Productores, técnicos y legisladores buscan unificar las reglas para las aplicaciones y advierten que las restricciones actuales ponen en riesgo miles de hectáreas productivas.
La discusión sobre las aplicaciones de fitosanitarios volvió a instalarse en el centro de la agenda agropecuaria argentina. Durante la semana pasada, legisladores nacionales del Espacio Legislativo Interpartidario del Agro (ELIA), junto a especialistas e instituciones del sector, analizaron la necesidad de avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos que permita unificar criterios en todo el país. El debate cobra relevancia porque la actual fragmentación normativa genera incertidumbre para productores y aplicadores, mientras que algunas restricciones judiciales y municipales podrían comprometer hasta el 40 % de la superficie productiva en determinadas regiones.
Actualmente, la Argentina convive con un entramado de regulaciones provinciales, ordenanzas municipales y decisiones judiciales que establecen criterios diferentes sobre las aplicaciones de fitosanitarios. Esta situación derivó en un escenario de escasa previsibilidad jurídica y productiva, donde las distancias de exclusión y las restricciones cambian según la jurisdicción. Desde el sector agropecuario sostienen que esta dispersión normativa dificulta la planificación de las actividades y termina trasladando a la Justicia decisiones que, entienden, deberían estar sustentadas en evidencia científica y criterios técnicos homogéneos.
Además, los referentes del sector remarcan que ningún país del mundo aplica restricciones tan amplias como algunas de las vigentes en la Argentina, situación que, según afirman, genera una pérdida de competitividad frente a otros productores de la región, especialmente Brasil y Uruguay, donde las regulaciones son más uniformes y previsibles.
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Durante el encuentro, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) presentó los lineamientos de un proyecto de ley que propone establecer criterios homogéneos para todo el territorio nacional. La iniciativa contempla la definición de zonas sensibles y áreas de amortiguamiento, con distancias determinadas a partir de estudios técnico-científicos, además de fortalecer la capacitación de los operadores y ampliar los mecanismos de control.
Entre las herramientas planteadas aparecen nuevas tecnologías de fiscalización, como el monitoreo remoto, sistemas de trazabilidad, cajas negras y la figura del veedor, buscando garantizar transparencia en cada etapa del proceso de aplicación. El objetivo, según los impulsores de la propuesta, es responder a las demandas sociales vinculadas al ambiente y la salud, pero sin comprometer la producción agropecuaria ni generar restricciones arbitrarias.
Uno de los puntos que más inquietud generó durante la jornada fue la presentación de simulaciones sobre el efecto de las medidas cautelares vigentes en distintas regiones del país. De acuerdo con los análisis expuestos, las restricciones podrían afectar actividades estratégicas como la producción de carne vacuna, leche, papa, maíz y trigo, comprometiendo en algunos casos hasta el 40 % de la superficie productiva.
Para el agro, el problema excede la cuestión técnica y se transforma en un desafío económico y social de gran magnitud. Menores áreas productivas implican una caída potencial en la generación de alimentos, empleo e ingreso de divisas, en momentos en que la Argentina necesita recuperar competitividad y fortalecer sus exportaciones agroindustriales. Los participantes coincidieron en que resulta indispensable avanzar hacia una normativa nacional que aporte seguridad jurídica, previsibilidad y reglas claras, evitando que las decisiones productivas queden sujetas a interpretaciones judiciales dispares.
Desde el sector agropecuario reconocen que el debate sobre fitosanitarios trasciende al productor y se vincula directamente con cuestiones ambientales, sanitarias y de comunicación. Por eso, plantean que cualquier normativa futura deberá apoyarse en evidencia científica, trazabilidad y Buenas Prácticas Agrícolas, permitiendo generar confianza en la sociedad y garantizar la producción sostenible de alimentos. «No solo es un problema del productor y la zona periurbana. También es un problema social grave que abarca la salud, la seguridad alimentaria, la economía y la comunicación«, señalaron durante el encuentro.