Productores alertan que una obra clandestina frena el escurrimiento hacia el Salado. Tras lluvias intensas, crece el impacto en campos y producción.
El 17 de abril de 2026, en el partido bonaerense de Pila, productores agropecuarios denunciaron que un terraplén ilegal en la laguna San Lorenzo impide el escurrimiento del agua hacia el río Salado tras lluvias superiores a los 150 milímetros, agravando las inundaciones en campos productivos y generando un fuerte impacto en la producción agropecuaria de la región.
La situación volvió a tensionarse luego de las últimas precipitaciones, que dejaron amplias zonas anegadas en un contexto donde el sistema hídrico natural aparece alterado. Según describen los productores, el problema no es nuevo, pero se vuelve crítico cada vez que se combinan lluvias intensas con falta de infraestructura adecuada.
«El agua no puede salir, queda atrapada y nos inunda los campos», resumió Carlos López, productor de la zona, al explicar el funcionamiento de una cuenca que históricamente permitió drenar excedentes hacia el río Salado. En condiciones normales, las lluvias que caen en localidades como Tandil, Olavarría o Azul escurren por una red de arroyos -entre ellos el Camarones- que desembocan en la laguna San Lorenzo y continúan su curso.
Ese sistema, clave para la sustentabilidad del campo bonaerense, fue complementado durante el siglo pasado con obras hidráulicas como el Canal 9 y compuertas reguladoras que permitían manejar los picos de agua. Sin embargo, el equilibrio se quebró con la aparición de una intervención que, según denuncian, bloquea el flujo natural.
El foco del conflicto está en un terraplén de aproximadamente dos metros de altura, reforzado con piedras, construido dentro de la laguna San Lorenzo. La obra, atribuida a un club pesquero, actúa como una barrera física que interrumpe el drenaje. «Estas lagunas se llenan y se vacían naturalmente, pero con este obstáculo ese proceso se corta», explican los productores.
Bioestimulantes: qué beneficios reales ven productores de EE.UU. y América Latina
El impacto no se limita a un punto específico. El agua retenida afecta también a otros espejos como Aguas Verdes y al propio arroyo Camarones, generando un efecto en cadena sobre toda la cuenca. En términos productivos, esto se traduce en pérdidas en la ganadería y la agricultura, dificultades logísticas y complicaciones en la infraestructura rural, especialmente en caminos que quedan intransitables.
El conflicto arrastra antecedentes. En 2016, la Autoridad del Agua (ADA) ordenó la remoción del terraplén tras declararlo irregular. La estructura fue retirada, pero luego reconstruida, lo que motivó nuevas sanciones y una orden de demolición reiterada en 2023. Sin embargo, la medida aún no se ejecutó.
«Lo que más preocupa es la demora. La resolución está, pero no se cumple», señalan desde el sector productivo, donde advierten que la falta de acción agrava el impacto de cada evento climático. En un escenario atravesado por el cambio climático, con alternancia entre sequías y lluvias intensas, la falta de respuesta institucional amplifica los daños.
La situación también motivó la intervención del Defensor del Pueblo bonaerense, que solicitó avanzar con la ejecución de la medida pendiente. Aun así, en el territorio la percepción es de incertidumbre. «Cada lluvia fuerte nos encuentra en la misma situación», insisten los productores.
Para el campo argentino, este tipo de conflictos expone una problemática estructural: la necesidad de planificación hídrica integral, controles efectivos y cumplimiento de normativas que garanticen el funcionamiento de las cuencas. En regiones donde la producción agropecuaria depende directamente del manejo del agua, cualquier alteración puede comprometer no solo la campaña, sino también la rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo.