Las Sociedades Rurales de Río Cuarto y de Jesús María apuntaron contra la contribución obligatoria que se paga por cada animal enviado a faena, para sostener el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.
Con apenas horas de diferencia, las Sociedades Rurales de Río Cuarto (SRRC) y de Jesús María (SRJM), las dos entidades gremiales de base más fuertes de Córdoba, salieron el martes a cuestionar un costo extra que tiene la hacienda y que consideran que incide sobre la rentabilidad de los productores ganaderos.
Se trata de la contribución obligatoria que se paga por cada animal enviado a faena, para sostener el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), y que está prevista en la Ley 25.507 que da conformación a este organismo.
A mediados de diciembre, el Consejo de Representantes del Instituto estableció los nuevos valores que, a partir del 1° de enero, quedaron en $ 375 para la industria y en $ 834 para la producción.
En el caso de los productores, esto significa un 23,4% más que los $ 676 que se pagaban hasta diciembre y un 650% más que los $ 111,20 de enero de 2023.
“NO HAY PLATA”
Parafraseando al presidente Javier Milei, “No hay plata, y menos sin saber para qué”, es el título del comunicado que difundió la Rural riocuartense y en el que manifestó su “más contundente rechazo” al último incremento dispuesto por el IPCVA.
En este marco, la SRRC calculó que si en 2023 se faenaron 14,5 millones de cabezas, significa un aporte superior a los U$S 12 millones que son “resignados” por los productores ganaderos.
“En un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable. Y entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse. ¿Es necesario que cada ganadero resigne $834 por cada animal que tiene destino de faena? ¿Para qué? ¿Qué recibe a cambio?”, cuestionó la entidad del sur cordobés.
Al respecto, consideró que el IPCVA, “antes de reclamar un aumento de la contribución obligatoria, (debería dar) una explicación acabada de los motivos, el uso detallado que se hace de esa importante recaudación y por último, cómo retorna a los miles de aportantes de todo el país”.
“Es sabido que una parte de los fondos termina financiando a las entidades gremiales de orden nacional. Pero en ese caso: ¿por qué sólo los ganaderos deben sostener la estructura gremial mediante este costoso aporte? El contexto obliga a revisar muchas cosas que estaban dadas desde hace mucho tiempo, y no sólo en la política”, continuó.
Y cerró: “Los ganaderos no pueden seguir resignando recursos injustificadamente y menos tolerar aumentos unilaterales sin tener en claro cuál es su verdadero destino, en qué se gasta. Es hora de explicar y justificar, antes que de pedir más plata que no hay”.
“NUEVA VIEJA RECETA”
Del otro lado del mapa de Córdoba, en el norte, la posición de la Rural jesusmariense no fue menos contemplativa con el IPCVA.
“La Sociedad Rural de Jesús María, en representación de los productores agropecuarios de la región, expresa su profundo rechazo al reciente aumento en la contribución obligatoria por cada animal enviado a faena”, señaló en un comunicado titulado “Nueva vieja receta tiene todo nuestro rechazo”.
En este marco, esta entidad fue más allá y le pidió a Milei que incluya a la Ley 25.507 entre las normativas a derogar, para que ya el IPCVA no pueda “fijar los valores de este impuesto extractivo para la producción primaria de hacienda”.
“Es más, queremos recordar que desde la promulgación de la mencionada Ley en el año 2001, hemos sido testigos de un continuo fracaso en sus objetivos principales, que eran mejorar la competitividad de las empresas ganaderas, fomentar el consumo interno y promover la exportación de carne vacuna. Nada de ello sucedió en beneficio del conjunto”, afirmó la SRJM.
En línea con la SRRC, en tanto, reflejó que “en lugar de estimular el desarrollo sostenible del sector ganadero, este impuesto se suma a la larga lista de la excesiva carga que sufren todos los argentinos en cada ámbito en el cual se desenvuelven”.
También sostuvo que “el aumento que implica esta contribución obligatoria sólo agrega un costo adicional para los productores, afectando negativamente la rentabilidad, la viabilidad de sus explotaciones y, como último, castiga la mesa de todos los argentinos”.
“En este sentido, instamos a las autoridades institucionales y legislativas a trabajar en la extinción de esta medida y, en conjunto con el sector agropecuario, encontrar soluciones que impulsen realmente el crecimiento y la eficiencia productiva; en lugar de hacer con ello un circo mediático con gastos innecesarios y beneficios sólo para un sector minoritario de nuestra actividad”, ahondó la Rural del norte cordobés.
Y concluyó: “Desde la Sociedad Rural de Jesús María reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sustentable pecuario y una vez más nos ponemos a disposición para un diálogo constructivo que incluya a todos los actores involucrados”.
¿QUÉ DICEN DESDE EL IPCVA?
Según pudo establecer Infocampo, por ahora desde el IPCVA han decidido no salir a contestar estas críticas.
De todos modos, fuentes de la industria frigorífica relacionadas al organismo las consideraron infundadas y las vincularon con una interna gremial dentro de una de las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que sería Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ya que estas Rurales cordobesas forman parte de esa asociación en el ámbito nacional.
Además, subrayaron que el último aumento está incluso por debajo de lo que la Ley autoriza; es decir, que si se respetaran a rajatabla las variables que tiene en cuenta la normativa, el incremento podría haber sido incluso superior.
Dentro de los trabajos habituales de mantenimiento general en la Plaza Principal de nuestra ciudad se lleva a cabo la pintura de los monumentos de este espacio público con la cuadrilla municipal correspondiente.
