La mejora del precio y la reducción de retenciones aliviaron los números del trigo, pero la presión fiscal sigue siendo elevada y limita la rentabilidad.
A pesar de la baja de retenciones y de una recuperación en los precios internacionales, el Estado continúa capturando casi tres cuartas partes de la renta del trigo argentino. Así lo reveló el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que calculó que la participación estatal alcanza el 73,6% de la renta agrícola del cultivo, uno de los porcentajes más altos entre los principales granos del país.
El dato surge del índice que elabora periódicamente la entidad y que mide cuánto de la renta generada por una hectárea agrícola termina en manos de los distintos niveles del Estado. En promedio, el peso de los impuestos sobre la renta agrícola nacional se ubicó en 61,9% durante junio de 2026, lo que significa que de cada $100 generados, $61,9 se destinan al pago de tributos nacionales, provinciales y municipales.
Aunque el indicador mostró una leve mejora respecto del 62,5% registrado en marzo, desde FADA advirtieron que la presión fiscal continúa siendo muy elevada y sigue condicionando la rentabilidad de los productores.
En el caso particular del trigo, la situación mejoró respecto del trimestre anterior gracias a dos factores clave: una recuperación de los precios y la reducción de los derechos de exportación. Sin embargo, los márgenes siguen lejos de ser holgados.
Durante junio, el precio del cereal registró una suba del 15,5% respecto de marzo y se ubicó 6,8% por encima de los valores de hace un año. A esto se sumó la reducción de la alícuota de retenciones, que pasó del 7,5% al 5,5%.
La combinación de ambas variables permitió que el indicador fiscal del trigo descendiera significativamente. En marzo, la participación estatal sobre la renta había alcanzado un llamativo 104,4%, reflejando una situación en la que los impuestos absorbían incluso más que la renta generada.
Sin embargo, la mejora no alcanza para modificar el diagnóstico general. El trigo sigue siendo el cultivo con mayor presión fiscal entre los principales granos argentinos, por encima de la soja, el maíz y el girasol.
Según el relevamiento de FADA, la participación del Estado sobre la renta agrícola es de 61,7% en soja, 59% en maíz, 68,1% en girasol y 73,6% en trigo.
Mientras tanto, el frente de los costos continúa generando preocupación. Uno de los factores que más impacta en la estructura productiva es el fuerte incremento del precio de la urea, el fertilizante más utilizado en la agricultura argentina.
Más eficiencia y menos incertidumbre: la apuesta que busca proteger el potencial del cultivo
En lo que va de 2026, la urea acumuló una suba del 48%, impulsada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las dificultades logísticas derivadas del conflicto en la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz.
La magnitud del aumento se refleja en una relación insumo-producto cada vez más exigente para los productores. Actualmente se necesitan 3,4 toneladas de trigo para comprar una tonelada de urea, mientras que para el maíz hacen falta 4 toneladas.
Precisamente, el maíz fue uno de los cultivos más afectados por la suba de costos. A diferencia del trigo, su precio apenas avanzó 1,2% respecto de marzo, mientras que los gastos de producción continuaron escalando.
Entre ellos sobresale el transporte. Los fletes aumentaron 26% frente a marzo y 37,3% respecto de junio de 2025, una situación que golpea especialmente a las provincias más alejadas de los puertos exportadores.
Según FADA, en provincias como Córdoba, San Luis y La Pampa, aproximadamente dos de cada diez camiones de maíz producidos se destinan únicamente a cubrir costos de transporte, una realidad que erosiona la competitividad de muchas regiones productivas.
El informe también pone la lupa sobre cómo se distribuye la renta agrícola una vez descontados los costos. Del total generado, 61,9% corresponde a impuestos, 29,7% al valor de los alquileres rurales y apenas 8,5% queda como ganancia para quien produce.
A nivel provincial también existen diferencias significativas. Entre Ríos lidera el ranking de presión fiscal con 65,5%, seguida por Córdoba (60,2%), Buenos Aires (59%), La Pampa (58,9%), San Luis (58,2%) y Santa Fe (55,6%).
Otro dato que vuelve a encender el debate es la composición de la carga tributaria. Del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola, el 56,7% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, principalmente derechos de exportación e impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Desde FADA remarcaron que esta situación implica que buena parte de los recursos generados por el sector productivo salen de las regiones agrícolas y no regresan directamente a las provincias donde se originan.