Ocho entidades rurales volvieron a cruzar al Senasa por el Sigtrazavet. Alertan sobre más burocracia, costos y un nuevo foco de conflicto en el agro.
Ocho entidades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires rechazaron este viernes 31 de julio la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), impulsado por el Senasa mediante la Resolución 654/2026. Las organizaciones sostienen que la iniciativa incorpora nuevas obligaciones burocráticas y costos adicionales para la producción ganadera, en un contexto donde el Gobierno nacional promueve un discurso basado en la simplificación administrativa y la desregulación. El planteo adquiere relevancia porque suma un nuevo frente de conflicto entre el organismo sanitario y el sector agropecuario.
Las entidades firmantes fueron las Sociedades Rurales de San Antonio de Areco, Rojas, Baradero, Pergamino, Lincoln y Colón, además de la Asociación Rural de Arrecifes (ARPA) y APRA, quienes difundieron un documento conjunto con fuertes cuestionamientos hacia la decisión oficial. En el texto señalaron que «con argumentos propios de las etapas del fracaso», el Senasa impulsa exigencias que incrementarán los costos, las complejidades operativas y las cargas administrativas para los establecimientos ganaderos. A su entender, la medida representa un retroceso frente al objetivo de facilitar la producción.
Las organizaciones rurales también cuestionaron el enfoque del nuevo sistema al considerar que el Sigtrazavet traslada al sector ganadero un esquema similar al utilizado para las recetas agronómicas, lo que, según indicaron, resulta incompatible con la política de simplificación que impulsa el Gobierno nacional. En el comunicado remarcaron que la iniciativa no resolverá problemas sanitarios concretos, sino que agregará nuevas exigencias administrativas para productores, veterinarios y demás actores de la cadena, generando mayores costos de cumplimiento sin beneficios claros para la actividad.
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Desde el Senasa, en cambio, explicaron al presentar la resolución que el sistema permitirá seguir en tiempo real el recorrido de los medicamentos veterinarios, fortalecer la vigilancia sanitaria, controlar el uso de antimicrobianos y prevenir la presencia de residuos de medicamentos en alimentos de origen animal. Además, el régimen incorpora la receta veterinaria electrónica, que reemplazará progresivamente la documentación en papel y será obligatoria para laboratorios, distribuidores, veterinarios, comercios y productores que intervengan en la utilización de estos productos.
El rechazo de las entidades rurales se suma a la controversia que surgió días atrás cuando 13 organizaciones vinculadas a la actividad ecuestre, entre criadores, veterinarios y laboratorios, solicitaron quedar excluidas del régimen. Argumentaron que los caballos deportivos, de reproducción y trabajo nunca ingresan a la cadena alimentaria, por lo que consideran injustificada la obligación de registrar tratamientos mediante receta electrónica y reportar el uso de medicamentos como la fenilbutazona, uno de los antiinflamatorios más utilizados en la medicina equina.
En ese momento, fuentes del Senasa señalaron que el origen del sistema responde a exigencias sanitarias de la Unión Europea vinculadas a la exportación de carne equina, y adelantaron que el organismo analizaba excluir a los caballos deportivos del esquema obligatorio. Sin embargo, esa modificación todavía no fue oficializada, por lo que el conflicto continúa abierto. Ahora, con el pronunciamiento de las ocho entidades rurales bonaerenses, la discusión escala y vuelve a poner en el centro del debate el equilibrio entre la trazabilidad sanitaria, la competitividad del agro y la reducción de la carga burocrática para los productores argentinos.