Un informe de la Fundación Mediterránea confirma que la sequía, en lugar de aliviar la situación fiscal, eleva la presión impositiva. Esto sucede porque mientras se profundizan los quebrantos de los productores, el Estado sigue cobrando derechos de exportación y obteniendo recursos del campo.
En el mismo informe en que los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, estiman que el ingreso de divisas por exportaciones caerá en U$S18.000 M por la sequía, también calculan que esta merma derivará en una pérdida de U$S4.400 M para el Gobierno, a raíz de la menor recaudación por derechos de exportación (DEX).
Pero una rápida lectura de estos datos puede llevar a una conclusión errónea, en cuanto a que el Estado, aunque perciba menos dinero por la producción agropecuaria, no dejará de cobrarle al productor, independientemente de que gane o pierda con su negocio agrícola.
Pese a la catástrofe productiva que implica la sequía, los ingresos solo por DEX se aproximarán a los U$S5.300 M, pero un indicador aún más fiel es que, en cualquier escenario productivo, el Estado se lleva más dinero de una hectárea que el productor.
Menos es más. Y lo que es peor, cuanto más caen los rindes, mayor es lo que acapara el Estado. “Por la magnitud del traspié productivo, en esta campaña los resultados económicos serán negativos en muchos establecimientos agrícolas del país”, advierten Garzón y Artusso en su análisis del IERAL.
A partir de modelos de referencia, los economistas estiman que, en la región extra pampeana, una pérdida superior al 15% o 20% de los rendimientos normales deriva en una situación de quebranto en los productores arrendatarios, y si la pérdida se acerca al 50%, las pérdidas ascienden a U$S340/ha. En estas zonas, también enfrentan quebrantos los productores propietarios que tengan pérdidas de entre 40% y 50% de los rendimientos habituales.
En tanto, en la zona núcleo, los productores propietarios pueden mantener números positivos, con pérdidas del 50% de la producción, aunque en esta zona es se observan ajustes respecto de rindes aún mayores.
“Por el contrario, quienes arrendaron campos en zona núcleo pagando altos arrendamientos tendrán quebrantos muy fuertes, por caso, de U$S 576 por hectárea, en un escenario de rindes al 50% de los normales”, agregan los economistas del IERAL.
Respecto a la distribución de la renta de un establecimiento agrícola en esta campaña, entre los participantes más relevantes de la cadena productiva (agricultores, propietarios de la tierra y el Estado), “el caso del Gobierno es probablemente el más interesante”, señalan.
Siempre cobra. Sucede que, salvo que se pierda toda la cosecha, el Estado siempre logra tomar recursos de la actividad, por alguno o varios de los impuestos que cobra, lo que no sucede con los productores (especialmente arrendatarios), que pierden dinero cuando la productividad es mucho menor la normal, como sucede con las consecuencias de la sequía. “En todos los casos de rindes posibles analizados, el Estado obtiene más recursos que un productor propietario, ampliándose la diferencia a mayor caída de rindes”, explican Garzón y Artusso.
En tanto, en la zona extra pampeana, con rindes 30% menores a lo normal, el Estado recauda U$S4,5 por cada dólar ganado por el productor. Y con rendimientos 50% inferiores a lo normal, el propietario perderá U$S96/ha, contra una recaudación de U$S231 que el Estado obtiene por el cobro de diferentes impuestos.
“Esta asimetría se hace mucho más notoria en el caso de arrendatarios, cuya renta se hace negativa rápidamente frente a una caída de rindes medios, mientras siguen generando flujos relevantes de recaudación para el Estado”, concluyen los economistas.