “Ahora se suma este proyecto de impuesto a la riqueza, que no grava precisamente a las utilidades obtenidas en un período sino al patrimonio, al bien de trabajo, al capital. En definitiva, a los que apuestan por el país y por una Córdoba productiva, sin importar si tuvieron márgenes negativos en una campaña agrícola azotada por la sequía, las heladas y distintos factores climáticos”.
Del mismo modo, el Consejo provincial Córdoba de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dijo que rechaza “enfáticamente” cualquier apoyo al proyecto impulsado por los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal, a la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario.
“En primer lugar, consideramos que no es otra cosa más que contribuir con el deterioro de la matriz productiva privada, la cual es la generadora de las divisas genuinas y que es parte fundamental para una pronta reactivación económica”, manifestó Coninagro.
También hizo hincapié en que no lo considera un aporte “solidario”, porque “es un impuesto confiscatorio, por multiplicar la imposición de tributos a bienes ya gravados y que afectarán al capital de trabajo, no generando contraprestaciones algunas a quienes se encuentren alcanzados por el mismo”.
Asimismo, en línea con Cartez, añadió: “Tenemos la incertidumbre de que termine quedándose para siempre, como sucedió con otros impuestos extraordinarios, que se crearon oportunamente para afrontar distintas problemáticas”.
“Por otra parte, se trata de permitir una transferencia de recursos económicos de los sectores productivos, al gobierno central, deteriorando el capital privado de trabajo, generando pérdidas económicas y de confianza, desalentando la inversión y el crecimiento. Por todos estos motivos, apelamos a una reconsideración en la voluntad de acompañar dicho proyecto”, concluyó Coninagro.