El Gobierno impulsa un sistema de control en semillas para nuevas variedades. Busca mejorar regalías y tecnología sin cambiar la ley vigente.
El 27 de abril de 2026, el Gobierno nacional, encabezado por el ministro Federico Sturzenegger, presentó al sector agropecuario un nuevo esquema de fiscalización de semillas en el primer punto de entrega del grano, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el cobro de regalías sin modificar la Ley vigente, un aspecto clave para la productividad, la innovación y el ingreso de divisas del agro argentino.
La iniciativa fue expuesta ante entidades de la Mesa de Enlace, CREA, Aapresid y actores de la cadena semillera, en un contexto donde la discusión por la propiedad intelectual y el uso propio de semillas vuelve a tensar la relación entre productores y desarrolladores de biotecnología.
Control en acopios y nuevas reglas para variedades
El esquema propuesto establece que en acopios, puertos y plantas de procesamiento se identifique la variedad del grano entregado, información que será remitida al Instituto Nacional de Semillas y a los obtentores.
Este mecanismo permitirá fortalecer el sistema de regalías, en línea con los reclamos históricos de la industria semillera, pero sin modificar la Ley 20.247 ni avanzar por el Congreso.
Suelos vivos impulsan la rentabilidad agrícola y transforman el modelo productivo
Un punto central es que el sistema solo se aplicará a nuevas variedades registradas, mientras que las semillas ya en uso continuarán bajo el esquema actual. Además, la adhesión a estas nuevas tecnologías será opcional para los productores, según lo planteado por fuentes oficiales.
La implementación se realizará mediante una resolución conjunta entre la Secretaría de Agricultura y el INASE, consolidando un modelo de control sobre el flujo comercial del grano.
Tecnología, trazabilidad y el impacto en la producción
El nuevo esquema prevé su integración con el sistema SISA, lo que permitirá cruzar datos y mejorar la trazabilidad en la cadena de valor agrícola, aprovechando infraestructura ya existente.
También se incorpora la participación de Cámaras Arbitrales y entidades privadas habilitadas, en un modelo de articulación público-privada que busca optimizar controles sin desplazar al Estado.
Los análisis de identidad varietal se realizarán con métodos reconocidos, con respaldo de muestras, y los resultados podrán derivar en denuncias ante el INASE y eventuales sanciones según la normativa vigente.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es acelerar la adopción de nuevas tecnologías en semillas, especialmente en cultivos como soja y trigo, donde Argentina presenta una brecha productiva frente a otros países.
En ese sentido, estimaciones oficiales indican que una mayor incorporación de genética mejorada podría traducirse en hasta US$5000 millones adicionales en exportaciones, fortaleciendo la competitividad del sector.
Costos, derechos y el debate que sigue abierto
En el sector productivo, la propuesta genera posiciones diversas. Mientras algunos actores valoran la posibilidad de mejorar el acceso a tecnología, otros advierten sobre el impacto en los costos y la rentabilidad, en un contexto marcado por la volatilidad de precios y el peso de los insumos.
La discusión también se vincula con el debate de fondo sobre la actualización de la Ley de Semillas y la eventual adhesión a estándares internacionales como UPOV 91, que amplían la protección de los derechos de obtentor. Por ahora, el Gobierno avanza con un esquema intermedio que busca mejorar el control sin modificar el marco legal.