Productores del norte bonaerense alertan por un fuerte aumento impositivo y cuestionan la falta de trazabilidad en fondos clave para caminos rurales.
Productores agropecuarios autoconvocados de Zárate denunciaron este 24 de abril de 2026 un fuerte incremento de la presión fiscal municipal tras decisiones del intendente Marcelo Matzkin, que eliminó tasas específicas rurales. El tema es clave porque impacta directamente en la rentabilidad del campo y en la infraestructura necesaria para la producción agropecuaria.
El conflicto se originó con la eliminación de la tasa vial y de seguridad rural, históricamente destinadas al mantenimiento de caminos. En su lugar, se implementó una tasa general sin asignación específica, lo que genera incertidumbre en un contexto donde la logística rural es determinante para sostener los rindes y la competitividad de los agronegocios.
Según los productores, el cambio no solo implicó una modificación administrativa, sino una suba real de la carga tributaria cercana al 400%, agravada por la incorporación del componente «macrolote», calculado sobre la valuación fiscal. Esto derivó en facturas con montos significativamente superiores e incluso retroactivos.
El impacto en el funcionamiento del campo es directo. En un distrito con predominio rural, el deterioro de la red vial condiciona la producción y la comercialización. En este escenario, los productores advierten que:
- La logística de la cosecha se vuelve más costosa e ineficiente
- El transporte de insumos y agroquímicos enfrenta mayores dificultades
- Se encarece la salida de granos hacia puertos y mercados
Esta situación afecta la cadena de valor agropecuaria y compromete la sustentabilidad económica de los establecimientos, especialmente en campañas atravesadas por la volatilidad del precio de los granos y el impacto del cambio climático.
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Otro de los puntos más cuestionados es el cobro de alumbrado público en zonas rurales sin infraestructura. Productores sostienen que se factura este servicio incluso en campos sin luminarias, lo que consideran una distorsión del sistema y una señal de falta de segmentación entre lo urbano y lo rural. Esta situación profundiza el malestar en el sector, que ya enfrenta altos costos estructurales.
Desde el municipio, el intendente Marcelo Matzkin defendió el esquema vigente, argumentando que busca mayor equidad y que no hubo cambios recientes. También señaló que parte de la recaudación se destina a un consorcio de caminos rurales. Sin embargo, los productores remarcan que no existe un respaldo legal explícito en la ordenanza, lo que debilita la confianza.
En este contexto, el reclamo excede lo económico y se instala en el plano institucional. La falta de previsibilidad y de reglas claras complica la planificación productiva, desalienta la inversión y tensiona la relación entre el sector público y el campo.
El caso de Zárate expone un problema recurrente en el agro argentino: la presión fiscal creciente sin garantías de reinversión en infraestructura clave. Para un sector que apuesta a la tecnificación, la siembra directa y las buenas prácticas agrícolas (BPA), contar con caminos en condiciones es tan estratégico como cualquier innovación tecnológica.
En conclusión, el desafío hacia adelante será encontrar mecanismos que aseguren transparencia, trazabilidad y eficiencia en el uso de los recursos, elementos indispensables para sostener la rentabilidad y el desarrollo del campo argentino en un escenario cada vez más exigente.