Argumentó la preservación de la actividad familiar y de pequeña escala; la medida contrapone la disposición de Senasa

El Gobierno dispuso, a través del Senasa, el uso obligatorio de la caravana electrónica. La medida generó controversia entre los productores ganaderos y rechazo por parte de algunas entidades, sin embargo, se avanzó con la iniciativa.
Ante este escenario, el diputado radical Pablo Juliano presentó un proyecto de ley para eximir a los criadores vacunos. La medida apunta a la actividad familiar y la pequeña escala.
El proyecto fundamentó que busca proteger la rentabilidad de los pequeños y medianos productores. “La obligatoriedad, en este contexto, erosiona la rentabilidad básica de la actividad de cría, poniendo en riesgo la continuidad de numerosos establecimientos familiares y medianos”, planteó el legislador en el proyecto.
Con esta iniciativa, el diputado busca establecer un régimen de excepción a la obligatoriedad de aplicación del Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales (SNIEA). Además, advirtió que el costo promedio de cada dispositivo ronda entre 1,50 y 1,70 dólares por animal.
El texto mencionó que representa una transferencia directa de más de 25 millones de dólares anuales desde los productores hacia las empresas proveedoras. “Implica costos adicionales, dificultades operativas y tecnológicas que pueden resultar desproporcionados para establecimientos de cría sin salida comercial directa inmediata de sus animales», planteó el proyecto.
Al mismo tiempo, Juliano argumentó en el proyecto que la obligatoriedad crea un mercado cautivo, en beneficio de un número reducido de empresas proveedoras de dispositivos electrónicos. De esta manera, insistió en que no resulta equitativo imponer esta tecnología a predios familiares o de pequeña escala.
Por último, la iniciativa sostuvo que los productores beneficiarios podrán optar por continuar con los sistemas de identificación tradicional siempre que se verifique su validez sanitaria. Además, exige que se garantice la trazabilidad mínima exigida para los fines zoosanitarios pertinentes.
