Indignación en el campo: destruyen 12 silobolsas con más de 2.200 toneladas de granos

Un ataque contra un establecimiento rural de Villa Cañás, Santa Fe, provocó pérdidas millonarias tras la rotura de 12 silobolsas con más de 2.200 toneladas de soja, maíz y trigo.

Desconocidos ingresaron durante los últimos días a un establecimiento agropecuario de Villa Cañás, en el sur de Santa Fe, y rompieron 12 silobolsas que almacenaban más de 2.200 toneladas de granos. El hecho afectó a una empresa familiar dedicada a la producción agrícola y tambera y generó una fuerte preocupación por el avance de la inseguridad rural. La magnitud de las pérdidas económicas y el daño sobre la producción convierten al caso en uno de los episodios más graves registrados recientemente en la región.

La denuncia fue realizada por la productora María Elba Díaz de Garrigou, propietaria del establecimiento «Los Ángeles», quien confirmó que los atacantes provocaron la rotura de 12 silobolsas que almacenaban granos destinados a la comercialización.

«Desconocidos ingresaron al establecimiento y rompieron 12 silobolsas. La última información que recibimos refiere a que los daños alcanzaron las 2.200 toneladas», sostuvo.

Cada silobolsa tiene una capacidad cercana a las 200 toneladas, por lo que el impacto económico es significativo. Los materiales dañados contenían principalmente soja, maíz y semillas de trigo, tres de los cultivos más importantes para la economía agroexportadora argentina.

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La imagen de miles de toneladas de granos esparcidas sobre el suelo generó indignación entre productores de toda la región.

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«La mayoría de los silobolsas contienen soja, maíz y semillas de trigo. Todo quedó desparramado en el suelo. Eso significa no solo dinero que se pierde sino también años de trabajo y esfuerzo», expresó la productora.

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores y productores es la forma en que actuaron los responsables.

Según relató Díaz de Garrigou, los cortes fueron realizados sobre los laterales de los silobolsas para garantizar el derrame completo del contenido.

«Los que ingresaron al campo quisieron hacer mucho daño», afirmó.

El objetivo no habría sido el robo de mercadería, sino la destrucción deliberada de una importante cantidad de producción agrícola.

Además, trabajadores que detectaron los daños señalaron que los delincuentes se habrían movilizado a pie, ya que las tranqueras permanecían cerradas con candados y no se encontraron huellas de vehículos en los accesos.

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El episodio volvió a poner en el centro del debate la problemática de la inseguridad rural, una de las principales preocupaciones de productores y entidades agropecuarias.

En los últimos años, la rotura de silobolsas se transformó en un delito con fuerte impacto económico, ya que afecta directamente la capacidad de almacenamiento, la logística y la comercialización de granos.

La pérdida de más de 2.200 toneladas implica no solo un daño patrimonial, sino también una afectación directa sobre la rentabilidad de la empresa y de toda la cadena agroindustrial.

La productora recordó además que el establecimiento ya había atravesado situaciones conflictivas en el pasado, aunque remarcó que el ataque actual representa un perjuicio mucho mayor por la magnitud de las pérdidas.

La denuncia fue presentada ante la policía y también será elevada a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

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La investigación quedó a cargo de la Comisaría 6ª de Villa Cañás y de la Fiscalía de Venado Tuerto, encabezada por el fiscal Luis Lagioia, del Ministerio Público de la Acusación.

Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, mientras continúan las tareas para intentar recuperar parte de los granos derramados.

Más allá del perjuicio sufrido por una empresa familiar, el caso impactó de lleno en el ánimo de los productores de la región.

La destrucción de más de 2.200 toneladas de soja, maíz y trigo representa un golpe económico de enorme magnitud en un contexto donde el campo enfrenta altos costos de producción, presión impositiva y desafíos climáticos.

Por eso, el episodio ocurrido en Villa Cañás trasciende los límites de un establecimiento rural y reabre un reclamo histórico del sector: mayor seguridad para proteger la producción, el trabajo y las inversiones que sostienen gran parte de la economía argentina.

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