El Gobierno acelera el recorte en el INTA y busca 1200 desvinculaciones antes de junio. Temen recortes, pase a disponibilidad y venta de tierras.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ya registra unos 420 trabajadores adheridos al programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional, una medida que forma parte del fuerte proceso de reestructuración del organismo y que apunta a alcanzar un total de 1200 desvinculaciones antes del 15 de junio. La decisión impacta de lleno sobre uno de los pilares históricos de la innovación y la investigación agropecuaria en la Argentina y genera preocupación en el sector por el posible avance de nuevos recortes, programas paralizados y hasta venta de tierras.
El esquema fue habilitado oficialmente el pasado 4 de mayo y permanecerá abierto hasta mediados de junio. Desde el Ejecutivo consideran clave llegar a la cifra prevista para evitar medidas más drásticas dentro del organismo. Sin embargo, dentro del INTA crece la incertidumbre porque muchos trabajadores aún no aceptaron el retiro ante la falta de reconocimiento de los años trabajados bajo modalidad de planta no permanente (PNP).
Fuentes cercanas al proceso señalaron que, si no se alcanza la meta de retiros voluntarios, el Gobierno podría avanzar con el pase a disponibilidad de empleados públicos, además de profundizar el ajuste sobre áreas técnicas, proyectos de investigación y programas estratégicos vinculados al desarrollo agropecuario.
La situación genera alarma especialmente en las estaciones experimentales del interior del país, donde el INTA cumple un rol clave en transferencia tecnológica, sanidad vegetal y animal, innovación, sustentabilidad y desarrollo territorial.
En paralelo, también comenzó a mencionarse la posibilidad de que intervenga la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para analizar la venta de tierras pertenecientes al organismo, una alternativa que suma tensión dentro del sector científico y productivo.
ArgenINTA analiza cubrir costos millonarios por personal transitorio
Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira en torno al reconocimiento de la antigüedad de trabajadores que estuvieron durante años bajo planta transitoria. Según distintas fuentes, muchos empleados esperan hasta último momento para adherirse con la expectativa de que esos períodos sean incluidos en el cálculo indemnizatorio.
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Actualmente, el esquema oficial solo reconoce años en planta permanente. Sin embargo, en el retiro voluntario anterior sí se contempló la antigüedad transitoria, motivo por el cual existe presión interna para repetir ese criterio.
En ese contexto, trascendió que la Fundación ArgenINTA analiza destinar alrededor de $2000 millones para cubrir parte de esos costos. La entidad, integrada por actores públicos, universidades y representantes del agro, cuenta con superávit y trabaja en proyectos vinculados con productividad, seguridad alimentaria y desarrollo local.
Un recorte de más de $100.000 millones y fuerte impacto en el agro
El programa de retiros voluntarios forma parte del plan de reorganización estatal impulsado por el Gobierno nacional. Según la documentación tratada por el Consejo Directivo del organismo, el costo total del esquema asciende a $101.717 millones.
Hasta antes del inicio del proceso, el INTA contaba con unos 5750 trabajadores. Si se concreta el objetivo oficial de 1200 retiros, la reducción equivaldrá a cerca del 21% de la planta total.
La propuesta contempla una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios por cada año trabajado, con topes según la edad del empleado. El pago se realizará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral y quienes adhieran no podrán volver a ingresar al sector público nacional durante cinco años.
El campo sigue de cerca el futuro del INTA
La reestructuración del INTA es seguida con atención por productores, entidades rurales y actores de la cadena agroindustrial. El organismo es considerado estratégico para el desarrollo de tecnologías aplicadas al campo argentino, desde agricultura de precisión y buenas prácticas agrícolas hasta genética, ganadería, sustentabilidad y adaptación al cambio climático.
Dentro del propio Gobierno aseguran que, si se alcanza la cantidad prevista de retiros voluntarios, no serían necesarios nuevos recortes sobre programas técnicos. Pero puertas adentro del organismo el temor es otro: que la reducción de personal termine afectando áreas sensibles para la competitividad y la innovación agropecuaria.
El debate abre además una discusión más profunda sobre el rol del Estado en la investigación aplicada al agro y el impacto que estas medidas pueden tener sobre la productividad, la transferencia tecnológica y la generación de valor agregado en las economías regionales.