La región registra su peor retroceso laboral en una década y Argentina, Panamá y Ecuador quedan bajo la lupa internacional por el deterioro de derechos sindicales y laborales.
Argentina, Panamá y Ecuador fueron incluidos entre los diez peores países del mundo para los trabajadores, según el Índice Global de Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), presentado esta semana durante la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. El reporte advierte sobre un deterioro sostenido de las libertades sindicales y laborales en la región, una situación que preocupa por su impacto económico, social y productivo.
Las Américas obtuvieron una puntuación promedio de 3,72 sobre 5 -donde 5 representa el peor escenario posible-, registrando su peor desempeño desde que comenzó a elaborarse el índice en 2014. El resultado confirma una tendencia negativa que ya acumula tres años consecutivos de retroceso.
La investigación evaluó a 151 países tomando como referencia los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y documentó violaciones a derechos laborales fundamentales por parte de gobiernos y empleadores.
En ese contexto, Argentina y Panamá descendieron a la categoría más crítica del ranking mundial, incorporándose a una lista integrada además por Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía.
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América Latina concentra los mayores riesgos para la actividad sindical
El informe sostiene que la región continúa siendo la más peligrosa para los dirigentes sindicales. Además de los asesinatos de activistas registrados en distintos países, se observan prácticas recurrentes de represión de protestas, despidos vinculados a la actividad gremial, persecución judicial y restricciones al derecho de asociación.
Los datos reflejan la magnitud del problema: el 87% de los países americanos vulneró el derecho de huelga, el 80% limitó la negociación colectiva y el 75% obstaculizó la libertad sindical o el registro de nuevas organizaciones gremiales.
La CSI identificó a Argentina y Panamá como dos de los casos más preocupantes del último año.
En Argentina, la entidad cuestionó las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, señalando que derivaron en despidos, restricciones a la capacidad de acción de los sindicatos y limitaciones a las manifestaciones públicas. Según el organismo, estas medidas representan un debilitamiento de los mecanismos de protección laboral.
En Panamá, las observaciones apuntan a la respuesta estatal frente a huelgas de trabajadores de los sectores educativo y agrícola, así como a restricciones al derecho de reunión y dificultades para sostener instancias de diálogo social.
Por su parte, Ecuador mantiene una de las peores calificaciones globales. El reporte denuncia una supuesta ofensiva contra sindicatos y organizaciones sociales, incluyendo vigilancia digital, criminalización de dirigentes y reformas consideradas regresivas para el movimiento sindical.
Pocas señales positivas en medio de un escenario complejo
Entre las excepciones regionales aparece Uruguay, que logró mejorar su posición gracias al fortalecimiento de las garantías para el ejercicio del derecho de huelga y al impulso de mecanismos de diálogo social.
México también registró avances, aunque la CSI sostiene que persisten obstáculos vinculados a la libertad de asociación en sectores estratégicos de la economía.
Otros países como Colombia, Guatemala y Perú continúan enfrentando desafíos estructurales relacionados con la seguridad de los dirigentes gremiales y la protección efectiva de los derechos colectivos.
El deterioro de los derechos laborales no es exclusivo de América Latina. Europa registró su peor puntuación histórica desde la creación del índice, mientras que Medio Oriente y el Norte de África continúan siendo las regiones con menores garantías para los trabajadores.
A nivel mundial, apenas siete países alcanzaron la máxima calificación en materia de derechos laborales, frente a los 18 que lo lograban una década atrás. Además, 40 naciones recibieron la peor nota posible.
La CSI alertó también sobre el creciente uso de tecnologías para monitorear a los trabajadores, la reducción de consultas a sindicatos antes de aprobar reformas laborales y la criminalización de la protesta social.
Para los especialistas, estas tendencias generan efectos que trascienden el ámbito gremial. La estabilidad laboral, el diálogo social y la previsibilidad institucional son factores clave para la inversión, la productividad y la competitividad económica, especialmente en mercados emergentes donde el empleo formal constituye una herramienta central para el desarrollo.
La organización adelantó que impulsará acciones ante organismos multilaterales para exigir el cumplimiento de los convenios internacionales y reforzar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.